Normales rurales

Normales rurales

En 1887 se establece la primera Escuela Normal en México, en el puerto de Veracruz; en ese mismo año se inaugura la Escuela Normal para profesores en la ciudad de México y para 1900 ya había en el país 45 escuelas formadoras de maestros. En el año de 1926 se unificó el plan de estudios y se crearon las Escuelas Normales Rurales, para aprovechar mejor la impartición de la educación, fundamentadas en un conocimiento de las necesidades de los residentes locales de cada comunidad. En la década de los años 30, se intenta implementar en México la Educación Socialista, pero no se pudo consolidar debido a la intervención de políticos, organismos civiles y la iglesia. Hasta 1942 las Escuelas Normales Rurales se apuntalan, separadas de las urbanas. Jaime Torres Bodet, fungiendo como secretario de educación realizó la unificación del magisterio en 1943, con la finalidad de erradicar el analfabetismo, en un 55%, en menos de seis años. Independientemente de los modelos educativos en debate de la época: lancasterianos, roussonianos, constructivistas, etc., las Escuelas Normales Rurales fungieron como entidades formadoras de docentes para familias de bajos recursos cuyos hijos tuvieran como vocación el servicio educativo, a desarrollar generalmente en su comunidad, con pleno conocimiento de las necesidades de su propio contexto.

Previo al arribo del modelo económico neoliberal en México, las Normales Rurales comenzaron a resentir el acoso de las nuevas directrices gubernamentales con la embestida de Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó la desaparición de 14 escuelas y la conversión de algunas de ellas en secundarias agropecuarias; ejemplos: el de Tamatán, Tamaulipas y Roque, en Guanajuato. Posiblemente la mayor de las razones que se exponen para considerar este tipo de escuelas como “non gratas”, es la de la producción de activistas políticos, generadores de conciencia colectiva en sus respectivas áreas de influencia, contraponiendo la imagen de la rebeldía a la de la paz, armonía y gobernabilidad, que todo gobierno desea exponer a la opinión pública. Muchos críticos de la vida social aún recuerdan con melancolía la función que desempeñaban en los pueblos de hace algunas décadas el maestro rural, el médico y el sacerdote, quienes eran requeridos cuando algún consejo era necesario para resolver un problema comunitario; esa sigue siendo la función del maestro rural, precisamente por el conocimiento de la comunidad en la que se incrusta, de sus habitantes y de las necesidades educativas de los dicentes. Pero la estigmatización de la rebeldía pervive en el presente, y la Escuela Normal Rural sigue generando incomodidades, al menos desde el punto de vista de la estandarización de los educandos y las funciones concretas que deben desarrollar éstos en la sociedad de consumo.

Recientemente las agresiones en contra de estas instituciones educativas se ha recrudecido; el pasado 3 de agosto del año en curso, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas, denunciaron haber sido reprimidos por las fuerzas del orden público del estado, tras encontrarse difundiendo las problemáticas que padece la escuela, por medio del volanteo, responsabilizando al gobierno encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cárdenas, de carrera política ligada con el perredismo y ligado de manera cercana con el presidente de la república. Los dictados del neoliberalismo inciden pues, de manera intransigente, aún en los gobiernos que abiertamente se oponen a la proliferación de los estragos del modelo económico de actualidad.
En Zacatecas, posiblemente reconocido como un estado de “alta civilidad” al momento de resolver conflictos sociales, el diputado local Javier Calzada Vázquez expuso una serie de argumentos en contra del discurso emitido por la titular de la Secretaría de Educación, con motivo de su comparecencia ante los representantes legislativos y respecto a la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos”. Después de hacer hincapié sobre la falta de respuesta a cuestionamientos relacionados con el impacto de la nueva Reforma Educativa y los protocolos a seguir para evitar embarazos no deseados en las adolescentes, hizo referencia a varias peticiones propuestas por los representantes del colectivo de alumnos de la escuela normal, para luego, de modo sarcástico, evidenciar las condiciones de la vida estudiantil estipulando que no se encuentran conviviendo en un hotel de cinco estrellas, ya que la mitad de los estudiantes no cuentan con agua caliente para el aseo personal, contando con menos de 75 pesos por alumno para sobrellevar los gastos de manutención, contradiciendo el “buen trato” que se le da a los usuarios del centro educativo, apuntando, además, el uso de una alberca que tiene más de 30 años sin ser utilizada, por si esta suntuosidad se toma en cuenta para determinar los excesos de atención que se le dispensan a la Normal.

Las nuevas sugerencias que propone la Reforma Educativa ponderan en un lugar preeminente la relación del “nuevo maestro” con el grupo social al que llega a brindar su servicio. Supongamos que el profesor egresado se constituye desde sus primeros días en el Internado, considerando las satisfacción de las necesidades primordiales para su logro personal como parte inherente a su desarrollo estudiantil; entonces, ninguna “atención” debe ser considerada como “demasía”, si lo que se busca es un mejor desempeño laboral acorde con las exigencias que la comunidad manifiesta. Los maestros egresados de las Escuelas Normales Rurales, más allá de la imagen de “rebeldía” que se les ha imputado, representan un acercamiento efectivo entre el docente y las necesidades educativas de un grupo social, que seguramente resultan contrarias a los estereotipos establecidos por el neoliberalismo y sus herramientas de aniquilación social.

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