■ También demandan que se esclarezca el caso de empresas fachada
Tal como se había anunciado, el Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Politécnica de Zacatecas (Supaaupz) realizó un paro laboral para exigir que la Rectoría firme el Contrato Colectivo de Trabajo que recientemente se sometió a un proceso de revisión.
La protesta se realizó “a raíz de que no se ha signado el Contrato Colectivo de Trabajo, pese a que las negociaciones fueron culminadas, y el mismo se encuentra depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”.
Otra inconformidad del sindicato se refiere a que la rectora Érika Marcela Venegas Badillo emitió convocatorias para la contratación de profesores, “mismas que al no ser transparentes lastiman a la institución, pues no dejan que los mejores perfiles académicos cubran las plazas, ya que las mismas no tienen coherencia. Los perfiles no son los establecidos en la descripción de puestos de docente de cada programa académico, ni los recomendados por las casas acreditadoras como CACECA (Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración) y CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería)”.
De acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato, los programas académicos de Mecatrónica, Industrial y Energía no se encuentran acreditadas ante el CACEI y no sólo eso, pues los dos primeros han perdido su acreditación, mientras que el último no ha logrado alcanzarla. En este año dichos programas no cumplieron con la autoevaluación requerida, no obstante que ya se había efectuado el pago del proceso.
Por otra parte, el Supaaupz cuestionó la contratación de despachos externos y empresas fantasma para realizar algunos servicios, ya que la Universidad cuenta con personal calificado tanto en el área administrativa como académica, cuerpos académicos y CEDEM (Centro de Desarrollo Empresarial) para efectuar los procesos fiscales y gestión de proyectos que se llevan a cabo, por los que el recurso pagado, más de 3 millones de pesos, pudo destinarse en beneficio de la propia comunidad universitaria.
Además, el sindicato encabezado por el secretario general, Víctor Casas Sáenz, señala que “bajo el discurso de la inconstitucionalidad de la reducción salarial, para quien se ostenta como rectora no ha representado un obstáculo la disminución de sueldo para otras áreas. Ejemplo de lo anterior es que durante su administración se han presentado recortes a los titulares del área académica y administrativa en un 30 por ciento. Sin embargo sí es impedimento su propia disminución salarial”.
Ante esa situación, se evidencia que “la falta de competencias de la rectora para dirigir una institución educativa de este nivel, cuya finalidad es el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad; con sus actos y malas decisiones, afecta la vida académica y administrativa de la universidad”.
