SNTMMSRM buscará que se retire a Germán Larrea concesión de la Mina San Martín

SNTMMSRM buscará que se retire a Germán Larrea concesión de la Mina San Martín

“Nosotros estamos demostrando la legalidad de la huelga”: Óscar Alzaga

Considera que el dueño de Grupo México ha demostrado en 10 años una “política generalizada” de acudir a recursos ilegales, a la par de negarse a la conciliación

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) buscará que se le retire la concesión de la Mina San Martín, ubicada en la comunidad de mismo nombre, en Sombrerete, Zacatecas, a Germán Larrea.
Óscar Alzaga, uno de los abogados de la organización refirió en sustento que la Ley Minera precisa que las concesiones deben otorgarse “para beneficio de la comunidad”, y Larrea, dueño de Grupo México, cuya filial, Industrial Minera México SA (IMMSA) tiene la que corresponde a la Mina San Martín, ha demostrado a lo largo de más de 10 años no sólo con este caso, una “política generalizada” de acudir a recursos ilegales, a la par de negarse a la conciliación, perjudicando así a las poblaciones donde se encuentran estos yacimientos mineros.
Recordó que tanto en Sombrerete como en Taxco y Cananea, todas ellas, minas cuyas concesiones posee este hombre, uno de los más ricos del país, estallaron a huelga al mismo tiempo sin que hasta el momento se hayan solucionado los conflictos obrero-patronales.
En el caso de la Mina San Martín, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros acaba de obtener el pasado 15 de enero un amparo concedido por la juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, Rebeca Patricia Ortiz Alife.
Aunque precisó que la resolución judicial aún no queda firme y puede ser que su contraparte interponga un recurso para combatirla, expuso que “nosotros estamos demostrando la legalidad de la huelga”, y agregó la observación de que 95 por ciento de los conflictos obrero-patronales no sólo en México sino en el mundo, se resuelven por la vía conciliatoria, a la que se ha negado Larrea sistemáticamente.

“Por lo tanto lo que tenemos que solicitar, y no sólo los trabajadores, el Sindicato minero y la comunidad, es que se le retire la concesión y se le entregue a quien sí la ponga a trabajar”.
Ese será el siguiente paso, anunció, luego que como esperan se ejecute el mandato judicial de la juez que les otorgó el amparo contra el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), quien al emitir el laudo derivado del litigio por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) no estudió dos aspectos fundamentales del asunto de fondo.
Uno de ellos el recuento de los votos, pues en el caso del padrón que presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana que pelea contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros el CCT, se registran 60 obreros con doble militancia sindical, 16 cesados y 11 muertos.
“Eso es un golpe muy severo porque al tenerlo que estudiar –la JFCA- va a tenerlo que reconocer, esa es nuestra apreciación”.
Ortiz Alife también mandató que la instancia analice el tema de haberse violentado una huelga legalmente reconocida, pues el Sindicato de Beneficio de Minas tomó las instalaciones en ese contexto, algo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tampoco tomó en cuenta para emitir el laudo a favor de esta organización concediéndole la titularidad del CCT.
Al respecto de este tema Óscar Alzaga agregó que en el expediente que se sigue por el tema de la huelga, también el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros solicitó hasta cinco veces y en diferentes fechas, “que la Junta sacara a estas gentes porque está prohibido que una huelga declarada legal se rompa o esquirolee o se ataque”, según lo señala el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que lo considera “una ofensa a la sociedad”.
“Es una protección mínima para el derecho de huelga y nunca nos hizo caso la Junta”, dijo.
El abogado también refirió que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y todas las constituciones estatales así como la general del país, señalan como una obligación del gobierno el “mantener el orden y la paz”.
“Y el orden y la paz en la mina es que se nos respete nuestro derecho de huelga y dejaron que estos patanes se metieran ahí como lo habían hecho antes los de la CROC, que fueron los que originalmente lo hicieron”.
Señaló que tanto en el caso de la Mina San Martín de Sombrerete, Zacatecas, como en Taxco y Cananea, ha habido una serie de intervenciones por parte de la empresa en colusión con las autoridades federales.

