Además de una cultura de denuncia se debe constituir la “cultura de los resultados”

Además de una cultura de denuncia se debe constituir la “cultura de los resultados”
Foros para el Diseño de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) realizados ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón ■ foto: andrés sánchez

■ En casos de corrupción, persiste la impunidad como una realidad en el país

■ 93% de las víctimas de delitos no los denuncian y que el 56% de quienes sí lo hacen, atestiguan que con ellas “no pasa absolutamente nada”: Armando Ávalos

■ El “empoderamiento ciudadano” es uno de los principales retos, que deriva de su educación y capacitación: Paula Rey

■ Se requieren “ciudadanos conscientes, responsables y celosos de sus derechos”: Juan Francisco Valerio Quintero

 

En el apartado “Responsabilidades ciudadanas; la denuncia de actos de corrupción dentro de los Foros para el Diseño de la Política Estatal Anticorrupción (PEA)” realizados ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, los participantes coincidieron en la necesidad de que además de una cultura de la denuncia se constituya la “cultura de los resultados” a esas denuncias, pues persiste la impunidad como una realidad en el país.

El fenómeno de la reticencia de la ciudadanía a denunciar los actos de corrupción fue asociado entre otras variables a las represalias que teme, por lo que también se subrayó la necesidad de su protección y el ejercicio de este derecho y se dijo también, “obligación ciudadana”, desde el anonimato.

Asimismo se expuso como contención al ejercicio de la denuncia el hecho de que los procedimientos legales llegan a ser incluso “barrocos”, dicho esto en palabras del Jorge Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Ávalos, trajo a colación los datos de la ENVIPE 2017 que exhiben que el 93% de las víctimas de delitos no los denuncian y que el 56% de quienes sí lo hacen, atestiguan que con ellas “no pasa absolutamente nada”; mientras que en los casos del 7% de las que sí se presentan, solo 3 de cada 100 obtienen una sentencia.

También con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública expuso que el 64.5% no acude a dar parte a las autoridades de la comisión de delitos “porque es una pérdida de tiempo” y 16.5% de las personas son desalentadas por la desconfianza en las mismas, a la par, 7.7% considera que los trámites para interponer una denuncia “son largos y difíciles”.

Paradójicamente el funcionario también sostuvo que en caso de que se incrementen las denuncias, el sistema de justicia “no tiene la capacidad” para darles respuesta debido a la falta de recursos y personal para ello.

Aarón Aurelio Grageda Bustamante, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, expuso sobre la problemática, “que la mejor denuncia es aquella que es eficiente y protectiva para con el ciudadano”, lo que implica la denuncia anónima.

En su intervención el Fiscal especializado en el Combate a la Corrupción en Zacatecas, Salvador Villa Almaraz, expuso las disposiciones para presentar una denuncia, contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y los casos en que los ilícitos se persiguen de oficio y por querella, y en un segundo momento la necesidad de implementar mecanismos para incentivarlas.

Sus propuestas fue que se utilicen los medios electrónicos para la difusión de los requisitos para su presentación y seguimiento así como otros mecanismos para dar reconocimiento y protección a los denunciantes.

Sobre este tema Avalos Villarreal también apuntó como un hecho “valioso” la inclusión reciente en el Condigo Penal del estado del delito de intimidación, que comete el servidor público que presiona a una persona para que no denuncie, pero también si trata de hacerlo contra quien ya ha presentado una querella.

El funcionario también indicó que la figura de la denuncia anónima sí está contemplada en la normativa del estado, pero implica dificultades para recabar pruebas que sustenten la integración de las carpetas de investigación.

Entre las consideraciones que explican la cifra negra de las denuncias en México se señaló asimismo la falta de conocimiento de la ciudadanía para interponerlas, y por lo tanto la necesidad de una educación y capacitación para ello, en que coincidieron la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y el académico Juan Francisco Valerio Quintero.

La funcionaria habló del “empoderamiento ciudadano” como uno de los principales retos que deriva de su educación y capacitación, pero también de que sus opiniones sobre el combate a la corrupción tengan carácter vinculante.

Por su parte, Juan Francisco Valerio Quintero enfatizó que se requieren “ciudadanos conscientes, responsables y celosos de sus derechos” y consideró necesario que se introduzca el tema en el sistema educativo.

Como preámbulo al inicio del apartado del foro dedicado a las denuncias ciudadanas, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Zacatecas, Bulmaro Alvarado Almanza, dijo que en noviembre del 2018 se recomendó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción desde el CPC para que se abriera un “buzón de quejas” que permita a los ciudadanos formar parte del combate a la corrupción a través de la denuncia, como lo establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.

“El buzón deberá contar con las medidas necesarias para que aun siendo una denuncia anónima la queja pueda ser sujeto de validez en una investigación”.

La mesa desde la que se expusieron las consideraciones y propuestas para este apartado, la integraron el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Zacatecas, Bulmaro Alvarado Almanza; Jorge Alatorre Flores, integrante del CPC nacional, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, presidente del CPC Sonora; Salvador Eduardo Villa Almaraz, Fiscal Especial en Combate a la Corrupción de Zacatecas.

También el presidente del TSJZ, Armando Ávalos Villarreal; la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y el representante de la organización de la sociedad civil Nosotrxs e integrante del Consejo Consultivo para la PEA, Juan Francisco Valerio Quintero.

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