El tema de las violencias es y seguirá siendo una de las prioridades de todos los gobiernos en los próximos años. Las cifras de homicidios dolosos del 2018 indican que el problema sigue creciendo: ahora subió a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, superior al máximo que teníamos de la tasa de 24 por cada 100. En esos niveles, subir dos asesinatos más es muy grave. Es más de lo que todo Portugal tiene de tasa de este tipo de delito. Ahora bien, el tejido de los delitos es fenómeno al que se debe poner especial atención. Es decir, los delitos del fuero común se conectan con los del crimen organizado: los jóvenes que realizan robo a casa habitación o a transeúntes, se conecta con los secuestros y el tráfico de drogas. Esto es, los cárteles llegan a un territorio y controlan a los grupos delincuenciales del fuero común, con lo cual no sólo ganan para sus nóminas, sino controlan un territorio, quitándole autoridad sobre el mismo al Estado. En ese control territorial también inciden en la elección de autoridades municipales y la expoliación de la renta pública.
Pues bien, en la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS), hay un vacío muy importante: ¿cuál es el papel de los gobiernos locales en el tema de seguridad? En la ENS se establece una visión sistémica del problema: una nueva política de drogas, un órgano de contención fuerte (Guardia Nacional), el programa dirigido a los jóvenes sin empleo (Programa Jóvenes Construyendo el Futuro), y un programa dirigido a los centros penitenciarios. La visión sistémica está bien y también los componentes de coincidencia de cambio en la política de drogas con el apoyo social a jóvenes precarizados. Sin embargo, hay algunos componentes que vemos fuera, como una estrategia para mejorar la actuación del poder judicial en la impartición de justicia, los mecanismos institucionales para evitar la corrupción en la Guardia Nacional y el papel de las policías municipales.
Como se trata de un problema que construye una estructuración social del delito y su reproducción es por vía de controles territoriales, significa que deberá fortalecerse la parte del Estado que está en contacto con esos factores. Esa parte del Estado que tiene dicha característica es el Municipio. Se antojaría que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fuera a través de los municipios, lo cual podría darle condiciones para incrementar sus capacidades institucionales, sin embargo no es así, los equipos operadores de los censos y la implementación del programa son los llamados “servidores de la nación”, que dependen de los Super-Delegados. Que por lo que alcanzamos a observar son equipos que incluyen en sus objetivos la estabilización de la plataforma electoral del partido en el gobierno. La implementación del programa con sus 40 mil millones de pesos puede hacer agua si no tienen los vehículos de conducción adecuados. Es decir, la pregunta se traduce de la siguiente manera: ¿cuál será la estructura territorial para operar el programa de beneficio a los jóvenes?, ¿cómo construirán estructura social que contrarreste la estructuración social del delito?, y en medio de estas interrogantes, ¿cómo se integra el papel de los cuerpos de seguridad local?
En Zacatecas vemos a un equipo político que conduce a los Servidores de la Nación, a los municipios los observamos fuera del sistema de seguridad y a las policías locales están bajo la misma inercia en la que han venido funcionando los últimos años. En los programas de gobierno lo más difícil es el proceso de Implementación. Sin embargo, si los propios diseños de los programas aun no están claros ni completos, sólo existen diapositivas; mucho menos sabemos cómo están conduciendo los procesos de implementación.
Es tiempo que los gobiernos municipales se pongan las pilas y tomen la iniciativa en plantear el papel que tendrán en el conjunto del sistema de seguridad pública nacional. En Zacatecas, al menos los municipios metropolitanos tienen la urgencia de bajar la fuerza de los factores de riesgo en la comisión de delitos. Por ello, los gobiernos locales pueden iniciar en proponer ante su propio poder legislativo, el formato que tomarán sus cuerpos de seguridad local. Desmarcarse del modelo de seguridad pública actual y avanzar en formatos de seguridad ciudadana coordinado por el municipio. Hace falta que los ayuntamientos asuman una actitud proactiva en el tema. Y lo plasmen en un nuevo proyecto de Ley Orgánica del Municipio. ■
