La corrupción resulta un mal que afecta al desarrollo y crecimiento de los países e incluso llega a presentarse hasta en el sector privado, sin embargo, su principal perjudicada es la administración pública, viéndose reflejada en todo el país, incluso en la vida de las personas, esto después de que el recurso público es destinado a favorecer a determinadas personas, empresas o sectores, la toma de decisiones es basada según los intereses de unos cuantos.
En México, la corrupción, ha sido el peor lastre que los mexicanos hemos cargado durante los últimos cuarenta años, logrando sembrarse en todos los niveles de gobierno y en toda institución pública que maneje recurso alguno, la ambición al dinero ha corrompido al servidor público, aunque no en su totalidad, si se ha presentado en una gran cantidad de personajes públicos.
La corrupción en nuestro país creció a tal grado de que el ex presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ésta resultaba cultural, que era parte de la cultura del mexicano y tal vez no se equivocó y es que sus antecesores, así como él mismo, se aseguraron de realizar tantos actos de corrupción para normalizarla entre el sentir colectivo, para que los ciudadanos nos acostumbráramos a verla, percibirla e incluso convivir con actos de corrupción sin rechazarla o para hacernos creer que nunca terminaría. El sexenio de Peña Nieto ha sido el más corrupto, al menos en cuanto a la percepción ciudadana, ha existido.
La corrupción se esparció en el país a tal grado de que servidores públicos se atrevieron a realizar compras de supuesto tratamiento para niños con cáncer pero terminaron inyectando agua a los menores y hoy el culpable de dicho delito goza de una sentencia de nueve años, una multa de unos cuantos miles de pesos y la posibilidad de conservar el patrimonio adquirido aún y cuando éste se realizara gracias a la corrupción.
En enero del presente año, México logró mejorar ocho lugares en el índice de percepción de la corrupción, esto luego de los esfuerzos realizados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para combatirla, la disminución del huachicoleo de la gasolina y del crudo mexicano, la eliminación del fuero y la inmunidad de los representantes populares permitieron que los mexicanos percibiéramos una reducción de la corrupción en el país.
Sin embargo, según datos del INEGI, en días pasados ésta incrementó respecto al año pasado y mostró los estados en los que los casos de corrupción incrementaron como Durango, la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo, Morelos y Guanajuato, en los que gobiernan Panistas, Priistas y representantes emanados de morena como lo es en la CDMX y en los que los ciudadanos confían más en el Gobierno Federal que en el Estatal.
La existencia de actos de corrupción no puede ser negada, incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúan existiendo dichos actos, algo común cuando se continúa gobernando con la misma estructura laboral que durante años se ha beneficiado de la corrupción, incluso existen funcionarios que han sido denunciados por actos ilícitos derivados de sus encargos, Ana Gabriela Guevara una de ellos, así como en Zacatecas se han denunciado malos manejos en los programas federales para beneficiar electoralmente a quienes aspiran a gobernar el estado como sus diferentes distritos, municipios e incluso a quienes buscan contender por la dirigencia de Morena en el estado.
La corrupción resulta un mal que parece difícil de erradicar, la política implementada por el Presidente para ello ha traído buenos resultados, ahorros en la administración pública y ha terminado con una gran cantidad de acciones mediante las cuales se desviaba dinero y se enriquecían funcionarios y familias enteras como lo es la prohibición de despachos que realicen las funciones de las instituciones, la facturación falsa, compras a elevados costos, entre otras, sin embargo, pareciera que algunos de los Estados no quisieron emparejarse con el Gobierno Federal en el combate a la corrupción, resulta necesario que el Gobierno Federal a través de la Auditoría Federal deberá fortalecer e incrementar las acciones para evitar que los gobiernos municipales, estatales, así como otros poderes, continúen cometiendo actos de corrupción.
El combate a la corrupción debe implementarse por todos los niveles de gobierno, presidentes municipales, gobernadores y el Presidente de la República, así como por el Poder Judicial, el Congreso Federal y los Congresos Locales, de lo contrario la cultura en torno a la misma no cambiará, si no se sanciona a quienes cometen actos de corrupción, si continúa la impunidad seguiremos teniendo funcionarios cuya visión de la administración pública sea la de servirse, enriquecerse y beneficiar a sus allegados y familiares.
