Diez años de cárcel al migrante deportado que intente reingresar a Estados Unidos. Esta fue la última iniciativa de Donald Trump aprobaba a en la cámara baja por la mayoría republicana, sólo falta que la mayoría republicana en el Senado la apruebe y que Trump la firme.
Con esta medida se cierra definitivamente el proceso de criminalización de los migrantes en Estados Unidos. Migrar no es un derecho, es un privilegio como diría Trump y si algún deportado se atreve a volver, lo esperan para encerrarlo en la cárcel por un delito mayor.
Como suele decirse en los manuales de política, no hay nada mejor para un líder que enfocar las baterías en contra de un enemigo y si es extranjero mejor. Así se despiertan los instintos más profundos del nativismo, se reavivan los odios raciales, se acentúan las diferencias, se hace evidente la amenaza.
Todo este proceso de criminalización ha sido gradual, ha demorado cerca de un cuarto de siglo y ha ido en aumento, primero se consideró a los migrantes como una carga social y económica y que abusan de los servicios sociales; luego se les asoció con el terrorismo y la seguridad nacional, después se argumentó que eran una amenaza a la cultura y tradiciones estadunidenses y finalmente son definidos como una amenaza directa a la seguridad de los ciudadanos, son considerados como criminales, violadores, y traficantes.
En 1994, siguiendo a la letra el manual, el gobernador de California Pete Wilson, le echó la culpa de la crisis económica del estado a los migrantes. Su argumento era que los migrantes costaban millones al erario público en servicios educativos y de salud y que además se aprovechaban de numerosas prestaciones sociales que deberían ser de acceso exclusivo a ciudadanos y residentes legales.
En realidad se trataba de un asunto político electoral, las encuestas señalaban que el republicano iba a perder la reelección y nada mejor que generar un enemigo público y conjurar una amenaza. Sus asesores le proponen lanzar el programa llamado SOS (Save Our State) y consultar con el electorado un propuesta (187) que limitara el acceso a los servicios sociales, salud y educación a los migrantes ilegales y sus familias. La propuesta 187 recibió la aprobación con 59 por ciento de los votos y Wilson fue reelecto.
Pero, a pesar de los votos en favor, la propuesta fue declarada anticonstitucional porque los asuntos migratorios eran competencia exclusiva de la Federación y no de los estados.
Dos años después, en 1996, el presidente Clinton firmó la ley IIRAIRA, que era una réplica de la proposición 187 a nivel federal. Esta ley les confirió a los estados una serie de concesiones en asuntos migratorios y limitó el acceso a muchos derechos a migrantes indocumentados e incluso residentes. En esa ley está la disposición 287 G de comunidades seguras
que abre la puerta a los convenios entre la policía local y la migra, que fue suprimida por Obama y ahora ha sido reactivada por Trump. Otra consecuencia fue la catarata de leyes estatales en contra de los migrantes como la de Arizona SB 1070 y la más reciente de Texas SB 4.
Con los sucesos del 11 de septiembre de 2001 se establece la relación entre los migrantes extranjeros, la amenaza terrorista y la seguridad nacional. Lo asuntos migratorios entran dentro de la ley patriota y la construcción del muro en la frontera sur, con México, se convierte en una prioridad. No hay evidencia empírica que confirme esta relación en el caso de los migrantes mexicanos o centroamericanos, pero la obsesión por la seguridad fronteriza se convierte en una prioridad.
El muro se expande por la frontera a lo largo de mil kilómetros, muy especialmente en la zonas urbanas colindantes donde hace evidente la separación y convierte lo que fuera una línea
imaginaria en una frontera visible e inexpugnable. Durante los gobiernos de Bush y, luego con Obama, la construcción avanzó a paso lento pero seguro.
Posteriormente en 2006 Samuel Huntingon, eminente profesor de Harvard, escribe su libro Quiénes somos, donde refina sus argumentos planteados originalmente en Choque de Civilizaciones, en donde plantea que la llegada constante de inmigrantes hispanos amenaza con dividir a Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas, dos lenguas
.
Los hispanos, especialmente los mexicanos, según Huntington, no se integran y no abandonan su lengua, ni sus costumbres, lo que constituye una verdadera amenaza cultural que terminará dividiendo al país. Tampoco en este caso la evidencia empírica confirma los dichos de Huntington, la segunda generación de hispanos y mexicanos habla perfectamente inglés y están plenamente integrados. Pero la semilla de la discordia sembrada en los jardines de Cambridge, dio muy pronto sus frutos y se propagó como la hiedra.
La candidatura de Trump en 2016 recoge y potencia estas tres amenazas a un nivel exponencial. Su inicio de campaña señala con nombre y apellido al enemigo: los migrantes mexicanos que son criminales, violadores y traficantes. México es una de las principales amenazas económicas para Estados Unidos y se propone renegociar el TLCAN o de plano suprimirlo. El muro se convierte en su lema de campaña y que México tendrá que pagarlo. La frontera es la principal amenaza a la seguridad nacional.
Trump sintetiza este largo proceso de construcción de un enemigo externo, utilizado con fines electoreros y refrendado con argumentos económicos, de seguridad nacional y del peligro que constituyen para la sociedad y cultura estadunidenses. El último paso ha sido asociar a los cárteles de la droga con ISIS.
