Ante la desaceleración del PIB mostrada en 2019 de 0.1%, respecto a 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que habrá un “cambio de timón” para impulsar a la economía y hacerla más incluyente. Para ello instrumentarán reformas tributarias, “para que paguen impuestos los que tienen que hacerlo”, así como una reforma al sector financiero para “flexibilizarlo y para que provea más financiamiento”. Tales políticas están encaminadas a impulsar las inversiones pública y privada nacional e internacional. Aunado a ello “se acelerarán los procesos de licitación y el ejercicio del gasto público para obras de infraestructura”. Las reformas que instrumentarán, se dijo, serán consultadas con los distintos sectores económicos y también se considerá a las calificadoras internacionales. La SHCP mantiene la perspectiva de crecimiento del PIB de 2% para este 2020.
Las reformas anunciadas para nada cambiarán la tendencia recesiva de la economía nacional, mientras predominen las altas tasas de interés, la apreciación de la moneda y la austeridad fiscal. En un contexto de recesión económica no se pueden incrementar impuestos, pues está cayendo el ingreso de empresas e individuos y no tienen capacidad de pagar más impuestos, ya que sería a costa de disminuir consumo e inversión, lo que restringiría más la actividad ecomómica y la generación de empleo. Los únicos que podrían pagar más impuestos son el sector financiero y el gran capital, que son los que han ganado con la politica económica predominante. El problema es que el gobierno teme que el gran capital le amenace con salir de la economía y la desestabilice.
En relación a la reforma financiera, cabe señalar que se realizó una a inicios del gobierno de Peña Nieto y no se tradujo en mayor flexibilidad del crédito, ni impulsó la actividad produtiva, ni el empleo. El incremento del crédito no pasa por flexibilizar al sector bancario-financiero, sino que se den perspectivas de crecimiento y rentabilidad que aseguren el reembolso del crédito. Al continuar la tasa de interés muy por arriba del crecimiento del ingreso nacional, no habrá demanda de crédito por parte de las empresas, ni la banca otorgará créditos, debido a que éstas no verán perspectivas de asegurar el reembolso del crédito. Las empresas saben que de no cubrir el pago de su deuda, perderán las garantías y colaterales que tienen que ofrecer a la banca para ser sujetos de crédito. Por su parte, la banca tampoco otorgará crédito, pues el riesgo de que le cubran el pago de la deuda es muy alto, dado que la actividad económica seguirá restringida ante la continuidad de los recortes presupuestales y las altas tasas de interés. Mientras el ingreso nacional crezca por debajo de los altos niveles de las tasas de interés, la banca no flexibilizará el crédito.
No es a través de acelerar las licitaciones públicas como se estimulará a la inversión privada. El gasto público en obras de infraestructura se inscribe dentro del superávit fiscal primario (donde el gobierno gasta menos de lo que recauda excluyendo el pago de intereses de su deuda), por lo que no habrá incremento neto del gasto público y de la demanda, tampoco se logrará el crecimiento del PIB de 2% planeado para el 2020. Las autoridades hacendarias, más que instrumentar las reformas anunciadas, tendrán que flexibilizar la política fiscal si en realidad quieren reactivar la economía. Tienen que dejar de lado el superávit fiscal primario y expandir el gasto e inversión pública para incrementar demanda. Esto, llevará a las empresas a demandar crédito y la banca lo otorgará para así impulsar la inversión privada, el empleo y la dinámica económica nacional. El gobierno no requiere de impuestos para gastar. Más bien acredita en la cuenta de los que le venden bienes y servicios, de modo que, la recudación será resultado del incremento del gasto, ya que éste incrementará el ingreso nacional. Para aumentar su recaudación, el gobierno tiene que gastar más a favor de la actividad productiva nacional y del empleo. La política de incremento del gasto público tiene que ir acompañada de una drástica disminución de la tasa de interés, para que el ingreso nacional y la recaudación crezcan por arriba del costo de la deuda y así poderla pagar y reducir.
El gobierno no tiene por qué consultar su política económica con las calificadoras que responden a los intereses del capital financiero internacional, ya que ello evidencia la clara pérdida de soberanía en el manejo de la política económica en que se ha caído. Las calificadoras evalúan a los países en la medida en que éstos responden a los intereses de los acreedores internacionales y le bajan la calificación crediticia a los países cuando no lo hacen. El problema es que la política que favorece al capital financiero, actúa en contra del crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la población. El gobierno de la “Cuarta Transformación”, debe gobernar a favor de las grandes mayorías y no de los dueños del dinero. ■
