Las mujeres, en Zacatecas y en México, tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, pero hoy que la LXII Legislatura está por concluir este periodo ordinario, debo reconocer que no fuimos capaces de tipificar la violencia política en contra de las mujeres como un delito en el Código Penal del Estado.
Pero esta Legislatura, en la cual las cuotas de género tuvieron un gran impacto logrando por primera vez en la historia, un 53 por ciento de mujeres –somos 16 diputadas–, no pudimos imponernos y exigir que la iniciativa en referencia pudiera ser dictaminada, discutida y aprobada.
Fue el 26 de octubre de 2016, sí del 2016, cuando a instancias de la diputada María Elena Ortega Cortés, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y el Código Penal. Hasta hoy, esto no avanzó.
La propuesta implica poner el acento en la restricción del goce pleno de los derechos evocados considerando que la violencia política de género tiene un axioma restrictivo de la libertad y que atenta contra la paz y seguridad jurídica de las mujeres en el desempeño de los cargos públicos y en su participación y derechos políticos constitucionalmente establecidos.
Y es que, lo sabemos, la violencia política sin duda es una forma de contención a la participación de las mujeres que, de conformidad con el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, implica todas aquellas acciones y omisiones como la que tienen como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
La lucha que muchas mujeres han dado para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país, además de garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, no la podemos soslayar. ¡Jamás!
Pero es preocupante que, si persisten cuestiones estructurales como la violencia política que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público, seamos las propias diputadas zacatecanas las que no hayamos pugnado con fuerza para salvaguardar nuestros propios derechos como mujeres involucradas en el ámbito de la política.
Era nuestra obligación crear un marco normativo específico sobre violencia política para brindar un margen de actuación más amplio y concreto a las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
Era nuestro deber exigir desde nuestra posición a los partidos políticos, el contar con protocolos para prevenir y atender la violencia política, además de fortalecer sus áreas de género y realizar acciones de prevención y sensibilización. Pero no lo hicimos.
Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estemos en condiciones de igualdad para desarrollarnos en el ámbito político-electoral.
No pasemos por alto que la violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, y puede efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio.
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo mujeres políticas en Zacatecas han sido violentadas y que, lamentablemente, no fuimos más allá de lanzar una tibia condena desde la curul. Por eso debemos aprender de nuestros errores, hacer uso de esa mayoría que ostentamos, de esa fuerza que nos caracteriza, de esa amplia capacidad de la que gozamos, para poner un alto definitivo.
* La autora es diputada local
