■ Dice que por eso se creó la Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C.
■ “Fue el mecanismo que se decidió para ejercer los recursos de manera transparente y no poner en riesgo al DIF y a Gobierno del Estado”
■ “La asociación es el comité organizador de la Fenaza y naturalmente tienen que ser mis amigos y allegados, no puedo invitar a personas ajenas a mi comité organizador”
■ Como lo marca la ley, señala que presentará un informe del dinero ejercido en la feria de este año al SEDIF en un plazo no mayor a 30 días
■ Afirma que también tiene previsto acudir con los diputados para dar esta información
■ Expuso que el presupuesto público que se destinó a la Fenaza este año fue de 30 millones de pesos, a lo que se sumó el dinero de los patrocinios con distintas empresas
El coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas 2019, Benjamín Medrano Quezada, aseguró que la asociación civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. fue creada para poder manejar los recursos públicos otorgados por el Sistema DIF Estatal a la Fenaza, pues ni el patronato ni él como titular están facultados para firmar contratos; “hay un vacío absoluto en la ley”.
Por ello, en conferencia de prensa, sostuvo que este fue el mecanismo que se decidió para ejercer “los recursos de manera transparente y no poner en riesgo al DIF y a Gobierno del Estado”.
Ante esta situación, informó que como se ha señalado la asociación se creó en febrero de este año y, en cuanto a las acusaciones de conflicto de interés por estar la ex regidora de Fresnillo, Marisol Gamboa, como representante legal, negó que exista una situación de este tipo.
Por el contrario, apuntó que la asociación es el comité organizador de la Fenaza y “naturalmente tienen que ser mis amigos y allegados, no puedo invitar a personas ajenas a mi comité organizador”.
También señaló que la creación de esta figura jurídica, a través de una asociación como comité organizador de la feria, se debió al “desorden financiero” que hubo en las ediciones pasadas de la Feria Nacional de Zacatecas.
En este sentido, Medrano Quezada consideró que anteriormente el patronato “mandaba, hacía y no daba información” y en esta ocasión fue entre el patronato, la asociación y el Sistema DIF Estatal como se decidió el elenco que se presentaría en la feria y se llevaron a cabo los contratos.
Medrano refirió que la pasada administración del Patronato de la Fenaza firmó un contrato con el empresario Juan Enríquez Suárez del Real por un monto de 70 millones de pesos para que se encargara de la contratación de los artistas del Palenque, del Teatro del Pueblo y de los “eventos especiales”, como se lee en el documento del contrato que entregó a los medios de comunicación.
“¿A quién le dieron cuentas? ¿Dónde está la lana? ¿Quién manejó el palenque? ¿Quién se chingó la lana?”, preguntó el coordinador de la Fenaza 2019.
“Yo sí doy la cara”, añadió y sostuvo que como lo marca la ley estará presentando un informe del dinero ejercido en la feria de este año al Sistema DIF Estatal en un plazo no mayor a 30 días, mientras que sostuvo que también tiene previsto acudir con los diputados para dar esta información.
En la rueda de prensa, informó que el presupuesto público que se destinó a la Fenaza este año fueron 30 millones de pesos, a lo que se sumó el dinero de los patrocinios con distintas empresas.
Asimismo, dio a conocer los montos de los contratos de algunos de los artistas que se tenían contemplados para esta edición de la feria. En el caso de las dos presentaciones canceladas, mencionó que con Ozuna la cantidad fue de más de 11 millones de pesos y para Ricky Martin se pagaron 7.5 millones.
Ante las cancelaciones, dijo que se tienen los elementos necesarios para recuperar el dinero de ambos conciertos. No obstante, en el caso de Ricky Martin se está negociando la presentación del artista en otra fecha.
Medrano Quezada indicó que no se habían hecho públicos los contratos hasta ahora por la cláusula de confidencialidad que se incluía en ellos y que podían derivar incluso en cancelaciones por incumplimientos a las cláusulas del contrato.
Izai no aceptó la reserva
de la información
Pese a las cláusulas de confidencialidad citadas por el coordinador de la Fenaza 2019, ya desde el pasado 4 de septiembre el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (Izai) desechó esta posibilidad al tratarse de recursos públicos los que se invirtieron en la contratación de los artistas.
El expediente identificado como IZAI-RR-265/2019 contiene la resolución del Izai a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que pidió al Sistema DIF Estatal la copia de los contratos firmados con Ricky Martin, en su versión pública.
La inconformidad presentada por el solicitante provino de la respuesta de la dependencia estatal que, aludiendo a la cláusula de confidencialidad del contrato y a que su difusión podía tener afectaciones como la cancelación del evento por incumplimientos al mismo, clasificó la información como reservada durante un año.
Esta clasificación fue pedida, en primera instancia, por Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C. y el Comité de Transparencia del DIF avaló que los documentos se mantuvieran ocultos durante 12 meses.
En la resolución del Izai se establece que “ningún acuerdo de confidencialidad pactado tiene mayor jerarquía o debe tener un efecto contrario al que dispone la garantía de acceso a la información”.
Incluso añade que el argumento usado por el DIF acerca de las afectaciones no es válido y, por el contrario, contraviene lo establecido en la legislación.
En este sentido, se sostiene que “la prueba de daño expresada por el Sujeto Obligado no se legitima en términos del beneficio que representa para el interés público el conocer el gasto de los recursos públicos frente al costo que significa la afectación del otro interés que es el incumplimiento de un contrato”.
El pleno del instituto precisa, además, que los sujetos obligados por la ley de transparencia, como el Sistema DIF Estatal, no pueden determinar obligaciones de confidencialidad ni reservas cuando se trata de información relacionada con recursos públicos.
El documento continúa señalando la importancia que tiene el dar a conocer el uso del presupuesto como mecanismo de vigilancia social.
En ese tenor, expone que “el seguimiento puntual a los recursos públicos que se utilizan para un programa o tema determinado, es una herramienta efectiva para vigilar que las acciones del gobierno sean congruentes con lo pactado entre éste y la sociedad”.
Los comisionados del Izai refieren que la reserva de una información no puede ser una decisión unilateral y discrecional del particular con el que se firma un contrato, máxime si involucra dinero público.
Tras concluir, por tanto, que “la información solicitada por ser de naturaleza pública es susceptible de darse a conocer, toda vez que corresponde a la formalización de una contratación pública, una operación de carácter mercantil entre una Dependencia de Gobierno y una empresa particular, en la cual se ven involucrados y comprometidos recursos públicos”, el Izai declara improcedente la reserva de la información.
Finalmente, después de revocar la decisión del Comité de Transparencia del Sistema DIF Estatal, obliga a la dependencia a entregar los datos solicitados al Izai en un plazo de cinco días hábiles desde el día en que recibiera la notificación de este resolutivo.
