Tremendo desastre, por donde se le mire. María del Rosario Piedra Ibarra tendría que dimitir y punto. Es alta la pila de agravios que ha provocado su nombramiento al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Comienza esta mala historia con una idea peregrina del presidente Andrés Manuel López Obrador: que la hija de Rosario Ibarra de Piedra, una de las líderes sociales más respetables en la historia de México, era la candidata idónea para dirigir la Comisión.
Según su argumento es justo que sea una víctima quien encabece esta institución autónoma del Estado mexicano.
¿Qué tan justo es lo que él llama justo? Los hijos no son sus padres, ni los padres sus hijos. Por eso se apellidan distinto, para escapar al destino de una herencia que cada cual debe ganarse, en una era donde el mérito habría de tener mayor peso que la genética.
Warren Buffett, millonario estadunidense, tiene una metáfora para reflexionar sobre casos como este: ¿cuán justo sería que los hijos de los atletas que ganaron medallas de oro en la Olimpiada de 1968 hubiesen sido enviados, en automático, a competir en las Olimpiadas de 1986?
Es ridículo en estos tiempos, pretendidamente republicanos, suponer que, por vía de la herencia, puedan transmitirse las mejores reputaciones.
No es científicamente cierto que el hijo del tigre nazca pintito, ni que la hija de Rosario Ibarra de Piedra merezca, por mera obra de la cigüeña, la honorabilidad que con tanto esfuerzo obtuvo su madre.
Tampoco es justo el argumento de que Rosario Piedra sea la presidenta de la CNDH por el mero hecho de ser hermana de Jesús Piedra Ibarra, joven guerrillero de la Liga 23 de septiembre, desaparecido en 1974.
En México hay más de 60 mil desaparecidos, solamente durante la última década. Si, además, se suman todas aquellas personas que, desde la Guerra Sucia de los setenta, sufrieron una suerte similar, esa cifra crece en, al menos, un tercio.
Habría por tanto 90 o quizá 120 mil hermanas y hermanos de personas desaparecidas con derecho a reclamar la presidencia de la CNDH.
Lo erróneo del argumento de Andrés Manuel López Obrador radica, de un lado, en asumir que la herencia política de Rosario Ibarra de Piedra puede ser transferida, por mero decreto presidencial, a Rosario Piedra Ibarra.
Rosario, la hija, jugó históricamente un papel muy menor en el colectivo Eureka y por tanto no sería adecuado asumir que ese desempeño le entrega el mérito que la genética no resuelve, por sí misma.
Es aquí donde la militancia política de Rosario Piedra entra en la ecuación. Ella es fundadora del partido Morena y ha participado en la construcción de esa fuerza electoral.
Ha sido funcionaria de partido e integrante del órgano ejecutivo en Nuevo León. Más importante todavía es el cargo que hasta hace unos pocos días ostentaba en el Consejo Nacional de Morena, cuyo mandato comenzó en noviembre de 2011.
Mientras no sesione, el Consejo Nacional es la máxima instancia de dirección de esa fuerza política. Los estatutos de Morena lo distinguen como un órgano de conducción y recibe una serie de facultades que son relevantes para liderar tareas muy importantes del partido.
Hay quien dice que no es lo mismo conducir que dirigir, pero la Real Academia de la Lengua advierte que ambas palabras son sinónimas.
Luego entonces, María del Rosario Piedra Ibarra, al ser consejera nacional, es dirigente de partido. La prueba de esta afirmación es un documento público, actualizado el pasado 24 de octubre, donde Morena informa al Instituto Nacional Electoral los nombres de sus principales dirigentes, y el suyo aparece entre sus páginas.
El problema surge cuando la Ley de la CNDH, en su artículo 9º, establece que quien aspire a presidir tal órgano no puede haber sido dirigente de partido durante los 360 días previos al nombramiento.
Esto quiere decir que María del Rosario Piedra Ibarra ha sido todo el tiempo inelegible para el cargo. Hasta aquí van dos argumentos de peso para implorarle a la señora Piedra Ibarra que honre la memoria de sus muertos, así como la reputación de sus vivos: ella no cuenta con méritos propios para ostentar un cargo tan fundamental para la pacificación del país, y tampoco cumple con los requisitos de ley para aspirar al cargo.
A estos dos razonamientos se suma la tragedia senatorial que convirtió a la Cámara Alta en una cañería subterránea.
De acuerdo con la evidencia reconocida, inclusive por el partido mayoritario, Rosario Piedra resultó electa por 76 votos cuando la Constitución preveía, de acuerdo con la circunstancia precisa, al menos 78 votos. En efecto. Piedra Ibarra no alcanzó la mayoría necesaria de sufragios.
Por tanto, la terna que la llevó al pleno debió regresarse a comisiones. Pero no sucedió así. Con tal de resolver el desaguisado, el senador Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en el Senado, propuso reponer la votación conservando la terna original.
Se encontró sin embargo con que una parte de la oposición exigió que el voto fuera abierto, público y exhibido en la pizarra, hipótesis que habría inhibido a algunos senadores, sobre todo del PRI, para que votaran por la candidata morenista.
Esta crisis se resolvió peor de lo que la imaginación podía permitir: la iniciativa de Monreal fue combatida y la mayoría decidió confirmar el resultado de la votación previa, a pesar de los cuestionamientos fundados que pesaban sobre ella.
El agravio más reciente de esta historia percudida lo aportó de nuevo el presidente López Obrador, cuando durante la conferencia mañanera del pasado jueves declaró que, según su parecer, “independientemente de la legalidad, no sería justo (quitarle a Rosario Piedra la CNDH)”.
Ha claudicado a su propio discurso el líder de la Cuarta Transformación, quien reiteraba cada vez que podía la importancia de que nadie se coloque por encima de la ley.
Es ella, Rosario Piedra Ibarra, la única que puede salvar a la República de este penosísimo trance y, en particular, a la lucha por los derechos humanos.
Su renuncia sería digna de esa herencia a la que dice pertenecer, pero, sobre todo, digna de las expectativas sembradas por el liderazgo presidencial.
