Aunque parecieran verdades de Perogrullo, contextualizar el momento histórico de la democracia en México, nos invita al debate, a la reflexión y también a la responsabilidad. Vivimos en una etapa de grandes incertidumbres, no solo para el sistema político que se fraguó a finales del siglo (y milenio) pasado, sino también para la sociedad, que busca pistas en un rompecabezas electoral en el que un porcentaje muy grande de las piezas se encuentran, una vez más, en la órbita, más que de un gran movimiento, de un hombre. La cultura de la democracia no es sino una aspiración no cumplida: la tolerancia a la diferencia, el compromiso por una deliberación seria, el consenso mínimo requerido para darnos reglas de competencia y la división de poderes, son valores con los que apenas nos acostumbrábamos a convivir, cuando menos en el discurso y la pretensión, cuando pareciera que hemos retornado a una coyuntura en el que dichos conceptos, no solo ya no son repetidos una y otra vez, ni siquiera pretendidos, sino que se ven como parte de un régimen caduco que solo los pretendió mientras le dieron legitimidad para el privilegio de una clase política que, se presume, derrotada (hasta moralmente). La otra perspectiva es que dichos valores sí empezaban a colarse entre las costumbres de nuestra clase política y que, aunque extraños, los hubo casos en que más allá del discurso, la práctica demostró su existencia. Solo los puristas de antes (hoy los más cínicos) pueden negar que la nuestra, con todos los defectos ya multicitados, descritos y males diagnosticados, se encaminaba rumbo a una democracia constitucional, en la idea liberal, con sendos pendientes en materia de combate a la desigualdad, la violencia y la corrupción. Aunque el desarrollo de nuestra incipiente vida cívica (en el mismo sentido antes descrito) no fue una concesión del régimen posrevolucionario, sí hubo dentro del sistema de partido hegemónico disposición a entender el cambio y, en la medida de lo posible, controlarlo a través de reformas que, más temprano que tarde, le quitaron el control de la transición y la pusieron en mesas plurales, amplias, en las que muchos de los actores hoy predominantes en la vida pública de nuestro país, participaron para lograr reglas, en las que todos los jugadores se sintieran más o menos en condiciones de competir y acceder al poder. Sin estos antecedentes, no se entiende la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, ni la de Vicente Fox en 2000 y menos aún la de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Hubo también voluntad de las oposiciones para sentare a la mesa, dialogar, construir y, sobre todo, de unos y de otros, el aprendizaje de convivir y autocontenerse de acciones, que, aunque no prohibidas explícitamente, sí políticamente imprudentes para construir puentes.
Recientes acciones del movimiento que encabeza el hoy presidente, son contrarias a esta lógica y han dado motivo de retroceso democrático en el que ya ni siquiera se pretenden los valores inherentes al sistema constitucional al que habíamos aspirado, sino que se defiende, con un alto grado de cinismo y soberbia, la legitimidad sobre la legalidad de actos que, cuando se dieron se reprocharon con elocuencia al PRI, al PAN y aquella clase política predominante, en la que el PRD, antecedente innegable de lo que hoy es el partido que encabeza el presidente, fue siempre una minoría denunciante. Para muestra, un botón que se ha convertido en uno que, además, parece la llave para otros que vendrán: el reprochable papel que ha venido a fungir la hoy presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario de Piedra Ibarra, quién no solo ha resultado una decepción en cuanto a su entendimiento de sus deberes en la materia, sino también una vergonzante claudicación de la autonomía de una institución que merecía mejorar, no empeorar. La reciente propuesta del activista militante John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación que a su vez participará en la definición de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, parece una muestra más de esa falta de formas, cinismo imprudente y formación de antecedentes, preocupantes que lamentaremos no poco tiempo en el porvenir. En el extremo de esa absurda decisión de la presidenta de la CNDH, están perfiles como el de Roldán Xolpa, desde este particular punto de vista, el mejor especialista en derecho administrativo del país, así el INAI ha dado cátedra de entendimiento de su papel, de la prudencia y de la exigencia que hoy, el contexto, hace de las instituciones que, entre todos y no solo los “neoliberales” (lo que sea que quiera decir eso hoy en nuestro debate público), formamos.
@CarlosETorres_
