La UAZ necesita una reforma, pero no para que gaste menos, o sea más eficiente en su producción de dineros, ni siquiera para tener liquidez y pueda pagar sus obligaciones fiscales y laborales. Todo eso, con ser muy importante, está subordinado a los objetivos generales de producir conocimiento, enseñarlo y promoverlo en la sociedad. Si la universidad se transforma en una institución autosustentable y eficiente, sin déficit financiero y con capacidad de cumplir sus contratos colectivos aún así puede ser mediocre, irrelevante e incapaz de cumplir las aspiraciones ya enumeradas porque la necesaria transformación que la lleve a generar cada vez más conocimiento (útil e inútil), mejor enseñanza (significativa e insignificante) y más sólidos vínculos con la sociedad (de subordinación o liberación) estará ausente: una mayor eficiencia y eficacia económicas no mejora, por sí misma, los procesos fundamentales de la UAZ: más dinero no implica una investigación importante, pero sí mucha paja académica, no lleva a una enseñanza motivadora, pero sí a centenares de acciones vanas, firmar convenios con presidencias municipales y agencias gubernamentales produce diputados y “estafas maestras”pero no mejora la sociedad. Es una falacia creer que las condiciones necesarias (unas finanzas sanas) implican las condiciones suficientes (una universidad cualitativamente mejor), pero la discusión en la universidad se centra en la cuestión del déficit económico porque los problemas relevantes se creen resueltos por las certificaciones que obtienen las unidades académicas. Automatismo que cae en la falacia que ya indicamos: no basta tener más dinero para ser mejores; es una condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, cuando se dice que la UAZ tiene déficit financiero, pero superávit académico se está encubriendo, quizá inconscientemente, la auténtica situación: la UAZ necesita, exige, ser reformada, pero ningún grupo de docentes asume la tarea porque no la siente suya y, lo que es peor, no existe entre los universitarios (docentes, estudiantes, burócratas) clara conciencia de esa necesidad. Reformar la universidad no es un asunto burocrático, ni tampoco se puede limitar su alcance a cumplir las exigencias de un convenio firmado con el gobierno federal en la esperanza de más recursos. Si se encuadra así el problema la esperanza de resolverlo se diluye. Hace 20 años los universitarios fueron consultados y la cámara de diputados echó atrás los resultados de ese ejercicio democrático. Nadie trató de vindicar el pase automático, o el voto no ponderado, o el rechazo a las evaluaciones externas (Ceneval), porque no existía, y no existe, una organización de universitarios con capacidad de movilizarse para defender sus propuestas ante el gobierno: los grupos organizados que existen sienten inclinación por postrarse ante el poder; no tratan de comprenderlo, mucho menos de criticarlo, oponérsele es errar. La relación que quieren establecer es la de colaboración, tratar de cogobernar o, al menos, obtener fondos para proyectos de alcance limitado cuando no de pura corrupción. Si tal es el diagnóstico de la realidad, ¿qué esperanzas tiene una reforma?, ninguna, pero quedan los simulacros, el espectáculo y la fría coerción. ¿Por qué?, porque ante la falta de convocatoria, la nula idea de cómo motivar en los universitarios la necesidad de transformarse, o la llana imposibilidad intelectual, queda el fácil recurso al “autoritarismo aventurero”. El más reciente intento de imponer reglamentos draconianos, desorganizados, teóricamente pobres, naufragó por conflictos entre los grupos universitarios, y eso fue para bien de ellos porque les evitó caer en la más cruda de las persecuciones internas. Pero hubo en esta lucha un elemento importante: los reglamentos eran violatorios del contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ de manera flagrante, lo que facilitó la creación de conciencia entre los afectados: perderían prestaciones, bajaría su salario, las deterioradas condiciones de su devaluado trabajo se hundirían aún más. La rectoría, en su papel, y una facción patronal del SPAUAZ resultan incansables en su pelea por conculcar los derechos de los universitarios, y porfían a la menor oportunidad vuelven a la carga. Cuando se lee la convocatoria para los cursos de verano 2019, publicada bilateralmente, se encuentra, en la base 11, lo siguiente: “La modalidad de participación como asistente es obligatoria para todos aquellos que son susceptibles de recibir la compensación económica de “Días adicionales”, según los establecido en la cláusula 60 del Contrato Colectivo UAZ-SPAUAZ”. Faltas ortográficas aparte, cuando se compara con lo que dice la cláusula referida tenemos que: “El que teniendo derecho a días adicionales y no los disfrute presentándose a trabajar, le serán remunerados”. Fácil explicar los motivos de la administración: quieren una reforma veloz, concurrida y sin problemas para presumirla ante las autoridades federales, pero sin la capacidad de pago para incentivar prefieren obligar, apelando a la ignorancia y buena fe de los docentes. Explicar los motivos de la facción patronal del sindicato es más complicado, así que nos resistiremos al simplismo, la acusación fácil y la invectiva, la situación es que, de nuevo, de común acuerdo con la rectoría, desde el SPAUAZ se pretende condicionar a los docentes el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito que tienen la patronal y su apéndice sindical? Casi nulas. Si no se detiene la acción por estos días se detendrá durante el proceso de emplazamiento. ■
De nuevo la reforma
