■ “En aquel momento la Secretaría de Educación del gobierno anterior no determinó la culpabilidad del docente”
■ Advierte que aceptará todas las recomendaciones “que de derechos humanos vengan”
■ Dice que ataque sexual a cuatro niñas por parte de un maestro se registró en 2016
Tras los señalamientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acerca del caso de abuso sexual por parte de un maestro en contra de cuatro niñas de un kínder, el gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que el profesor ya fue separado de su puesto y sostuvo que acatará todas las recomendaciones que provengan de este organismo.
Antes de exponer las medidas que se tomaron al respecto, el mandatario estatal inició su respuesta ante los medios de comunicación resaltando que los hechos no ocurrieron durante su administración, sino que se cometieron en el sexenio pasado, en concreto, en el mes de mayo de 2016.
Destacó por tanto la temporalidad de los abusos sexuales y, posteriormente, apuntó que en aquel momento la Secretaría de Educación del gobierno anterior no determinó la culpabilidad del docente.
“La Secretaría de Educación, en aquel momento, en el gobierno anterior, definió que no había culpabilidad por parte del maestro”, apuntó y expuso que, por ello, cuando llegaron a encabezar la administración estatal el profesor todavía no había sido despedido.
Fue hasta que asumió su responsabilidad como gobernador cuando se separó de su cargo al maestro acusado de haber cometido estos abusos en contra de las menores, enfatizó.
Tello Cristerna señaló que la de la CNDH “es una recomendación que está llegando de un periodo pasado, pero claro que la voy a aceptar y la voy a seguir (…). En mi gobierno no habrá tolerancia a ese tipo de situaciones y todas las recomendaciones que de derechos humanos vengan las voy a aceptar”.
La Comisión, en la recomendación número 76/2017, recuerda que el caso llegó a ser de su conocimiento porque las víctimas manifestaron que la primera recomendación emitida por el organismo estatal de derechos humanos les pareció “insuficiente” y que “no garantizaba la no repetición de las faltas cometidas por el profesor”.
Tras analizar e investigar los hechos, la CNDH concluye con una serie de recomendaciones y exigencias para el Gobierno estatal, que van desde la reparación del daño a las víctimas hasta las sanciones a los responsables del hecho y que son tanto el profesor como las autoridades involucradas.
Entre los servidores públicos a los que deben ampliarse las consecuencias de este caso, precisa la comisión, están “las autoridades que administrativa y laboralmente sólo ordenaron la ‘reubicación del profesor’, y las que instruyeron que se procediera a la evaluación de las niñas ‘para determinar si decían la verdad o mentían en relación con el profesor’, lo que en última instancia infringió el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas”.
La CNDH sostiene su rechazo hacia estas conductas y “manifiesta una especial preocupación porque las agresiones sexuales que sufren las niñas en centros escolares en el país queden impunes, porque estos hechos pueden conllevar la normalización de una subcultura de la violencia en contra de las menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
