10 años. La lucha contra el conflicto de intereses

10 años. La lucha contra el conflicto de intereses
El Gobierno de México impulsará una iniciativa que establece que se transparenten los patrimonios de los funcionarios públicos, así como quienes terminan su función ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

El Gobierno de México impulsará desde la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana, un periodo de veda de 10 años para “hacer categórica” la diferencia entre el interés público y el privado. No sólo se establece que se transparenten los patrimonios de los funcionarios públicos, sino que también se va a hacer lo mismo con quienes terminan su gestión.

Tenemos que evitar que ex funcionarios pasen a trabajar a las empresas relacionadas con el desempeño que tenían y puedan abusar para beneficio personal o de su empleador privado con el uso de información o contactos obtenidos cuando eran servidores públicos es un problema sin resolver en México.

La legislación mexicana prohíbe tener beneficios de una decisión pública para sí o los familiares; también existe la prohibición de no trabajar en un plazo de un año en un empleo en el que pueda beneficiar a su nuevo encargo, pero tenemos que endurecer la ley, estableciendo un plazo de 5 años “para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguno de los sujetos obligados, los servidores públicos deberán separarse legalmente de los activos relacionados con los intereses económicos, para evitar que puedan insertarse a la iniciativa privada con la ventaja que da la información clasificada a la que han tenido acceso. Resulta, pues, claro que la agenda anticorrupción debe incluir temas como la ética en el servicio público, la prevención y la gestión de conflictos de interés, la transparencia de los ingresos de los funcionarios a la luz de otros indicadores

Las regulaciones van desde el caso de los Países Bajos, que prohíben únicamente a sus servidores públicos del Ministerio de Defensa contratarse con una empresa privada en el lapso de un año a partir de que dejan su cargo en el gobierno, hasta restricciones más amplias en el caso del Reino Unido, donde se impone dos años de prohibición a los funcionarios públicos de los todos ministerios, aun cuando no sean contratados por una empresa sino que pretendan convertirse en cabilderos, además de que los ministros y funcionarios públicos requieren de autorización para poderse contratar en el sector privado.

El paso de ex funcionarios a ejecutivos, conocido en el mundo como Revolving Door o Puerta Giratoria, y es un hecho que México es parte de los países con regulaciones laxas o nulas sobre el tema. Carece de una instancia que revise si hubo vínculos y de qué tipo entre el ex funcionario mientras ejerció en el gobierno y la empresa que pretende contratarlo; no tiene regla alguna para los integrantes del Congreso ni para los cabilderos, no contempla medidas para evitar que quienes ingresan al servicio público lleguen con una agenda de política pública o regulatoria favorable a una empresa o sector, ni códigos de ética con lineamientos acerca de lo que es correcto e incorrecto hacer, como reseña Transparencia Internacional que hacen algunos países.

El aumento de las asociaciones entre empresas y gobierno, la ola de privatizaciones, el incremento del cabildeo y la dependencia de las contrataciones públicas ha puesto a los gobiernos en un contacto íntimo con los negocios.

Transparencia Internacional recomienda un periodo de “congelamiento” para mitigar el riesgo potencial de conflictos de interés. En algunos casos como Chipre e Irlanda, el comité puede imponer multas, dejar al individuo impedido para volverse a contratar en el servicio público por algunos años o mandarlo a prisión; en el caso de las empresas, países como la República Checa les impiden obtener contratos del gobierno por un año, por ejemplo.

Se trata de hacer lo correcto, lo que está bien; ejercer la libertad de decir “no” cuando algo no corresponde. Se debe buscar construir un clima ético. ■

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