Un nuevo caso para la Fepade ¿Crecerá la impunidad?

La legalidad de la democracia mexicana ha sufrido muchas reformas tendientes a su perfeccionamiento, no obstante, enfrenta desafíos muy importantes para garantizar la emisión del voto auténtico enunciado en la constitución. Entre las muchas prácticas que atentan en su contra destacan la compra y coacción del voto, recuentos dudosos y discrecionales de los votos, listas de votantes infladas o rasuradas, uso de encuestas con fines propagandísticos, campañas mediáticas orquestadas desde el poder para favorecer a unos y perjudicar a otros, falta de seguridad en la cantidad de boletas impresas, votos anulados sin justificación y, finalmente, en caso de derrota, falsificación de actas de resultados o anulación arbitraria de los comicios, todo ello contraviniendo la voluntad de los electores. Indudablemente, estas violaciones graves a los derechos humanos socavan la credibilidad electoral y, sobre todo, la legitimidad de las instituciones republicanas.
El pueblo mexicano sabe mejor que casi cualquier otro, que la mera celebración de elecciones populares no es suficiente para legitimar el ejercicio del poder público; una gran proporción de los electores han sido testigos y/o actores de alguna de las prácticas señaladas, aunque no todos tienen claro el inmenso daño que esas conductas hacen a nuestra convivencia pacífica. Para empezar, se menoscaba la autoridad moral de los nuevos gobernantes quienes, a querer o no, se vuelven rehenes de quienes operaron la acción fraudulenta; el ejemplo más notorio es el de la compra del voto con dinero en efectivo, con materiales de construcción o con tarjetas, da lo mismo. El gobernante así electo está comprometido a pagar el favor al o los padrinos, y con ello se desencadenan una serie de conductas que lo van comprometiéndo más y más hasta que de plano olvida sus compromisos de procurar el bienestar general y se obsesiona con el vicio de la corrupción.
Cuando partidos y/o candidatos enfrentan competencias que se ganan con dinero ilegal, muy frecuentemente aceptan dinero proveniente del crimen organizado, armado o de cuello blanco, lo que los vuelve vulnerables a las presiones para que les entregue posiciones en el sector seguridad o en el de la obra pública. Ese fue el camino franco a lo que hoy tenemos: un Estado capturado por intereses privados que nada tienen que ver con el bienestar general y que explican el crecimiento del vicio gemelo de la corrupción: la impunidad
El caso que hoy presentan nuestro periódico y el medio digital La colmena de la compañera Lucia Medina, es solo una muestra de la grave deformación institucional que se produce cuando los servidores públicos olvidan sus obligaciones y utilizan los recursos de todo tipo puestos a su disposición, para apoyar al candidato del partido en el gobierno. Aunque el caso en sí mismo es muy grave, se convierte en mucho más condenable si atendemos a que el Conafe maneja programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables. Lamentablemente, todos sabemos que vivimos en el reino de la impunidad y, por ello, lo más probable es que el caso no tenga consecuencias, sin embargo, estimados lectores, la emisión del voto el día primero de julio se puede convertir en un instrumento para sancionar a los responsables.