- Se conformará por tres magistrados designados por la Legislatura local
Este martes, los diputados locales aprobaron la validez de 42 candidatos que aspiran a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que se creó en meses pasados como parte del andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el texto avalado por todos los legisladores presentes en la sesión ordinaria de ayer se recuerda que este tribunal fue creado recientemente como “un organismo jurisdiccional con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones”.
Éste, se expone, se conformará por tres magistrados designados por la Legislatura local y, por única ocasión, en el primer periodo durarán uno de ellos tres años, otro estará en el puesto cinco años y el último ejercerá está función durante siete años.
La normativa establecía que a más tardar el 31 de octubre debía iniciarse el procedimiento de selección de estos funcionarios, por lo que ese día fue emitida la convocatoria, en la que finalmente se tuvo la participación de 42 personas.
Entre estos aspirantes están Osvaldo Cerrillo Garza, subprocurador de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Benito Juárez Trejo, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, y Uriel Márquez Cristerna, ex coordinador jurídico de Gobierno del Estado.
Con el listado de candidatos, el dictamen aprobado informa que se elaborarán “tres listas de ocho candidatos, para que esta Soberanía las remita al titular del Ejecutivo dentro del proceso de selección de tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas”.
En la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local llevada a cabo este martes, los diputados también aprobaron que Gobierno del Estado les done un terreno de más de 22 mil metros cuadrados en las inmediaciones de Ciudad Administrativa para que se construya la nueva sede del Poder Legislativo.
En el dictamen se establece que “el proyecto motivo de la enajenación que se autoriza deberá concretarse en un plazo que no excederá de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. De no cumplirse en sus términos, operará la reversión del predio a favor del patrimonio del Estado. Lo anterior deberá estipularse en las operaciones contractuales que al respecto se celebren”.
Asimismo, se establece que los gastos que se originen a raíz de esta donación correrán en su totalidad a cargo del Poder legislativo.
