Juan Manuel Rodríguez Valadez, ex secretario del ayuntamiento de Zacatecas, demandó formalmente al municipio por despido injustificado y denunció que, en un encuentro privado que sostuvo con Antonio Mejía Haro, le cuestionó la manera en que fue despedido y el padre del alcalde le amenazó de muerte.
“Es evidente que quien lleva las riendas del poder es el padre del señor presidente. Reunido en el café frente a Catedral, le dije que era injusto, que no me podía correr por algo que no es un acto imputable a mí, ¿o cómo me piensan callar, me van a matar? Textual: ‘lo estamos valorando’. Yo lo hago responsable de lo que le pase a mi persona”, expresó.
Comentó que de esa situación está enterada su familia y si algo le ocurre es responsabilidad de Antonio Mejía Haro, aunque “no tengo temor porque no debo nada, no robé nada y no me comporté indebidamente. Estoy dolido porque entregué mi trabajo y mi esfuerzo por un municipio libre y democrático y si no quería el señor Ulises, ¿para qué me llevaba?”
Recordó que desde la campaña el presidente municipal y su papá se acercaron a él para invitarlo a ocupar el cargo, “porque buscaban personas enteradas en la cuestión municipal, y cuando se ganó la contienda, me dijeron que me propondrían como secretario de gobierno y el padre del señor presidente me pidió que le hiciera marcaje personal a la síndica Ruth Calderón Babún, cuyo problema es que es monrealista y que debía estar vigilante. Le dije que vigilaría que no se cometiera errores que perjudicaran al municipio”.
Rodríguez Valadez comentó que durante los ocho meses que trabajó en el municipio, el alcalde nunca le notificó sobre sus facultades legales, hasta que al final le respondió que se hiciera cargo de la política interna del municipio.
Indicó que el motivo que le dieron para despedirlo fue por falta de probidad y honradez, debido a que propuso como jurídico de la presidencia a un abogado que también representaba a los trabajadores, pero era algo que desconocía.
“Me ha despedido porque según eso me coludí por falta de probidad y honradez, pero yo no soy ni ratero ni he coludido jamás con autoridad alguna para buscar un recurso indebido. Ya demandé al municipio por despido injustificado y le reclamo la reinstalación, pero no porque tenga deseos de regresar, sino por estrategia jurídica”, agregó.
Refirió que se debe determinar cuáles fueron los daños reales, objetivos y morales que el jurídico pudo hacer a la institución al representar causas de trabajadores y del municipio, pero de su parte “tengo que hacerme cargo de mis actos”.
Rodríguez Valadez expuso que el alcalde solicitó al ayuntamiento que le hiciera una investigación administrativa y él estuvo de acuerdo, pero Mejía Haro lo pidió a un abogado “que debería ser un hombre limpio, no un hombre que tiene antecedentes penales por fraude, y esto lo pueden consultar en la causa que está en el juzgado en San Luis Potosí”.
Además, señaló que el presidente municipal no se podía constituir en juez y parte, pues la Ley General de Responsabilidades señala que el contralor es quien debió calificar si su actividad como funcionario pudiese tener como consecuencia algún elemento de sanción y así ser rescindido.
