La fiscalización durante los procesos electorales del 2018, federal y locales, será referente de importancia para que exista claridad sobre el origen de los recursos que se utilizarán durante el periodo que éstos conlleven, deberá trascender, teniendo un trabajo que permita que transparencia y cero opacidad con el propósito de que se reivindique la política en México.
Los ingresos y egresos en las campañas electorales fue el pilar primordial de la reforma electoral del 2014, por ello, el objetivo principal de la fiscalización es que se recupere la imagen de la política democrática en el país, con ello, que exista certeza entre la ciudadanía de que los recursos públicos de los gobiernos estatales y del federal no están siendo desviados a asuntos partidarios o bien que el dinero no tiene dudosas procedencias. Todo con el propósito de que el primero de julio las y los mexicanos acudan a votar en libertad.
Precisamente para que la ciudadanía acuda a emitir su voto, es necesario que se atiendan a la brevedad los diversos casos de corrupción e impunidad que han salido a la luz, en los que personajes del PRI se involucran directamente, por ejemplo, José Antonio Meade Kuribreña, precandidato del PRI a la presidencia de México y exsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también extitular de la SHCP, ambos durante la administración de Peña Nieto.
Meade Kuribreña, tiene que ser investigado de manera pronta y expedita por contextos de corrupción y desvío de recursos públicos, durante su gestión en la SHCP, para favorecer las campañas electorales del PRI, conducta que también involucra a los exgobernadores de ese partido. Se sabe que existieron malos manejos de recursos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, donde la secretaría que él dirigía fue cómplice, pues, era del conocimiento de la Unidad de Inteligencia de la SHCP, sin que se hiciera algo al respecto para aplicar el marco de derecho en dichas conductas ilícitas.
Meade Kuribreña, actual precandidato único a la presidencia de la República del PRI, del PVEM y del PNA, es responsable por omisión, porque en su momento no actuó para evitar que se dieran, o bien, para que se castigaran, al contrario, lo permitió. Su deber garante era encabezar investigaciones profundas y deslindar responsabilidades para que se sancionara como lo establece la ley a los involucrados, pero, encubrió los hechos, mismos que, ahora son referentes del probable origen de los recursos que el PRI utilizará durante las campañas electorales federales y locales de los procesos electorales 2017-2018, en las que Meade Kuribreña será un sujeto obligado y activo.
Otro responsable de la corrupción que se ha venido dando en el gobierno de Peña Nieto es Luis Videgaray, pues, durante su mandato en la SHCP, indudablemente también fue cómplice y encubridor de diversos casos de corrupción y desvío de recursos públicos del gobierno al PRI.
Un ejemplo claro es Chihuahua, según el exsecretario de Hacienda de ese estado durante el gobierno de César Duarte, la SHCP desvió millones de pesos a las campañas locales en 2016 para favorecer al tricolor.
Los desvíos de recursos públicos en Chihuahua para PRI en el 2016, son referente que nos anuncia la forma en que ese partido participará en los procesos del 2018, el uso dinero público en las campañas significa la posibilidad de obtener un mayor número de votaciones en su favor, lo que trae consigo la violación a la equidad en la contienda.
Lo anterior es un alerta clara para que las autoridades competentes vigilen y exijan a los partidos políticos que transparente el origen de los recursos que se están aplicando durante las campañas de este proceso electoral.
Los involucrados en situaciones de desvío de recursos ya sea de acción u omisión, deben estar en la cárcel, las autoridades tienen que actuar en consecuencia, castigar a los responsables de esos graves delitos de corrupción, donde el dinero público fue utilizado con fines partidistas.
Todos los casos de corrupción tienen que ser investigados; desde el periodo de precampañas la ciudadanía puede mostrar apatía y desconfianza, lo que generaría que las votaciones del primero de julio resulten a la baja, por ello, las autoridades competentes deben intervenir y castigar a todos los responsables de los actos ilícitos que vienen a afectar el ejercicio de la democracia en México.
En las investigaciones tienen que estar incluidos Antonio Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso, para esclarecer los diversos actos ilícitos y de corrupción para favorecer al PRI en procesos electorales pasados. De ser necesario, tienen que ser juzgados, al igual que todos los exgobernadores y funcionarios y exfuncionarios públicos que están involucrados en los asuntos ilegales que ahora están a la luz pública.
Es por ello que el Sistema Integral de Fiscalización del INE debe seguir perfeccionándose, debido a que todos los partidos políticos y candidatos independientes tienen la obligación de rendir cuentas del ingreso y gasto actividades de campaña y precampaña, con ello, fortalecerán la confianza y participación ciudadana del próximo primero de julio.
La autoridad fiscalizadora del INE, junto con la FEPADE, deben establecer mecanismos de coordinación en la investigación para detectar el uso de recursos ilícitos que no son reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF” del INE, para imponer de manera pronta y expedita, acorde a sus respectivas competencias, las penas y sanciones que conforme a derecho corresponda. ■
*Representante del Partido de la
Revolución Democrática ante
el Instituto Nacional Electoral (INE)
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