La pobreza en México, aunada a la profunda desigualdad existente, son unos de los más fuertes retos –y amenazas también- que enfrenta nuestro país. Según el Coneval, los sectores de la población que resienten la desigualdad de manera acentuada son la población indígena, de la que 73.2% se encuentra en pobreza, y 31.8% en pobreza extrema; las mujeres; los habitantes del medio rural (61.1% de ellos en pobreza), entre otros.
Socialmente, la desigualdad y la falta de oportunidades de futuro, favorece sociedades polarizadas y violentas. La desigualdad se encuentra en la raíz de la tensión social que acabará transformándose en violencia estructural. De acuerdo con un reciente estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, los países con más muertes por conflictos durante 2014 fueron Siria, Iraq y México.
Desde el punto de vista puramente económico, frena el crecimiento e impide que éste sea inclusivo y sostenible. Hoy, mientras el PIB per cápita crece a menos de 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco.
La organización Impunidad Cero presentó su investigación “El sistema jurídico mexicano frente a la desigualdad”, en la que encontró que el Sistema judicial en México genera asimetrías, es de difícil acceso para los que no tienen recursos económicos, lo que beneficia a los particulares que pueden pagar procesos. Por esa razón, en el país sólo se denuncian el 10% de los delitos que se cometen, ya que los procesos judiciales en México generan incertidumbre en términos de tiempo, recursos y resultados.
La vulnerabilidad y la impunidad se distribuyen de forma asimétrica, lo que ocasiona que los privilegios legales y procesos legales sean sesgados; es decir, que el sistema de aplicación de justicia favorezca a los que más tienen. Los niveles de actividad criminal y de homicidios se encuentran asociados con bajos niveles de educación y altas tasas de desempleo entre jóvenes.
Entre otras cosas, que el amparo se ha convertido en un artículo de lujo para la mayoría de los mexicanos. La figura del amparo se ha convertido en un proceso complejo que no es de acceso para todos, ya que beneficia a quienes más tienen, a aquellos que cuentan con un mejor equipo de abogados. Es poco accesible, por lo que en más del 90% de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no violación de un derecho fundamental”.
En los últimos años, se ha constatado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que la desigualdad crece de manera acelerada en la mayoría de los países, siendo México uno de los que presenta los indicadores más acentuados en esta materia. Así, de los 21 de los 34 países de la OCDE sólo dos naciones, Grecia y Turquía, presentaron una ligera reducción de su desigualdad en el periodo 1985-2011.
Sorprende que, siendo la decimocuarta economía del mundo, se encuentre entre los 25 países más desiguales, junto a India y Sudáfrica. Si atendemos a la concentración de la riqueza. Los cuatro mexicanos más ricos concentran el 9% del PIB.
De los 34 miembros de esta organización, Chile y México son los que presentan el mayor indicador de desigualdad. Ambos países se encuentran entre el 25% de las naciones más desiguales del mundo. El 1% de los más ricos concentra cada vez mayor proporción de la riqueza nacional.
Y en medio de la ofensiva realidad nos encontramos con que México se enfrentará a un nuevo proceso electoral en 2018 por la presidencia de la república, y en medio de todas las fuerzas que elevan sus voces y sus mensajes y cantidades inmensas de dinero, pocos proponen construir una propuesta de transición del sistema/régimen/Estado priísta a una nueva estructura de poder.
Pocos están preocupados por razonar que la alternancia es el cambio de élites, la alternativa es una oferta diferente a la existente y la transición implica pasar de un sistema/régimen/Estado priista autoritario y absolutista a uno realmente democrático y de instituciones. No se trata de solamente cambiar de presidente, sino de cambiar el modelo socio-económico que influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas (sobre todo de los menos favorecidos), provoca un deterioro creciente en la calidad de vida, reduce la actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad.
Las estructuras e instituciones del régimen actual están construidas sobre la premisa de fortalecer a grupos oligopólicos que concentran la riqueza, fundados en prácticas de despojo y atraco sobre los sueños, anhelos y riqueza de las grandes mayorías de mexicanos. México se ha convertido en la fuente de riqueza de unos cuantos, mientras otros viven sin descanso, la miseria.
Es trabajo de las fuerzas democráticas de izquierda dar la lucha para cambiar el desigual modelo económico implantado por el PRI y el PAN, construyendo una gran fuerza que unifique los esfuerzos anteponiendo un modelo justo para
todos.
