■ Esta disposición pasaría por modificar el artículo 160 de la Constitución local
■ Héctor Menchaca considera difícil que esta propuesta prospere, debido a las resistencias y a que su bancada, la de Morena, y los partidos aliados son minoría
Este jueves el diputado Héctor Menchaca propuso una iniciativa de Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y una reforma a la Constitución Política del estado para que ningún funcionario de Zacatecas pueda ganar más que el gobernador del estado.
Refirió que lo aprobado a nivel nacional, ahora suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplica únicamente para funcionarios federales, por lo que consideró que lo correcto en la entidad es que el tope salarial sea el del mandatario estatal.
Esta disposición, que pasaría por modificar el artículo 160 de la Constitución local, pondría límite a las remuneraciones que sobrepasan el sueldo del gobernador en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos y también en los ayuntamientos.
El diputado consideró difícil que esta propuesta camine al interior de la Legislatura, debido a las resistencias que existen y a que su bancada, la de Morena, y los partidos aliados son minoría frente al resto de grupos parlamentarios.
En la Ley Estatal de Remuneraciones, se reitera el tope salarial y se contempla, en el capítulo 2, que “cuando se acredite que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información favorable a sus intereses, quedará sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables, ello, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes”.
El diputado precisó en su iniciativa que las disposiciones de esta ley, de ser aprobada, entrarían en vigor para el ejercicio fiscal 2020.
En la exposición de motivos sostuvo que ya “no es posible que con tantas carencias en el estado, existan privilegios y sueldos estratosféricos” y concluyó que el objetivo de la ley es cumplir con una exigencia de la sociedad.
Se pretende, por tanto, regular las percepciones económicas de los funcionarios para “poner fin a la discrecionalidad con la que se asignan los sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, que muchas veces se establecen sin ningún parámetro y con escasos controles”.
También este jueves en la primera sesión la diputada Carolina Dávila Ramírez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que busca incluir un tratamiento similar a la castración química para quienes resulten responsables por el delito de violación.
La legisladora dijo que no se trata como tal de este procedimiento, sino que lo denominó “terapia hormonal para reducir el deseo sexual”, el cual se aplicaría a los agresores sexuales que violenten a dos o más personas, que sean reincidentes o que agredan a menores de edad.
En la exposición de motivos refirió que lo que busca es que se contemple en el código la “posibilidad de suministrar medicamentos destinados a reducir la libido en agresores sexuales, no permanente, reversible y con menos efectos colaterales que una castración quirúrgica”.
Por ello, consideró que no se contraviene la constitución del país ya que no se contempla ninguna de las penas prohibidas en la Carta Magna.
Planteó que este tratamiento se deberá aplicar cada seis meses durante el tiempo que se cumpla una pena privativa de la libertad o, en caso de ser ésta menor al tiempo de la terapia, una vez que la persona sea liberada deberá continuar sometiéndose al procedimiento hasta concluirlo.
En asuntos generales, el diputado Omar Carrera subió a tribuna para abordar el tema del presupuesto del estado para 2019 y aseguró que hay “muchas dudas” sobre el paquete económico que presentó el gobierno estatal.
Al respecto, el legislador José María González Nava informó que el próximo martes comparecerá ante el pleno de la 63 Legislatura el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, además de que, posterior a esa sesión, volverán a reunirse en comisiones para continuar revisando el documento.
Apuntó que desde mañana en comisiones tendrán la presencia de diferentes representantes de poderes y dependencias como del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Instituto Electoral, de una asociación civil y del secretario de Salud.
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