La alternancia, elemento descriptivo y legitimador de la transición democrática en México, inició desde el nivel más cercano a la ciudadanía, escalando hasta el ámbito federal; es decir, la oposición comenzó ganando municipios y continuó así hasta llegar al Poder Ejecutivo Federal, pasando por el de los Estados y el entonces Distrito Federal.
Mauricio Merino relata bien, en su estudio La transición votada, como para 1989, año en que se ganó la primera gubernatura por la oposición (PAN), había apenas 39 municipios en manos de otras expresiones diferentes a la hegemónica; para el 2000, año en que Vicente Fox inauguraría la alternancia presidencial, eran ya más de 500.
Sin embargo, uno de los vicios más presentes en la transición mexicana fue justamente esa, la demasiada atención al Poder Ejecutivo Central, en una clara identificación del presidencialismo y sus vicios, con los problemas del país. Por ello mismo, se supuso por una parte considerable de la población que el arribo de otra expresión política a la Presidencia de la República significaría también una etapa histórica de avances inevitables y remedios esperados. Claro que no fue así. Aún hoy hay quiénes suponen, en esta misma lógica, que la transición se verá culminada en su etapa inicial, hasta que un candidato de izquierda tome protesta como Presidente de la República.
Bajo esta limitada perspectiva la atención pública se centró casi exclusivamente en el ámbito federal, en específico en el Poder Ejecutivo, olvidándose de los otros dos poderes y niveles de gobierno, a los que la modernización ha tardado en llegar y en muchas ocasiones ha tenido que ser importada del centro.
Justo en el apartado de rendición de cuentas es donde más atraso existe al respecto. Mientras que el Gobierno Federal fue sujeto desde el principio de un estricto régimen de transparencia y control, los Poderes Legislativo y Judicial, apenas han comenzado con una similar equidad de condiciones; mientras que en los Estados y los municipios, se han ido poco a poco imponiendo los mecanismos que permitan lo mismo.
Es así como la transición a la democracia, iniciada en la periferia, culminó en el centro y se estancó ahí para impulsar las reformas políticas que democratizaran al país, sin que por ello se fijara la atención debida en lo local, desde donde había surgido. De tal forma que asistimos a la re-centralización de facultades en muchos aspectos, principalmente en el electoral y el de transparencia, con el nacimiento del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ante el cínico cacicazgo de algunos liderazgos locales que han abusado del atraso constitucional e institucional que viven sus entidades federativas.
Como lo han demostrado los escándalos recientes, en los que ex gobernadores de todos los partidos, han sido acusados e incluso procesados por actos de corrupción, pareciera que los males que se suponían presidenciables, también se democratizaron y encontraron albergue en los Estados. Aunque pareciera ser que el factor de dichas denuncias es la alternancia local, ésta no es la solución, y no lo es porque depende de numerosas circunstancias que convierten a la justicia en un tema político, más que jurídico.
Es, debe ser, la consolidación democrática en la institucionalidad y las propias Constituciones, lo que permita combatir a la corrupción sin importar el resultado electoral, las victorias y derrotas políticas o las simpatías o fobias de los representantes populares. En pocas palabras: debe existir un Estado de Derecho que no se limite a la oposición, sino que cumpla con el principio jurídico de igualdad.
Por ello, en el mismo sentido en el que la primera transición (la democrática, la de la alternancia y competencia electoral pluralista) se inició en la periferia hasta llegar al centro, y una vez ahí permitió la segunda transición política (en términos de Mauricio Merino, la consolidación de un sistema de rendición de cuentas), ésta debe retornar a los Estados y municipios, permitir la reforma política-constitucional y la transformación institucional, para que casos como los de Duarte (s), Padrés y el penoso etcétera que pudiera caber aquí, no dependan de la habilidad electorera de los salientes ni de las victorias vengativas de los entrantes, sino de un llano, pero importantísimo e inherente, asunto de justicia. ■
@CarlosETorres_
