Con fecha 30 de Abril del año que corre, se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 5266-XVIII, el documento que remite la Secretaría de Gobernación denominado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 26 inciso A de la Constitución Política Federal, en cuyo párrafo segundo señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. De tal suerte, todo lo que se haga durante el sexenio del Presidente López Obrador tendrá que sustentarse en el Plan, identificado como el documento rector del quehacer gubernamental y, si quisiéramos ser más concretos, la brújula de la Cuarta Transformación, de ahí la importancia de conocerlo y estar atentos al desempeño de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal. En este contexto, el Plan se pone a consideración de la Cámara de Diputados en los términos de lo dispuesto por el Artículo 21 de la Ley de Planeación, para su aprobación por parte de las y los diputados, mismos que tienen dos meses para hacerlo, de lo contrario, se entenderá que este ha sido aprobado; en todo caso, la aprobación en los términos del numeral referido, consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su defecto, se remitirá nuevamente al Presidente para que se adecúe y se remita al Congreso de la Unión para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales. Es importante señalar que la vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente López Obrador, lo cual no significa que pueda contener disposiciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual, tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales. En mi opinión, esto no debe ser pues los mexicanos tenemos altas expectativas de este gobierno y nos interesa saber que se va a hacer en este sexenio en materia de seguridad, progreso, cambio climático y sostenibilidad ambiental en lo inmediato, pues dentro de 20 años, no sabemos quién gobierne y que prioridades tenga. Así las cosas, el numeral 21 de la Ley de Planeación, obliga a que el Plan precise los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, incluyendo los recursos económicos que se designen para lograr tales fines. Debo puntualizar antes de entrar al análisis de la propuesta, que a los oficios de presentación ante la Cámara de Diputados, firmados por Miguel Lucía Espejo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, Juan Carlos Reyes García de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, al Sr. Presidente López Obrador, les faltó invocar el Artículo 26 inciso A de la Constitución Política Federal, origen y razón de ser del Plan Nacional de Desarrollo y, solo se limitaron a fundamentar el acto de entrega con el Artículo 21 de la Ley de Planeación que es una Ley Secundaria o Reglamentaria de tal disposición constitucional. Ya en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, la presentación del mismo incluye una narración histórica que abarca el primer antecedente del Plan, remontado al Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas que entre otras cosas, disponía que todo ejercicio presidencial, debe plasmar en un documento estructurado y consensuado, los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo. Se alude además, al sexenio de Miguel de la Madrid, como un periodo de transición a las políticas neoliberales que se implantaron de lleno en el Salinato, aquí, se identifica al neoliberalismo como el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática reducción del sector social, aunado entre otras cosas, a la supresión o reducción de derechos y conquistas laborales. Se puntualiza que fue el neoliberalismo el que lejos de superar los aspectos políticos y sociales, los acentuó y los llevó a niveles generalizados, tal fue el caso de la corrupción, el carácter antidemocrático de las instituciones y la desigualdad, esta última entendida como una diferenciación creciente entre segmentos de la población, entre regiones del país y entre el campo y la ciudad. Se concluye que el mayor desastre de este periodo de 36 años fue la destrucción del contrato social construido por el gobierno posrevolucionario y, la incapacidad de remplazarlo por un nuevo pacto. Continuará…
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos
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