■ Dice que en su puesto contrataron “a una licenciada en Derecho para realizar el trabajo de un médico veterinario”
María de Jesús Contreras Castañeda trabajó durante 10 años en el rastro municipal de Guadalupe como supervisora de carnicerías.
En días pasados fue despedida bajo el argumento de que el ayuntamiento no tiene recursos para continuar pagándole el salario; no obstante, la afectada aseguró que su plaza no quedó vacía, sino que fue contratada otra persona pese a que según las propias autoridades no se tiene dinero.
Sostuvo que en su puesto contrataron “a una licenciada en Derecho para realizar el trabajo de un médico veterinario”.
Éste es sólo uno de los cerca de 140 casos de trabajadores del ayuntamiento de Guadalupe despedidos con la llegada de la nueva administración y quienes este viernes acudieron a la Legislatura del estado para denunciar la situación por la que están pasando.
Alejandro Rivera Nieto, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), acompañó a las personas despedidas y sostuvo que el basar las rescisiones de los contratos en la falta de recursos implica que se trata de “despidos injustificados notorios, sin argumentos”.
Sostuvo que las personas despedidas tienen desde 8 y hasta 14 años trabajando en el ayuntamiento, con base y salarios mínimos de mil 500 o 2 mil pesos “que son para subsistir”, por lo que calificó la actitud del ayuntamiento como “un atropello” a sus derechos.
Incluso dijo que, según le han informado los afectados, el ex alcalde Enrique Flores les envió un abogado para representarlos en sus demandas en contra de la actual administración.
Esto es lamentable, expuso, “porque están jugando con la dignidad de la clase trabajadora, cuando jamás les hicieron caso” mientras estuvieron en el cargo, refiriéndose también al ex contralor del municipio.
Hizo un recuento de los despidos que se tienen cuantificados en otros municipios hasta el momento, como los 360 de Villanueva y los 240 de Trancoso, y calculó que a nivel estatal podrían estarse alcanzando los 7 mil trabajadores separados de sus cargos con la llegada de las nuevas administraciones.
