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jueves, 28 marzo, 2024
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10 años. La lucha contra el conflicto de intereses

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Por: JOSÉ NARRO CÉSPEDES •

El Gobierno de México impulsará desde la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana, un periodo de veda de 10 años para “hacer categórica” la diferencia entre el interés público y el privado. No sólo se establece que se transparenten los patrimonios de los funcionarios públicos, sino que también se va a hacer lo mismo con quienes terminan su gestión.

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Tenemos que evitar que ex funcionarios pasen a trabajar a las empresas relacionadas con el desempeño que tenían y puedan abusar para beneficio personal o de su empleador privado con el uso de información o contactos obtenidos cuando eran servidores públicos es un problema sin resolver en México.

La legislación mexicana prohíbe tener beneficios de una decisión pública para sí o los familiares; también existe la prohibición de no trabajar en un plazo de un año en un empleo en el que pueda beneficiar a su nuevo encargo, pero tenemos que endurecer la ley, estableciendo un plazo de 5 años “para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguno de los sujetos obligados, los servidores públicos deberán separarse legalmente de los activos relacionados con los intereses económicos, para evitar que puedan insertarse a la iniciativa privada con la ventaja que da la información clasificada a la que han tenido acceso. Resulta, pues, claro que la agenda anticorrupción debe incluir temas como la ética en el servicio público, la prevención y la gestión de conflictos de interés, la transparencia de los ingresos de los funcionarios a la luz de otros indicadores

Las regulaciones van desde el caso de los Países Bajos, que prohíben únicamente a sus servidores públicos del Ministerio de Defensa contratarse con una empresa privada en el lapso de un año a partir de que dejan su cargo en el gobierno, hasta restricciones más amplias en el caso del Reino Unido, donde se impone dos años de prohibición a los funcionarios públicos de los todos ministerios, aun cuando no sean contratados por una empresa sino que pretendan convertirse en cabilderos, además de que los ministros y funcionarios públicos requieren de autorización para poderse contratar en el sector privado.

El paso de ex funcionarios a ejecutivos, conocido en el mundo como Revolving Door o Puerta Giratoria, y es un hecho que México es parte de los países con regulaciones laxas o nulas sobre el tema. Carece de una instancia que revise si hubo vínculos y de qué tipo entre el ex funcionario mientras ejerció en el gobierno y la empresa que pretende contratarlo; no tiene regla alguna para los integrantes del Congreso ni para los cabilderos, no contempla medidas para evitar que quienes ingresan al servicio público lleguen con una agenda de política pública o regulatoria favorable a una empresa o sector, ni códigos de ética con lineamientos acerca de lo que es correcto e incorrecto hacer, como reseña Transparencia Internacional que hacen algunos países.

El aumento de las asociaciones entre empresas y gobierno, la ola de privatizaciones, el incremento del cabildeo y la dependencia de las contrataciones públicas ha puesto a los gobiernos en un contacto íntimo con los negocios.

Transparencia Internacional recomienda un periodo de “congelamiento” para mitigar el riesgo potencial de conflictos de interés. En algunos casos como Chipre e Irlanda, el comité puede imponer multas, dejar al individuo impedido para volverse a contratar en el servicio público por algunos años o mandarlo a prisión; en el caso de las empresas, países como la República Checa les impiden obtener contratos del gobierno por un año, por ejemplo.

Se trata de hacer lo correcto, lo que está bien; ejercer la libertad de decir “no” cuando algo no corresponde. Se debe buscar construir un clima ético. ■

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