En las últimas semanas se ha agudizado la polémica sobre la Ley de amnistía propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente la hizo llegar a la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados con la intención de ser presentada por los legisladores en la Cámara. Dicha polémica ha sido avivada por la oposición a Morena, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Figuras representativas de estos partidos sostienen que la medida puede incitar a la población a “robar” en razón de que las sanciones serían escasas o no existirían, como ha afirmado el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés. Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas señaló que la fracción legislativa del PRI no apoyará una iniciativa que beneficie a criminales, integrantes de la delincuencia organizada, narcotraficantes o responsables de delitos de alto impacto, como el secuestro.
Llaman la atención las declaraciones de dichas figuras políticas, pues del primero destaca el nivel de superficialidad con el que se refiere a una problemática social tan compleja, y de la segunda, el desconocimiento (en el mejor de los casos) o el dolo al referir que la propuesta favorecería a responsables de delitos de alto impacto.
La propuesta de Morena es clara en señalar que la amnistía “no contempla a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad corporal, quienes hayan cometido secuestro, ni para quien haya empleado un arma de fuego para cometer algún delito”. Lo que sí propone es favorecer a quienes están en prisión por delitos menores “provocados por el hambre y la pobreza”, en particular mujeres, jóvenes o indígenas.
Como toda iniciativa política ésta es perfectible, pero más allá de eso, e incluso de qué partido político o personaje la encabece, la iniciativa alude a una realidad que se ha venido construyendo por décadas en México y la cual tiene que ver con la criminalización de la pobreza, de grupos vulnerables y de personajes o grupos políticos antagónicos a las esferas del poder político, realidad esta que justamente ha sido fomentada tanto por el PRI como por el PAN.
A este respecto considérese que en México, y de acuerdo a lo informado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), y la asociación Equis Justicia para las Mujeres, de 2007 a 2019 el número de mujeres ingresadas a prisión por delitos del fuero común aumentó 103.3%, y las razones de su participación en esos ilícitos generalmente son la pobreza o la falta de educación.
Considérese que en México hay más abortos practicados en la ilegalidad que bajo pautas legales y de seguridad para las mujeres. Los datos sobre ello no son concluyentes en razón de que su recopilación enfrenta la propia clandestinidad, pero con base en cifras del Consejo Nacional de Población, se puede afirmar que hay entre 750 mil y un millón de abortos anuales que se llevan a cabo en esa clandestinidad, lo que representa que ocho de cada 10 féminas no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
El tema de los presos políticos México es tan antiguo que abarca desde la criminalización y encarcelamiento de los indígenas que se opusieron a la invasión y genocidio realizado por los españoles a partir de 1519, hasta nuestros días, pasando por sucesos y espacios tan emblemáticos como Lecumberri, la criminalización y desaparición de estudiantes en 1968 o 1971, o la persecución y encarcelamiento de defensores de derechos humanos o el medio ambiente, por mencionar sólo unos cuantos casos. En la actualidad, al menos hay cerca de 400 personas encarceladas (de ellas 16 ya fueron liberadas con la nueva ley) que pueden considerarse presos políticos, según lo dado a conocer por la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
De acuerdo con lo expuesto por Animal Político, y en referencia a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México existe un déficit enorme para atender a casi 8 mil indígenas que se encuentran en prisiones del país. Las cifras son más que elocuentes: por cada 600 mil habitantes indígenas, hay sólo un defensor federal.
Además de la adversidad de no contar con una representación legal adecuada, miles de indígenas enfrentan la imposibilidad de poder defenderse o argumentar a su favor debido a que no hablan español; en múltiples ocasiones llegan a la prisión por defender sus tierras o recursos naturales del despojo, o al igual que las mujeres referidas líneas arriba, por tener la mala fortuna de ser pobres.
Políticos como Marko Cortés o Claudia Ruiz Massieu Salinas tienen el derecho a estar en desacuerdo con iniciativas como la Ley de Amnistía, pero a lo que no tienen derecho es a obstaculizar, simplificar o tergiversar información sobre una realidad constatable y que como antes se dijo, los partidos a los que pertenecen han fomentado por décadas con políticas conservadoras y amañadas para estorbar al aborto legal y seguro; con su apoyo a caciques modernos y capitales privados que han llevado a cabo el despojo sistemático de los bienes y formas de subsistencia de los pueblos indígenas; con el encarcelamiento de opositores al régimen político del que ambos forman parte, y finalmente por la criminalización de la pobreza que es evidente en cualquier presidio nacional.
