■ “Lo que ocurre es que la delincuencia organizada ha desplazado al Estado mexicano”
■ “Hoy vive el país al ambiente que padecieron Italia y Colombia a finales de los 80 y principios de los 90, en que fueron asesinados tanto jueces como funcionarios judiciales”
“Aparentemente es muy fácil ponerle guardias a los jueces”, pero con 98 existentes en Zacatecas dependientes del Poder Judicial del estado no es posible hacerlo para todos y ni siquiera para los que sufren amenazas.
No obstante cuando un juez cede a ellas se vulnera el criterio de imparcialidad con que deben juzgar un asunto, y por tanto, se viola el derecho fundamental a la justicia reconocido en la Constitución del país y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Lo que ocurre es que la delincuencia organizada ha desplazado al Estado mexicano”, incluso incrustándose en sus tres órdenes y niveles.
Ante ello, no hay un remedio fácil, “yo no quiero ser pesimista pero pienso que puede ser cuestión de varias generaciones; no creo que se resuelva esto tan rápidamente”, dijo Uriel Márquez Valerio.
En este sentido también puso sobre la mesa como elemento de presión en el país, la injerencia del gobierno norteamericano sobre el Estado mexicano, pues ha implicado el tráfico de armas a México para que los grupos delincuenciales libren sus batallas en nuestro territorio y la imposición del sistema penal acusatorio sin que se capacitara técnicamente tanto a las policías como a los agentes del Ministerio Público.
“Entonces ahí está el resultado, una policía impreparada en general, con sueldos de hambre frecuentemente, a los que la delincuencia organizada amenaza también a “plata o plomo”. Yo no justifico, pero no todo mundo está obligado a ser héroe ni mártir”.
“Este es el panorama en el que tienen que actuar los jueces. Yo creo que nunca había sido tan difícil impartir justicia como en este tiempo”.
Márquez Valerio asoció lo que hoy vive el país al ambiente que padecieron Italia y Colombia a finales de los 80 y principios de los 90, en los que fueron asesinados tanto jueces como funcionarios judiciales.
Entre los registros quedaron consignadas las muertes de Giovanni Salvatore Augusto Falcone y Paolo Borsellino, juez y magistrado respectivamente, que llevaron procesos judiciales contra la Cosa Nostra, y el conocido como La Masacre de la Rochela vs. Colombia que fue dirimido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refiere el asesinato de 12 de 15 miembros de una comisión judicial que se dirigía a La Rochela para investigar ejecuciones cometidas contra comerciantes del lugar.
“Esa sentencia es fundamental para esto porque esos jueces que fueron asesinados junto con otros funcionarios judiciales fue muy preocupante, no se puede repetir aquí, ojalá que no”.
Uriel Márquez Valerio recordó que le pareció una exageración “pero lamentablemente no fue así”, cuando en la década de los 90 el novelista Leonardo Sciascia cuyas obras se centran en la temática de la mafia italiana, visitó el país invitado por Federico Campbell y luego de un recorrido le comentó que México se estaba “sicilianizando”.
Dijo que le preocupa un escenario de esa naturaleza y refirió que en el fondo, independientemente de la debilidad del Estado mexicano, hay otros factores que contribuyen a propiciar que se amenace a los jueces, “la lucha de los distintos cárteles por apropiarse de los territorios, la pobreza, la marginación, la crisis que vive toda la sociedad mexicana y mundial, diría yo, la crisis de la familia y la corrupción”.
“Ojalá que nunca lleguemos a la situación que hubo en Italia, y más cercano a nosotros, en Colombia”, puntualizó.
Con el jurista también se habló de la cifra negra de las amenazas a los jueces, y la necesaria transparencia y rendición de cuentas en la labor del Poder Judicial del estado que puede exhibir la existencia de presiones a su trabajo.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Ávalos Villarreal, ha mencionado la existencia de alrededor de siete casos en los cuatro años recientes de jueces que, amenazados, han obtenido la protección de la Secretaría de Seguridad Pública, pero puede haberlos quienes no lo hayan hecho público y entonces que hubieran cedido a la presión.
Su opinión es que en los tribunales de Justicia de la República pudiera incorporarse el sistema de transparencia que ya opera entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través de un convenio mediante el que expertos de este último publican sus críticas a las sentencias más importantes del máximo tribunal del país.
“Tenemos el derecho a la justicia, es un derecho fundamental. Todos los seres humanos tenemos derecho a la justicia y si no se transparenta nos queda la duda si están resolviendo bien o mal”, enfatizó.
