■ Afirman líderes empresariales que el organismo no ha hecho públicas acciones en dos años
■ Advierten riesgos por posibles “intercambios de favores” entre el CPC y el gobierno
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción ha actuado con opacidad al no hacer públicas sus acciones en los casi dos años que lleva trabajando, lo que genera preocupación de que sus integrantes puedan ser cooptados por intereses políticos que los orillen a abandonar su responsabilidad.
Así lo expusieron los líderes en la entidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El titular de esta última instancia, Alejandro Enríquez Suárez del Real, leyó este lunes un posicionamiento en el que los empresarios advirtieron riesgos por posibles “intercambios de favores” entre los ciudadanos que conforman el CPC y las instancias gubernamentales.
“Vemos riesgos de que en el futuro se pudiera caer en intercambio de favores, por ejemplo, en actuar de manera laxa ante algunos casos de corrupción con la promesa de obtener beneficios futuros en alguna institución gubernamental”, sostuvo Suárez del Real.
Esta “inquietud”, refirieron en el documento presentado en una rueda de prensa, se deriva de la falta de transparencia con la que hasta ahora ha operado el Comité de Participación Ciudadana, cuyos miembros “no han trabajado para lograr una vinculación con la población, ya que no han hecho difusión de sus acciones y esto ha propiciado la opacidad”.
Los empresarios insistieron en que es necesario blindar el actuar de los integrantes del CPC para que no ocurran situaciones de estas características y, como ejemplo, el presidente estatal de Coparmex mencionó el caso de los consejeros electorales, quienes están impedidos por ley para participar en puestos públicos de los gobiernos que resultaron electos durante la elección en la que ellos fungieron como árbitros.
Por ello, señalaron que una parte de la responsabilidad para que se den estos cambios la tienen los diputados locales, mientras que la otra corresponde a la Comisión de Selección de las personas que integran el CPC ya que debe “poner más atención” en quién eligen para estos cargos.
Además, los líderes empresariales coincidieron en que los puestos del Comité de Participación Ciudadana deberían ser honoríficos y no tener un sueldo, ya que actualmente por ejemplo el presidente del organismo percibe un salario que ronda los 60 mil pesos mensuales.
Jorge Eduardo Hiriartt apuntó, en este sentido, que “no puedes ser juez y parte cuando recibes una parte del erario público para el trabajo anticorrupción”.
Asimismo, señalaron que las fallas dentro del Sistema Estatal Anticorrupción no se ciñen únicamente al CPC sino que están en otras áreas vitales para el funcionamiento de este andamiaje jurídico e institucional.
Entre ellas mencionaron la ausencia de órganos de control tanto en la Auditoría Superior del Estado como en el Congreso local, donde además destacaron que desde marzo existe un dictamen para nombrar al titular del control interno, pero recalcaron que los legisladores “no han querido” avanzar en la conformación de esta instancia.
