Los puntillosos exámenes que sobre la Cuenta Pública lleva a cabo periódicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el fin de verificar cómo se aplican los recursos públicos del país, evidencian el gran número de irregularidades y malos manejos de que han venido siendo objeto dichos recursos de manera sistemática. Lo anterior es un eufemismo de decir que el trabajo de los auditores llama a reflexionar sobre el grado de profundidad que la simulación disfrazada de asistencia alcanzó en los distintos espacios de gobierno en México durante las administraciones precedentes.
Como los informes de la ASF son amplios y se realizan anualmente, conviene comentarlos especificando el año al que corresponden y el área al que en cada caso se refieren. Ahora viene al caso la entrega hecha por la entidad revisora sobre la cuenta del ejercicio fiscal del año 2018, y el apartado referido al programa social denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, inaugurado con bombo y platillo el 21 de enero de 2013 por la anterior administración de gobierno.
La abismal diferencia entre lo que el mencionado programa se proponía –o al menos anunciaba– y lo que tras un lustro acabó logrando, sólo se puede explicar mediante tres posibilidades: una incompetencia radical en materia presupuestal y programática, una pertinaz inclinación por desviar fondos públicos para usos privados, o una combinación de las dos cosas.
En el lanzamiento de su campaña promocional, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría de Bienestar, anunciaba que la cruzada beneficiaría a los 7.4 millones de personas que en el país, según las estadísticas oficiales, se hallaban en situación de pobreza alimentaria. A través de cinco ejes (entre ellos cero hambre y cero desnutrición infantil) estaba orientada nominalmente a atender, en especial, las necesidades de 400 municipios de diversas regiones. Desde el gobierno se hizo una vez más un diagnóstico sobre la difícil situación del campo mexicano y se anticipó que, con el nuevo programa, todas las personas contarían con alimentación adecuada, el sistema alimentario nacional se volvería sostenible y hombres y mujeres tendrían “capacidad para salir de la pobreza como individuos productivos”.
A poco más de seis años de la promovida cruzada, sus resultados no pueden estar más alejados de aquellos propósitos. El programa apenas llegó a medio atender apenas a 0.1 por ciento de la población que se había propuesto alcanzar, y resultó que ésta ni siquiera estaba bien definida, hubo poca o ninguna coordinación entre las entidades y dependencias públicas y privadas que en teoría debían participar, y encima las partidas presupuestales que se le asignaron fueron en constante descenso. El cuadro de la situación resultante era previsible: ya en su informe sobre la Cuenta Pública de 2017 la ASF había señalado que la pobreza alimentaria se había incrementado 7 por ciento, y ahora, en un dictamen conciso, pero claro, el organismo fiscalizador señala que “el programa (de la Cruzada Nacional contra el Hambre) no cumplió con sus objetivos.
Y, en consecuencia, volvió a emitir la sugerencia de su anterior ejercicio, ahora dirigida a la Secretaría de Bienestar: que corrija, modifique o de plano suspenda el malogrado programa.
