Organizaciones exigen a Godezac “seriedad” para abordar el problema de la violencia de género

Organizaciones exigen a Godezac “seriedad” para  abordar el problema de la violencia de género

La respuesta que dio el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna al pliego petitorio de 14 puntos que el pasado 3 de noviembre le entregó la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres, fue “vaga e insuficiente” y no evidencia que su administración “cumpla con el ciclo de la política pública –diagnóstico, diseño, planeación y evaluación-“, por lo que la organización le exigió “seriedad” para abordar el problema de la violencia de género en el estado de Zacatecas.
Solicitó para ello la implementación de una “política transversal que involucre a todas las instancias del Gobierno estatal con presupuestos y acciones claras”.
Ejemplificó su crítica con la asignación de recursos al proyecto del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que observó, fue aprobado sin un diagnóstico serio sobre la violencia de género en la entidad, con apenas un millón 550 mil pesos, que “pretenden ser suficientes para seis componentes que engloben 66 acciones, de las cuales solo 21 cuentan con presupuesto” además magro, expuso.
“Las mujeres y niñas en Zacatecas seguimos siendo asesinadas ante la indiferencia e inacción de la autoridad. Desde la sociedad civil y el movimiento feminista nos negamos rotundamente a hacer parte de nuestra normalidad este clima de violencia desbordada y esperamos pronta respuesta de su parte como principal responsable de las políticas públicas del Ejecutivo del estado”, expusieron en conclusión.

Integrantes de la Unidad dieron lectura ayer al documento en que, punto por punto, hicieron observaciones a la respuesta que recibieron de Tello Cristerna a través de la Secretaría de Gobierno, “la cual consideramos parte de la simulación que envuelve el actuar de la instituciones gubernamentales en lo que refiere a la problemática de desigualdad y violencia de género, ya que la información vertida contiene acciones principalmente en manos de la Secretaría de las Mujeres (Semujer) y no así de todas las dependencias del gobierno estatal, como lo exige la transversalidad e integralidad contenidas en tratados internacionales y leyes nacionales”.
La organización manifestó su rechazo categórico a la postura expresa en la contestación del titular del Ejecutivo del estado, pues señaló que “observamos que el mensaje central es que todos los puntos que vertimos en nuestro pliego petitorio han sido resueltos por su gobierno”.
Criticaron no obstante que ese estado de cosas no se refleja en la vida cotidiana “de quienes transitamos sin escolta por espacios públicos y privados”.
El señalamiento es que la respuesta de Tello Cristerna “denota que no existe una estrategia clara para el diagnóstico, aplicación y evaluación de una política pública integral que prevenga, atienda y sancione la violencia contra las mujeres”, por lo que los feminicidios permanecen impunes, pues dijeron que “todavía no hay investigaciones que satisfagan la demanda de justicia de las víctimas, familiares y de la comunidad”, además de que cada vez ocurren “con mayor violencia y crueldad”.

Para ilustrar “la simulación” de atención a su pliego petitorio dieron lectura a algunos de los puntos y la respuesta recibida.
Por ejemplo, respecto del cumplimiento “expedito” al punto de acuerdo aprobado “por la Comisión Permanente del Congreso para implementar una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la entidad”, para la que solicitaban como plazo máximo, marzo de este 2018, la respuesta del gobierno de Tello Cristerna se remite a señalar que ya implementa “acciones integrales, coordinadas e interinstitucionales” para ello, y para acatar lo que señala la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la legislación local.
La administración señala que tiene presencia en el Sistema Nacional de Violencia y que el Sistema Estatal correspondiente sesiona ordinariamente y tiene participación ciudadana.
La postura de la Unidad fue que esta respuesta es “vaga e insuficiente”, pues no específica acciones ni resultados. Por lo que solicitan que estos puedan verificarse.
Criticaron asimismo que ya un presupuesto insuficiente destinado a la Semujer se gaste en reuniones de los Sistemas sin que deriven de ello avances, y solicitaron entonces, los indicadores que “contentan fechas de reuniones, acuerdos y cumplimiento de los mismos”.
Respecto de su solicitud de la creación de una contraloría ciudadana que observe el diseño, implementación y evaluación de la política integral para atender la violencia contra las mujeres y la asignación de presupuesto para ello, la respuesta del gobierno fue que ha establecido ya mecanismos para que las Organizaciones de la Sociedad Civil se integren a las instancias de participación y consulta de las políticas públicas y que el Programa Estatal de Violencia recién creado, ya contempla la creación de un Observatorio Ciudadano de “vigilancia y observación de la política integral de atención a la violencia” que dice, se constituirá próximamente.
En respuesta la organización señala que su solicitud especifica la creación de una instancia exclusiva para el tema de las mujeres que no existe, y por lo cual no se atiende de manera concatenada ni transversal el problema para llegar al objetivo de erradicar la violencia en su contra.
Observa también que el citado Observatorio del Programa Estatal contra la Violencia “no cuenta con presupuesto asignado en el proyecto”.
En otro de los puntos, Gobierno del Estado solicitó a quienes demandaban una investigación sobre la corrupción al interior del Centro de Justicia para las Mujeres, que dicen se han presentado en los últimos meses en su operación, que denuncien “para que los responsables de corrupción sean investigados por la Procuraduría”.
Esta respuesta fue calificada de absurda, pues uno de los presuntamente implicados es el propio subprocurador encargado de las investigaciones.
Dijeron que si hubiera voluntad de atender este tema se le separaría del cargo temporalmente para que se llevara a cabo “una investigación transparente y efectiva”, por lo que concluyen, “no hay garantía de justicia”.
Acerca de la petición de fortalecer al Centro de Justicia para Mujeres, que han denunciado presenta carencias de personal, además capacitado en perspectiva de género para que se extienda la atención al turno vespertino, señalaron que no hubo respuesta del gobierno de Alejandro Tello.
Manifestaron ante ello su preocupación, pues existe incongruencia en el discurso que señala entre sus objetivos principales a la prevención de la violencia.
“La violencia familiar contra las mujeres y las niñas no respeta horarios”, pero además justo detrás de los feminicidios se encuentra comúnmente un vínculo entre los perpetradores de los crímenes y la víctima, pues corresponden a su círculo familiar, expusieron.
La Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres también señaló que hubo omisión a la petición de que el gobernador cumpliera uno de sus compromisos de campaña, el de construir y poner en funcionamiento “cuando menos” otros dos Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad, a fin de no centralizar en la capital del estado sus servicios.
El documento leído ayer dijeron se entregaría el mismo día al mandatario estatal, con copia a la secretaria general de Gobierno, Gilda Fabiola Torres Rodríguez, y a la titular de la Semujer, Adriana Rivero Garza.
La organización también se manifestó respecto de las declaraciones del diputado federal priista Benjamín Medrano Quezada, quien sostuvo que los hijos de madres solteras se convierten en criminales por su desatención.
El pronunciamiento de la Unidad añadió una crítica a la omisión del tema por parte de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, al propio PRI y la Cámara de Diputados.
“Esta situación las hace cómplices de un sistema corrupto y patriarcal que invariablemente termina discriminando, estigmatizando y culpabilizando a las mujeres de problemas que requieren el compromisos y conocimiento informado de quienes diseñan las leyes y quienes las hacen cumplir”.
Agregaron asimismo una crítica a las expresiones sexistas, y dijeron homofóbicas, que también se expresaron el pasado 20 de enero por parte de la ex diputada perredista Guadalupe Hernández contra la legisladora local del mismo partido, María Elena Ortega Cortés, manifestando una exigencia al Partido dela Revolución Democrática para que haya una investigación al respecto.

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