¿Menos instituciones, más ciudadanía?

¿Menos instituciones, más ciudadanía?

La premisa de la que parte la concepción de la democracia es que la base de los equilibrios de ésta se darán a partir de la participación, activa, informada y deliberada de la masa social. Los distintos modelos de división de Poderes fundaban su confianza en el funcionamiento de una sociedad vigilante, que tomara decisiones e hiciera rendir cuentas a sus representantes a partir de la máxima herramienta de participación: el voto. Cabe destacar que no todos los fundadores de la teoría democrática moderna creían tanto en la capacidad popular, por lo que, por ejemplo, los padres fundadores de la Unión, en el vecino norte, crearon el Colegio Electoral, para que funcionara como filtro a las amenazas al sistema liberal (claro es que 250 años después podemos dudar mucho de su efectividad).

En las democracias avanzadas existen más bien pocas instituciones. El funcionamiento de su sistema político, con equilibrios y control del poder se ejerce a través de la base de la tradicional división de poderes, es decir, las instituciones se aglomeran en tres grandes órganos constitucionales: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, del que parten comisiones, ministerios, departamentos o institutos, que realizan sus funciones con un alto grado de autonomía y rigor técnico-jurídico, sin tener que pasar por un diseño constitucional que los emancipe de sus matrices constitucionales.

En México sabemos que no es así. A la tradicional división de poderes, se agregó a partir de los noventas y en las administraciones de Salinas de Gortari y Zedillo, la figura de órganos constitucionales autónomos (OCAs) que han venido creciendo en esta ya larga transición política. De acuerdo con Castellanos Hernández (Los órganos constitucionales autónomos, antes y después del pacto por México, en: Historia y Constitución, Homenaje a José Luis Soberanes Hernández), luego del Pacto por México, existen a nivel federal en total 29 figuras de autonomía, mas como él mismo lo señala, su selección no es coincidente con los criterios más aceptados de la Doctrina Constitucional. Sin embargo, para la temática de este texto, sí podemos hablar de una ya larga lista de OCAs, que con la suma de las reformas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, podrían sumar más de quince, sí a estos agregamos los tres poderes preexistentes, estaríamos hablando de una órbita de instituciones constitucionales de casi una veintena. Desconozco sí hay democracias en el mundo con tal magnitud de diversidad en ese nivel de organización política, pero es de dudarse.

Lamentablemente a nuestra búsqueda de imparcialidad, transparencia y eficiencia político-jurídica, hemos ido agregando más y más burocracia. Es cierto, sin embargo ¿hay otra salida? La respuesta es sí: la formación de ciudadanía. Casi todas las funciones de los OCAs se han venido desprendiendo del Poder Ejecutivo, y en recientes fechas del Poder Legislativo. Es decir: la desconfianza que nos generaba el Presidencialismo se democratizó y engulló al parlamentarismo mexicano. Todo ello pasa por un endeble Estado de Derecho y un cínico reconocimiento a las ausencias de legalidad y ética política. Nuestro realismo político se ha impuesto, sin que por ello hayamos generado topes sustanciales y naturales a nuestra desgracia histórica.

No necesariamente se trata de renunciar a la existencia de los órganos constitucionales autónomos, que por demás, muchos de ellos han generado una ya larga historia de consistente credibilidad, confianza y certidumbre, pero sí de apostar por la autonomía más natural y plena: la del ciudadano, que solo se dará a su vez, combatiendo de verdad la desigualdad, miseria y distancia cívica que hoy tiene a los mexicanos sumergidos en una vorágine de escepticismo, presos del clientelismo político que no abona, al contrario, impide la más elemental accountability: es decir la rendición de cuentas a través de un voto deliberado, libre y válido.

Solo un apunte final, atrevido pues está fundado en la percepción y no en la información precisa: ¿un ambicioso, integral y funcional programa de educación cívica general, aunado a una propuesta seria de ingreso básico universal, saldría más caro que la manutención de todos las instituciones que hemos creado para suplir al ciudadano? ■

 

@CarlosETorres_

www.deliberemos.blogspot.mx

 

 

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