■ La Semarnat hizo este recuento mediante una publicación en su cuenta de Twitter
■ La dependencia federal califica esta actividad extractiva como devastadora para el entorno y para las propias comunidades
El despojo de tierras, los problemas de salud, el debilitamiento del tejido social, las vulneraciones a los derechos humanos y los daños al medio ambiente son sólo algunas de las afectaciones que generan los proyectos de megaminería a cielo abierto.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo este recuento a través de una publicación en su cuenta de Twitter, con motivo del Día Mundial Contra la Megaminería que se conmemoró este lunes 22 de julio.
La dependencia federal calificó esta actividad extractiva como devastadora para el entorno y para las propias comunidades y al enumerar las consecuencias de este tipo de proyectos puso en primer lugar el despojo de tierras en las comunidades a las que llegan estas empresas.
Precisamente el despojo y el desplazamiento forzado de poblaciones enteras por este tipo de actividades mineras, ya sean a cielo abierto o subterráneas, ya se ha vivido en Zacatecas en varias ocasiones y estos hechos han sido registrados en estudios como el elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Aunque en el último año que analiza el informe, 2018, no se incluye la entidad con ningún caso de desplazamiento interno forzado masivo, esto no implica que no haya habido movimiento obligado de personas que han tenido que salir de sus comunidades de origen por la llegada de algún megaproyecto minero.
Y es que en el análisis se señala que sólo se incluyen los movimientos masivos, pero no los que realizan pequeños grupos de personas de manera escalonada.
No obstante, en los años anteriores tanto 2017 como 2016 sí aparece el territorio zacatecano en este informe con un caso, cada año, de desplazamiento forzado masivo a consecuencia de proyectos de minería.
En 2016 se refiere un desplazamiento en el que 67 personas se vieron afectadas, mientras que en 2017 se precisa que fueron 230 personas las que tuvieron que abandonar sus hogares en la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites por “proyectos extractivos / megaproyectos (minería)”.
En este último hecho el desplazamiento fue intramunicipal, lo que implica que cambiaron de población dentro del mismo municipio y el estudio concluye que, al menos en el corto plazo, los afectados “no podrán regresar a sus hogares porque fueron destruidos”.
También se puntualiza que fueron familias completas, un total de 47, las que salieron de su comunidad por lo que entre las víctimas del desplazamiento hay mujeres, hombres, niños y adultos mayores. Incluso se refiere que hubo dos personas fallecidas a consecuencia del desalojo.
En ese tenor, la CMDPDH sostiene que el desalojo lo llevaron a cabo trabajadores de la propia empresa minera, la canadiense Panamerican Silver, y agrega que “Felicitas Guerrero Pasillas, una habitante de La Colorada, perdió a su padre y a su hermana, quienes habrían fallecido a consecuencia del despojo”.
En este caso hubo diferentes formas de agresiones que los afectados reportaron haber sufrido antes y durante el despojo que se realizó con violencia. Entre los ataques se mencionan el uso de armas o la presencia de personas armadas en la comunidad, amenazas, intimidación, “casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados”, el saqueo de las viviendas y el robo de animales y cultivos.
Aparte del despojo en las comunidades, en el mensaje publicado en twitter por Semarnat con motivo del Día Mundial Contra la Megaminería, se enlistan otras afectaciones como la remoción o eliminación de grandes extensiones de suelo fértil, la generación de erosión y desertificación, así como el consumo y la contaminación de “enormes” cantidades de agua.
También se menciona que son actividades que contribuyen al cambio climática y que provocan la pérdida de la soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, además de que causan “graves” daños a la salid de las poblaciones vecinas, dividen y debilitan el tejido social, depredan el medio ambiente y vulneran, en general, los derechos humanos de las poblaciones.
