A pesar de que hace más de treinta años México empezó una política de descentralización que pretendía resolver los sempiternos problemas económicos y políticos de los gobiernos y generar un federalismo auténtico, que diera a las entidades autosuficiencia para resolver sus problemáticas, el objetivo no se ha alcanzado.
Hasta hoy, la imposibilidad de concretar una auténtica descentralización es evidente, no obstante esfuerzos realizados desde el centro, en los años ochenta, cuando mediante reformas al artículo 115 constitucional se quiso actualizar el municipio libre. Sin embargo, este precepto, cuyo objetivo es responder con prontitud y eficacia a las demandas de las comunidades, está limitado por la escasez de recursos materiales y humanos e intereses políticos.
El 3 de febrero de 1983, al citado artículo se le hicieron reformas y adiciones que otorgaron facultades a los congresos estatales para desaparecer o suspender ayuntamientos y para suspender o revocar el mandato de algunos de sus integrantes, si así lo decidían dos terceras partes de los legisladores. Posteriormente, en diciembre de 1999, hubo otra reforma, más trascendente, para fortalecer legalmente a los municipios.
La fracción 1 del 115 fue reformada para establecer que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Se cambió el término “administrar” por el de “gobernar”, lo que concedió al ayuntamiento una estructura político-administrativa, gracias a la cual ahora tiene facultades para aprobar, según las leyes que en la materia expidan los congresos estatales, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y otras disposiciones administrativas jurisdiccionales.
Estos cambios dan a los municipios capacidad para allegarse recursos económicos y autonomía tributaria para establecer cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones para mejoras o tablas de valores unitarios de suelo y sobre la propiedad inmobiliaria.
En teoría, reformas y adiciones favorecen el municipio libre, pero en la práctica sigue supeditado a la federación y a los gobiernos estatales, y opera más como instrumento de control político que para democratizar la vida pública y darle participación a la comunidad. En suma, la centralización persiste y el desempeño es deficiente, la coordinación intermunicipal es pobre, continúan los déficit en servicios públicos, prevalece la inseguridad y los recursos económicos son insuficientes.
Bajo el actual gobierno federal, y ante la necesidad de que México se incorpore decidida y plenamente a la Agenda 2030, se vislumbra la apertura de una pequeña ventana de oportunidad para que desde el ámbito regional se instaure un nuevo sistema de gestión, aunque no puede dejarse de lado la posibilidad de que la transformación devenga fortalecimiento de cacicazgos emergentes o tradicionales.
El futuro inmediato, hay que enfatizarlo, dependerá exclusivamente de que los gobiernos y los ciudadanos se involucren responsablemente en el actual proceso de cambio político y social.
La actual coyuntura, debemos verlo, supone importantes cambios en las relaciones entre gobernantes y gobernados, que desde sus respectivas esferas tendrán que coordinarse en torno a los objetivos de desarrollo social más importantes, que sustancialmente son dar mejores condiciones de vida.
Esto exige transformar las relaciones intergubernamentales, las que hasta ahora poco han favorecido al municipio. Federación y gobiernos estatales necesitan reconocer que los ayuntamientos no son únicamente instrumentadores de políticas y programas diseñadas desde el centro del país, o desde las oficinas de los gobernadores, sino entes que con plena autonomía puedan autogobernarse y ser diseñadores de sus propias soluciones.
Para lograr esta vital autonomía, será imprescindible que los planes de desarrollo sean certeros y estén totalmente alineados en los tres órdenes de gobierno.
Desde el ámbito municipal deberán construirse sobre procesos de consulta ciudadana, ser participativos e incluyentes de todos los sectores de la sociedad, comenzando por la academia, organismos empresariales y la sociedad civil, además de seguir una planeación que, dotada de toda la información, abarque sistemas de seguimiento y evaluación, con indicadores que midan no solo unidades, sino, principalmente, resultados, beneficios para la comunidad.
México no conoce un mejor sistema que el federal. Aprovechémoslo. Busquemos esquemas más justos, cooperativos y participativos basados en el principio de subsidiaridad.
La actual situación política y económica debe hacerse propicia para que sociedad y gobierno trabajen unidos y alcancen mejores condiciones y calidad de vida. Los gobiernos municipales están destinados a ser protagonistas principales del cambio, pero solo alcanzarán estos objetivos si logran movilizar a la sociedad, y esta es la gran tarea. ■
*Titular de la Coordinación Estatal de Planeación.
