“Es común escuchar que el diputado “X” gestionó cierta cantidad de recursos para la educación; y que gracias a las gestiones de la diputada “Y” se obtuvieron recursos adicionales para las mujeres, pero no es otra cosa que el uso de los recursos públicos para promocionar la imagen del político en cuestión (…) La pobreza, desempleo, inseguridad, falta de educación o que las personas tengan deudas, son las mejores condiciones para que un pueblo sea manejado al antojo del sistema; un pueblo con educación, sano, solvente y sin miedo es difícil de manipular”.
Así explicó el docente-investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Roberto Solo Esquivel, por qué se manejan los recursos públicos “de manera poco ética y opaca”.
Tal como se ha expuesto en los últimos días gracias al caso “Corral-DuarteChihuahua”, existe un manejo discrecional de los recursos extraordinarios que desde la Federación se dirigen a los estados, especialmente el denominado Ramo 23, comentó.
“La falta de información verídica y un adecuado sistema de responsabilidad que permita verificar y sancionar en tiempo, son algunas razones por las cuales se pueden disponer y manejar los recursos públicos de manera deficiente para el propósito original; pero de forma efectiva para el beneficio personal o de grupo político”, dijo.
Justo es “el combate” a la pobreza y al desempleo los mejores ejemplos de que las problemáticas “no disminuyen y sólo se administran” desde los interés políticos particulares o de grupo, gracias a que en México la distribución de los recursos públicos no sigue los principios básicos que debería tener, esto es, apegarse al ciclo: planeación-presupuestación-ejercicio-evaluación-fiscalización; y comenzar nuevamente con la planeación”.
Desde un principio se carece de una planeación que considere un diagnóstico correcto de la problemática a tratar; así los recursos públicos no se asignan de manera ordenada, y mucho menos se evalúa si se cumplió el propósito para el cual fueron asignados, dijo.
Sí hay especificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal para el ejercicio de estos recursos, “en teoría”, comentó Soto Esquivel, mismos que aparecen en el apartado “De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales”.
Entre ellos se señala que se deberá “hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios”.
De igual forma se precisa que debe promoverse “la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar”.
Pero lo que se plantea no sucede en la realidad debido a una falta de ética de los gobernantes pero también a una apatía de los gobernados que genera un círculo vicioso que hasta el momento no se ha podido romper, y que atiende asimismo a un tema de recaudación.
“Si se recauda poco y los que tienen más pagan menos, y los que siempre pagan lo hacen cada vez más, pero también se asignan mal los recursos…”, se verifica el citado ciclo.
Roberto Soto Esquivel dijo coincidir con uno de los candidatos a la Presidencia que ubica el principal problema de México en sus niveles de corrupción e impunidad, y observó que las comisiones de Hacienda en la Cámara de Diputados, “siempre” se mantienen en poder de cuadros del régimen.
“A los denominados partidos de izquierda, se les deja, qué se yo, las comisiones de grupos indígenas y cosas así; que no tienen nada que ver con el dinero; por eso esto de acuerdo…son una mafia”.