Un tránsito de empleados de Larrea que se han convertido en funcionarios o que lo han sido y luego se convierten en sus empleados, pero también la connivencia ilegal a favor de Grupo México, de otros. “Esa es una descomposición muy grave”.
Las huelgas como se ha expuesto, estallaron hace más de 10 años, y en el periodo comprendido entre el 2009 y 2010, quien fuera abogado de Grupo México “de pronto apareció como flamante secretario de Gobernación”, dijo refiriéndose a Fernando Gómez Mont.
En esa misma temporalidad el actual vicecoordinador de mensajes del precandidato a la Presidencia de la República por el PRI (José Antonio Meade Kuribreña), Javier Lozano, se encontraba en la titularidad de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS).
“Quien de manera por demás torpe, por decirlo así, se entrometía en las resoluciones que tenía la JFCA, sobre todo respecto a las huelgas”.
Pero las redes de Larrea al interior del Gobierno Federal prosiguen, pues uno de quien ubica como negociador a favor del magnate al interior de la de la STyPS, Rafael Avante, ahora funge como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaria de Gobernación, personaje además “muy amigo” de quien estuvo en la cartera de la Secretaría de Asuntos Colectivos en la JFCA cuando estallaron las huelgas (2007-2012), Gary Pérez; en este momento abogado de Grupo México.
“¿Si me explico cómo en estos cuatro casos se cierra el círculo? (…) entonces nosotros también lo denunciamos, cuando menos para dejar en claro ante la opinión pública y ante las mismas autoridades quienes son estas gentes ¿Cómo es posible que el señor que fue autoridad ahora aparezca  como abogado de una de las partes en conflicto?”.
Oscar Alzaga integrante del Departamento Jurídico del Sindicato Nacional de Mineros, dijo que están a la espera de que se cumpla el plazo que tienen sus contrapartes, tanto Grupo México como el Sindicato de Beneficio, para interponer algún recurso que combata el amparo que recién les ha concedido la juez de Distrito, mismo que vence en los primeros días del mes de febrero.
Hasta el momento esto no ha ocurrido pero en caso de que lo hagan, será aproximadamente en un mes o mes y medio, que la autoridad decidirá si procede o no, y en este último caso la sentencia sería definitiva, lo que implicaría que entreguen las instalaciones de la fuente de trabajo a la Sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la JFCA revise el padrón “falso”, que presentó el Sindicato de Beneficio, expuso.

“Eso es muy importante porque en caso de que ganemos estaría perdiendo Grupo México por segunda vez la misma demanda que primero interpuso a nombre de la CROC, y ahora a través de este sindicato blanco de Monterrey”.
Al respecto de las prácticas de Germán Larrea, agregó que “tercamente ha acudido a expedientes que además de ilegales no dan ninguna solución, y la Ley de Minería dice que las concesiones se deben de dar para beneficio de la comunidad”.
En el caso de Taxco, refirió para sustentar que el magnate reincide en este tipo de métodos, “dos veces nos demandaron el agotamiento de la mina y por tanto la terminación de las relaciones de trabajo, y en los dos demostramos que no había tal, que era un recurso ilegal para no llegar a un acuerdo en la huelga”.
Respecto del litigio en la emblemática Cananea, comentó “que es donde nos trataron peor, por eso estuvo Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación”, pero el asunto ya se encuentra dirimiéndose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
“Va bastante bien pero no lo hemos podido ganar todavía, pero si llegáramos a ganar sería una cuestión casi espectacular porque la CIDH y su corte tienen carácter vinculante”. Es decir, de acatamiento obligatorio para las autoridades mexicanas.
“Nosotros tenemos la seguridad de que vamos bien porque nos estamos apegando a lo que es la ley. Entonces en los tres casos estallaron las huelgas el mismo día y a la misma hora, no sería problema de un solo caso, de una sola mina, o de una sola sección –sindical- sino que es una política generalizada de Germán Larrea”.
En ese sentido, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM), que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, acudirá a la Secretaría de Economía quien a través de la Dirección de Minas otorga las concesiones mineras que además, precisó, firma el Presidente de la República.
“Entonces seria con ellos mismos que tendríamos que acudir solicitando la cancelación en términos de la Ley de la Minería, toda vez que durante 10 años han permanecido inactivas –las minas de San Martín, Sombrerete; Cananea y Taxco-  por necedad de este señor a resolver el conflicto, y porque ha acudido a vías que no son las legales para alargarlo y todo eso está documentado”.

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