■ Señala que es muy importante mantener fuentes de trabajo en la minería
■ En Zacatecas ya no se debe permitir la apertura de más proyectos mineros: Fundar
■ Empresas extranjeras son las que más lucran con los bienes nacionales; de las 142 compañías que operan minas en México, 50% son de capital mexicano
■ La modalidad de extracción a cielo abierto “origina inmensos impactos paisajísticos, ambientales, sociales y culturales”
Durante la ya tradicional mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el más reciente conflicto en la mina Peñasquito entre ejidatarios y la empresa canadiense Goldcorp.
Gracias a la intermediación del líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, a mediados de junio se llegó a un acuerdo y se pudo reabrir el complejo minero, luego de dos meses y medio de paro. A propósito, el presidente consideró como muy importante el acuerdo al que se llegó y por medio del cual se pudieron reactivar las actividades normales en el complejo minero.
“Es una mina de plata que es muy importante, habido problemas entre ejidatarios y la empresa, se paró la mina durante un tiempo, se intervino para que se llegar a un acuerdo y se reabrió (…) ahora estamos al pendiente de que se cumplan esos acuerdos y siga funcionando la mina”.
“Es muy importante mantener estas fuentes de trabajo porque dan empleos estas empresas a muchos trabajadores, ahí está un sindicato minero cuyo dirigente es Napoleón Gómez Urrutia, pero no es un conflicto con el sindicato, es con los ejidatarios que tienen una organización y que están pidiendo ser atendidos. Ya hay un acuerdo con ellos y ojalá se normalice la situación allá en Mazapil”, apuntó.
Impacto de la minería en México
Las conclusiones y recomendaciones referidas al impacto ambiental y la salud del artículo La Minería en México: Un sector imparable, que se ocupa de la gran minería metálica en el país, son tajantes al señalar que Sonora, Zacatecas y Chihuahua, donde operan gran cantidad de minas; “no deberían seguir permitiendo la apertura de más proyectos”.
Cabe hacer notar que la entidad aparece en tercer lugar, luego de Sonora y Durango, entre las que concentran el 50 por ciento de los nuevos proyectos, donde 47 de ellos, representan el 75 por ciento del total de entre las que se encuentran en etapa de desarrollo y que “serán o ya son a cielo abierto”.
Esta modalidad de extracción apunta, “origina inmensos impactos paisajísticos, ambientales, sociales y culturales”.
En este sentido, el análisis que forma parte del Anuario 2018, Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T, publicado por la organización Fundar, insta a las entidades “a superar nociones cortoplacistas y hacer planes de gestión ambiental a largo plazo”.
Precisa también que aunque extendidas por todo el territorio nacional, las minas metálicas; estas en etapa de operación, se concentran principalmente en los estados del norte.
De esta manera Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y nuevamente incluye a Zacatecas, albergan el 68 por ciento de las minas activas en el país que además acota, “contrario a la opinión popular de que las empresas extranjeras son las que más lucran con los bienes nacionales, tenemos que, de las 142 empresas que operan minas en México, 50 por ciento son compañías de capital mexicano”.
Las demás se dividen en 31 por ciento canadienses, 14 por ciento estadounidenses y 5 por ciento de otros países argentinas, chilenas, chinas, italianas, japonesas y suizas.
Expone que para el caso del oro, del que se produjeron el año anterior según el Inegi, 89 mil 78 kilogramos, son apenas 12 empresas quienes concentraron la extracción con 98.5 por ciento del total.
Aunque numéricamente superan las mineras metálicas mexicanas a las extranjeras en operación en el país, señala para el caso de este metal precioso que, son las empresas canadienses las extractoras de más de la mitad de la producción con 57.9 por ciento.
Sin embargo Grupo BAL, propiedad del mexicano Alberto Báilleres, fue la empresa que “más oro extrajo en México” y conjuntamente con la también nacional, Minera Frisco, esta de Carlos Slim Helú, extrajeron el 40.6% del oro del país, ese año.
