La Universidad Autónoma de Zacatecas necesita dinero para pagar la deuda que tiene con sus trabajadores. Fue adquirida durante el proceso de expansión acelerada que tuvo lugar entre los años de 2008 y 2012, periodo en el que se dejó de pagar la seguridad social de los universitarios para poder financiar el crecimiento. Algunos analistas, desde el SPAUAZ, creen que la responsabilidad de esa expansión y de la deuda generada recaen en un hombre: el exrector F. J. Domínguez Garay, para el que solicitan castigo ejemplar.Olvidan que las contrataciones son bilaterales, que existe un Consejo Universitario y que la forma de administrar universidades durante el neoliberalismo era diferente a la que está surgiendo en el México posneoliberal. Se puede alegar que el SPAUAZ está subordinado a la rectoría, pero eso es responsabilidad de una base de agremiados derrotada por las promesas y amenazas de líderes sindicales demagogos, y añadirse que no cabe duda que el Consejo Universitario es inane, pero eso es culpa directa de directores enemigos de la buena administración y lastrados a compromisos inconfesables. Es correcto aducir que algunas tesis administrativas, como aquella que reza: “la deuda es un cambio de firmas en unos papeles, no pasa nada”, son erróneas cuando cambian las condiciones políticas, pero muchas de ellas, como la citada, eran equívocos patentes aún bajo el neoliberalismo y nadie fue capaz de alzar la voz(aunque si alguien lo hizo de inmediato fue callado o ignorado). Debería ser claro que la crisis de la deuda es la manifestación de la subyacente crisis en la estructura de grupos de la universidad, pero no lo es porque muchos universitarios inteligentes creen que no hay grupos porque, según ellos, sólo hay grupo cuando existe tras de él una ideología. Y como no ven ideologías o lucha ideológica en la UAZ concluyen que no hay grupos. Pero los hay, acontece que la ideología es la cobertura, la “espuma”, de la lucha por la distribución de los escasos recursos universitarios. Cuando retiramos esa “espuma” del panorama aparece una historia de la universidad como el transito de una forma de reparto del presupuesto a otra entre las diferentes clases en las que se agrupan los universitarios. Se reconocen cuatro de esas clases en la Ley Orgánica: los docentes-investigadores, los trabajadores administrativos, los estudiantes y las autoridades. Así que sólo entre estas categorías se puede repartir el presupuesto legalmente, y sólo lo puede repartir el Consejo Universitario en su presupuesto de egresos. ¿Dónde entran los grupos en ese diseño? Aparecen de manera formal cuando se lanzan a disputar el control del presupuesto a través del procedimiento de elecciones, sin embargo se forman, en la clase de los docentes, a lo largo de las luchas políticas que aparecen aquí y allá en la universidad como actos de resistencia ante lo que se consideran abusos de las autoridades, que incluyen: despidos injustificados, modificaciones ilegales al contrato colectivo, impago de programas federales, reparto inicuo de cargas de trabajo y un larguísimo etcétera. Como se puede apreciar cada uno de los enumerados actos de resistencia es una lucha por mantener cierto tipo de reparto del presupuesto. Por su parte, en la clase de las autoridades también se forman grupos y se inicia una lucha por el poder de repartir los dineros. Tales disputas entre las autoridades son menos visibles y menos frecuentes: en el círculo del poder la crítica es casi nula, y las complicidades íntimas. Si F. J. Domínguez creció la nómina de docentes lo hizo con la complicidad de los directores, y, peor aún, con la venia del SPAUAZ porque esos docentes fueron ingresados por la vía contractual. En fin, que eso haya sido posible indica que la cantidad de dinero que ingresaba a la universidad permitía crear una situación en la que todos los actores aprovechaban la situación en su beneficio. Un auténtico equilibrio. Cuando el flujo de dinero disminuyó se rompió la estabilidad y aparecieron tanto culpables como salvadores porque para arribar a un nuevo equilibrio los actores han de asumir la necesidad de cambiar las cosas, y en esa búsqueda los culpables son los prescindibles. Por eso no falta quienes culpen a Silva, a Domínguez, a los jubilados, a los docentes contratados de más, a los que no respetan el contrato, a los malos universitarios que no quieren cooperar. En este punto no está de más recordar que a fines de 1990 los culpables de la crisis eran los “centros ilegales”, hoy tampoco faltan los que acusan a los centros que tienen pocos alumnos de ser parte de problema. El problema surge de la carencia de dinero, pero esa carencia es un efecto de la acumulación de errores administrativos producto de la construcción de un equilibrio entre grupos. Para superar el problema es necesario más dinero, pero no es condición suficiente. Tampoco lo es un gran “pacto” entre los grupos, como pregonan muchos. Se requiere, además de lo anterior, una administración independiente, crítica y realista. Lo que significa, una administración profesional que critique las políticas voluntaristas, mal planeadas, que se realimente de la experiencia. En suma: una administración científica. Si esto los acuerdos y los dineros son irrelevantes. ■
