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jueves, 28 marzo, 2024
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Reflexiones sobre el combate al acoso

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Por: MARTA LAMAS •

Todos los días una variedad y multiplicidad de hombres llevan a cabo en el espacio público, especialmente en el transporte colectivo, cierto tipo de acciones de connotación sexual, principalmente dirigidas a mujeres, pero también a otros hombres y a personas de identidades disidentes. Algunas de estas acciones son inocuas, como miradas insistentes y comentarios verbales; otras son muy graves, como manoseos y frotamientos. A todas ellas hoy en día se las califica de acoso.

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En México las formas de abuso callejero son mucho más frecuentes, molestas y agresivas que las que viven las mujeres en otros países, pues aquí las aproximaciones y los requerimientos sexuales no deseados están entretejidos con un mandato cultural de la masculinidad muy machista. El costo de estas prácticas para las mujeres va desde restricciones a su movilidad hasta pasar miedos y malos ratos. “Quiero andar en el espacio público sin que se metan conmigo” es un reclamo legítimo de miles de mujeres, y el Gobierno de la CDMX ha emprendido una campaña para frenar estos “usos y costumbres” machistas que producen desgaste emocional, irritación y enojo. ¿Cómo erradicar el acoso callejero?

El abogado Duncan Kennedy señala que buena parte del abuso sexual en la calle es “disciplinario”, en el sentido de que funciona para reforzar las normas sociales del patriarcado. Estas normas, insertas en los mandatos culturales de la masculinidad y la feminidad, desarrollan creencias acerca de “lo propio” de los hombres y “lo propio” de las mujeres y favorecen ciertas conductas. El mandato de la masculinidad en nuestra tradición cultural establece que le toca al varón manifestar su deseo y tomar la iniciativa.

Durante siglos este “arreglo” –los varones conquistan y las mujeres se dejan conquistar– ha implicado un conjunto de reglas –dichas y no dichas– con las que se construyen las interacciones de cortejo. Los hombres han importunado y perseguido sexualmente a mujeres –y también a otros hombres– en espacios laborales, domésticos y públicos. Esta conducta se ha expresado con violencia y abuso de poder, pero también sin violencia, como ocurre con ciertas formas de seducción y cortejo.

Tradicionalmente ha habido gran permisividad de la sociedad ante determinadas conductas tradicionales (usos y costumbres): los chiflidos, los comentarios verbales, los piropos. Sin embargo, otra parte del comportamiento masculino, la de los abusadores que dan rienda suelta a sus impulsos, es impropio y abusivo.

Kennedy usa el concepto de residuo tolerado para calificar cierta porción del abuso sexual que no se castiga. Ese residuo tolerado de abuso es un factor crucial en las vidas de las mujeres, en especial de las que transitan por el espacio público, y la mayoría de las mujeres, sufran o no los abusos, tiene algo que ganar con la eliminación del residuo tolerado.

Muchas feministas exigen al gobierno endurecer las penalidades contra los perpetradores de actos sexuales indebidos, pero hay que revisar qué consecuencias tendría hacerlo. Demandar al gobierno “mano dura” para abordar tanto el abuso como el acoso podría conducir a una política conservadora que castigue desproporcionadamente ciertas expresiones sexuales no agresivas (miradas, piropos o albures, por ejemplo). Hoy presenciamos la deplorable situación de que toda expresión sexualizada puede ser interpretada como “acoso” y, así, una batalla legítima e indispensable contra formas nefastas de abuso corre el riesgo de convertirse en una intervención puritana, e ineficaz.

Entre las varias tareas que apremian al Gobierno de la CDMX respecto a este problema, una es la de dilucidar si toda forma de requerimiento sexual es abuso sexual. Pero además de definir qué actos se consideran “acoso”, también debe precisar qué ofensas deben ser criminalizadas y qué sentencias son razonables para quien ha cometido una falta.

Reprobar no es lo mismo que castigar. Y lo importante es que la falta no sea cometida otra vez. Hay menos delitos en las sociedades que avergüenzan a los delincuentes sin estigmatizarlos, que los condenan y razonan con ellos sobre sus delitos, mientras mantienen los lazos comunitarios y de respeto. La justicia restaurativa busca que se repare el daño causado antes que imponer un castigo; por eso quienes trabajan desde tal posición impulsan procesos de mediación entre víctimas y ofensores.

“Las sociedades con bajos niveles delictivos son aquellas que propician la siguiente secuencia: sentir vergüenza, pedir perdón y arrepentirse; son sociedades que otorgan una importancia relativamente mayor al control social moralizante que al control social punitivo” (Gargarella y Bergallo).

Una intervención gubernamental que permita responder de mejor manera a las acciones lesivas requiere dejar de pensar en términos de delito y castigo, y entender que ante ciertos problemas culturales lo punitivo fracasa. Es imprescindible condenar y combatir el abuso sexual callejero, pero es indispensable hacerlo mediante intervenciones culturales y pedagógicas, no con penalizaciones.

En la difícil tarea que le espera a nuestro gobierno, su proyecto de los PILARES se perfila como una herramienta idónea para sensibilizar a los y las jóvenes en esa dirección. n

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