El artículo agrega que el 68 por ciento de la producción de oro en México durante 2018, se obtuvo a través de la modalidad a cielo abierto, “la más viable económicamente para las empresas debido a la baja concentración de este metal por tonelada de roca” pero “sumamente destructiva y contaminante”.
Son Sonora, Zacatecas nuevamente, Durango, Chihuahua y Guerrero, las seis entidades que concentran el 90 por ciento de la extracción nacional de este metal.
Entre las principales minas de oro en México se encuentra en segundo sitio, Peñasquito de Goldcorp-Newmont, que cabe mencionar, se ubica en Mazapil, Zacatecas y fue responsable de la extracción del 9.9 por ciento del total del metal del país el año anterior; y en octavo, la Unidad El Coronel de Minera Frisco, esta que extrajo el 4.9 por ciento y se encuentra en el municipio de Ojocaliente. Las dos, que se explotan a tajo abierto.
La minería a tajo abierto o cielo abierto, expone, genera grandes cantidades de “polvillo’ tóxico por su contenido de metales pesados” absorbibles por personas y animales, mientras que los residuos de “cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y los mismos metales” que se extraen pueden filtrarse en manantiales, ríos y otros cuerpos de agua, y contaminar también los del subsuelo por la filtración ocasionada por el agua de lluvia, acota.
El proceso de excavación por otra parte, elimina “todo tipo de flora existente” y ahuyenta a la fauna, tanto por el ruido como por los cambios a su hábitat y la contaminación de sus fuentes de abrevadero.
El artículo expone que “el tiempo vida útil de los proyectos mineros” se encuentra entre los cinco a 15 años; “dejando en este relativamente corto tiempo territorios completamente destruidos y contaminados”.
Observa que en el país donde no existe “legislación específica sobre procesos de cierre de minas adecuados” por lo que se realizan de manera “caótica y poco responsable, pues las compañías no están legalmente obligadas a presentar planes integrales” para ello.
“Esto es grave ya que en la próxima década cerrarán muchas más minas por agotamiento del mineral. El verdadero problema es que, tanto por la destrucción del territorio como por el impacto ambiental y rompimiento del tejido comunitario, es prácticamente imposible regresar a su condición original un territorio donde operó una mina a tajo abierto”.
Las conclusiones y recomendaciones sobre impacto ambiental y la salud del artículo La Minería en México: Un sector imparable, exponen como incompatible con la sustentabilidad ambiental y la soberanía hídrica del país en el contexto de fenómeno de Cambio Climático, a esta modalidad extractiva.
Considera “impostergable”, “revisar y modificar el marco legal para disminuir al máximo el impacto negativo” que causa, no sin antes realizar un diagnóstico de la situación actual respecto de los impactos ambientales, sociales, culturales y a la salud entre otros, que han sido denunciados por las comunidades afectadas.
En el caso de los referidos a la salud, subraya que “debería hacerse uso de la infraestructura de seguridad social” para monitorearlos.
Apunta que a finales del mandato de Felipe Calderón Hinojosa se intensificaron estos megaproyectos “tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin ningún tipo de procesamiento para darles mayor valor agregado”, a los que gobiernos y empresas han presentado como “solución al desempleo y la pobreza” bajo promesas “de desarrollo económico en regiones fundamentalmente indígenas y campesinas”.
Advierte no obstante, que “la carencia de políticas públicas y la impunidad han ocasionado la depredación de los bienes naturales –algunos no renovables-, la contaminación, el deterioro ecológico, la distribución inequitativa de los ingresos generados, el despojo de las comunidades y un clima de violencia y represión”.
El texto, de autoría colectiva del equipo de Fundar (Aroa de la Fuente, Sol Jiménez Pérez, Manuel Llano, Beatriz Olivera y Areli Sandoval Terán) y que estuvo bajo la coordinación de Francisco José Reynoso Arreola, considera para la actualidad que “el gobierno debería asegurar el desarrollo de actividades productivas alternas, mucho más justas y sustentables”.
