■ Opina que la violencia continuará a la alza “si no es atacada de distinta forma”
■ Advierte que en 4 años se redujo a la mitad el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública que recibe la Fiscalía en el ramo de procuración de justicia
■ Atribuye a la falta de recursos el incumplimiento de 37 acciones que corresponde a la Fiscalía estatal para atender la Alerta de Violencia de Género
■ Francisco Murillo reconoce que hay presidentes municipales en la entidad que han sido directamente amenazados por el crimen organizado
“Queremos hacer más, pero necesitaríamos ahora sí que a lo mejor un milagro, no dinero”, “¿Cómo atendemos el fenómeno delictivo sin los recursos suficientes?” o simplemente “¿Cómo le hacemos?”.
Éstas fueron algunas de las declaraciones del fiscal general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, en la Legislatura local este jueves y las cuales estuvieron presentes durante toda su comparecencia ante los diputados.
A lo largo de su discurso y de las respuestas a los cuestionamientos de los legisladores, la falta de recursos fue la justificación que dio el fiscal tanto para la falta de avances y resultados en algunos ámbitos como el de las acciones de la Alerta de Violencia de Género como para un posible recrudecimiento de la violencia en el futuro.
Primero, como parte de su exposición, habló sobre las reducciones que ha sufrido el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública en el ramo de procuración de justicia en los últimos años, destacando que fue en la pasada administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto cuando se registró el recorte más grave.
De 2016 a 2017 dijo que este recurso disminuyó casi 40 por ciento, de 2017 a 2018 volvió a caer un 4.7 por ciento y del año pasado al presente ejercicio se redujo 7.4 por ciento; en total, destacó, en cuatro años se redujo a la mitad el dinero que la Fiscalía recibe a través de esta partida federal.
Ante una de las preguntas de los diputados, consideró que la violencia continuará incrementando “si no es atacada de distinta forma; seguramente va a seguir creciendo”. Agregó que para combatirla y evitar esta tendencia a la alza se necesitan recursos.
Pero advirtió que a las disminuciones del recurso en los últimos años “para 2020 súmenle un 4 por ciento menos. ¿Cómo le hacemos? (…) Hacemos lo que podemos con lo que tenemos; queremos hacer más, pero necesitaríamos ahora sí que a lo mejor un milagro, no dinero”.
El fiscal admitió, por otro lado, que la violencia familiar representa un grave problema en la entidad, ya que es uno de los delitos que más se cometen en el territorio zacatecano. Este ilícito afecta principalmente a las mujeres y es atendido, entre otras instancias, por el Centro de Justicia para las Mujeres.
No obstante, pese a la necesidad de atención de estos casos y en general de la violencia en contra de las zacatecanas, aseguró que hay muchos pendientes por ejemplo en torno a la Alerta de Violencia de Género que se activó para el estado.
Concretamente, de las acciones que le corresponden a la Fiscalía, hay 37 que no se han llevado a cabo y nuevamente fue la falta de recursos la justificación que dio Murillo Ruiseco. Mencionó el Centro de Justicia para mujeres de Fresnillo, el cual señaló que será concluido en su construcción durante el primer trimestre de 2020 pero no podrá operar.
“No tenemos dinero para operar. Lo terminaremos de construir pero ahora sí que no sé de qué manera le vayamos a hacer para poner en operación”, puntualizó.
El diputado Javier Calzada le preguntó, “si es una cuestión de recursos” el dar mejores resultados, cuánto presupuesto requiere para 2020 y el fiscal aseguró que su propuesta fue la de tener aún menos recursos que este año.
En el proyecto de presupuesto, dijo, se contempla una disminución del 6.1 por ciento al pasar de 712.4 millones de pesos a 668.7 millones y precisó que “es lo menos que pedimos para poder operar con lo mínimo, sin hacer gastos excesivos en otros temas”.
Alcaldes amenazados
El fiscal, en una parte de las respuestas que dio a los legisladores, reconoció que hay alcaldes en la entidad que han sido directamente amenazados por el crimen organizado.
Particularmente fue en respuesta a un cuestionamiento sobre la situación de seguridad que se vive en el municipio de Sombrerete, donde dijo que se han registrado secuestros. Expuso que en este municipio fue reforzada la seguridad, como parte de la región de Zacatecas que colinda con el estado de Durango.
Murillo Ruiseco comentó que para estas acciones hay coordinación entre los tres niveles de gobierno, aunque sostuvo que “lamentablemente algunos alcaldes no están tan abiertos a esta circunstancia porque entendemos que algunos sufren amenazas directas del crimen organizado y no quieren sufrir algún atentado” en su contra como el ocurrido en días pasados en el Estado de México.
Precisamente en materia de coordinación, se le preguntó por el trabajo que ha realizado la Guardia Nacional desde su llegada a la entidad. Tras señalar que en los documentos entregados a los diputados hay una tabla con las personas detenidas por cada corporación, agregó que esta institución “está en ceros”.
“No ha detenido a nadie o no nos ha puesto a disposición a ninguna persona del fuero común”, expuso y atribuyó esta falta de aprehensiones a que todavía “están en proceso de capacitación que tienen que ver con los protocolos como primeros respondientes”.
Órdenes de aprehensión
en Peñasquito
También estuvo entre las preguntas de los diputados el estatus que guardan las denuncias que se interpusieron en el conflicto de la minera Peñasquito.
En concreto fue cuestionado sobre las que señalaban a Felipe Pinedo y Ascensión Carrillo y, al respecto, indicó que “no lo debería decir, pero algunos de esos actores ya tienen su respectiva orden de aprehensión”.
Ex gobernador, investigado
En materia anticorrupción, el fiscal respondió a los cuestionamientos sobre el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y sostuvo que ya en las cuatro carpetas de investigación que se acumularon en contra de la pasada administración fue individualizado el ex mandatario, es decir, en los cuatro casos Alonso Reyes se incluye formalmente en la indagatoria.
54 “sicarios” encarcelados
Algunos de los datos que dio en su primera intervención el fiscal estuvieron relacionados con los homicidios dolosos. En este sentido, apuntó que de enero a septiembre se cometieron 514 asesinatos, frente a los 540 del mismo periodo del año pasado. Recalcó que el 88 por ciento de los casos estuvo relacionado con la actividad de grupos delictivos.
En cuanto a resultados de las investigaciones, señaló que en el último año se obtuvieron 45 órdenes de aprehensión y 37 personas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio, además de que se llevaron a cabo 19 procedimientos abreviados y 20 juicios orales que concluyeron con el encarcelamiento de 54 personas.
En este punto precisó que “estas 54 personas pueden estar involucradas en la comisión de diversos homicidios dolosos; para decirlo más claro, son sicarios, por lo que no se habla de procurar justicia sólo en 54 casos de homicidio, sino en muchos más”.
