■ El funcionario es primo de Uriel Márquez, quien a su vez es primo del gobernador, dice
■ Confía ex funcionaria en la posible investigación que la SFP podría realizar sobre el tema
“El gobernador tiene que tomar una decisión respecto de las personas que lo rodean para cumplir la función para la cual fue encomendado por el pueblo de Zacatecas”, expuso Mara Muñoz Galván, quien agregó en ese sentido, que “habría que revisar los antecedentes de cada una de estas personas en términos de lo que yo estoy señalando, pero también ampliamente sobre cuál ha sido su desempeño al interior de la Procuraduría”.
La ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la PGJE dijo en respuesta a la invitación del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, a presentar denuncia formal sobre la presunta intervención del subprocurador de Investigaciones de la misma institución, a quien señaló en una carta abierta de violentar el debido proceso en detrimento de una víctima de violación que involucra como presunto responsable a un comandante de la Policía Ministerial, “¿cómo voy a denunciar a un subprocurador que metió las manos para violar un proceso cuando él es el encargado de dirigir las investigaciones y a los ministerios públicos de la Procuraduría?”
Se dirigió al procurador de Justicia para agregar que en caso de que haya auténtica voluntad de abrir una investigación “pertinente y efectiva en el caso” separe del cargo al subprocurador de Investigaciones de la PGJE.
Muñoz Galván, quien presentó su renuncia a la titularidad del Centro de Justicia para las Mujeres luego de hacer esta denuncia pública y otras, respecto de la falta de respaldo a la citada institución por parte de autoridades superiores, reclamó que se atienda al “principio de objetividad que nos marca la Ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales. No puedes ser objetivo en una investigación cuando eres juez y parte”.
Jesús Valerio Pérez, subprocurador de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, es primo hermano de Uriel Márquez Cristerna, quien a su vez es primo hermano del gobernador, Alejandro Tello Cristerna, precisó.
Informó también que Valerio Pérez estuvo a punto de ser destituido del cargo de director de Investigaciones de la Procuraduría, puesto que ocupaba en la anterior administración.
“Habría que saber los porqués de esta situación y relacionarlos con el porqué se le empodera en este sexenio de la manera en la que se le está empoderando”.
En relación al grado de involucramiento del procurador de Justicia del estado, José Francisco Murillo Ruiseco, en la manipulación de investigaciones que derivan en la presunta violación al debido proceso desde la propia instancia, Mara Muñoz dijo que el responsable de todo lo que ocurre en la Procuraduría es el procurador, y se le informó “de lo que estaba sucediendo y no tomó cartas en el asunto”. Por lo que su actuación implicaría negligencia y omisión.
La injerencia de Valerio Pérez en el proceso que se le seguía a un presunto responsable de violación, a la par comandante de la Policía Ministerial, para favorecerlo, se realizó cuando el funcionario ocupaba el puesto de director de Investigaciones de la PGJE, precisó.
“Yo le señale –al procurador de Justicia del estado- de manera muy puntual la situación, personalmente en su oficina estuve más de dos ocasiones, y en ese sentido no solamente no se le reprendió sino que se le promovió al puesto más importante de la Procuraduría, un puesto más importante que el del procurador porque es quien tiene a su cargo a los ministerios públicos y las investigaciones”.
Mara Muñoz refirió que cuenta como prueba documental de sus dichos con el expediente que se generó a partir de la denuncia de violación por una mujer que finalmente se desistió de su acusación porque “tuvo miedo y no la culpo”.
A la presunta víctima le informó en todo momento que el proceso estaba siendo manipulado y le ofreció llevar a cabo un litigio estratégico que implicaría incluso acudir a instancias internacionales, en caso de agotarse las nacionales, pero se desistió de la acción penal “porque las personas no creen en las instituciones, porque son las mismas quienes las violentan todos los días, como madre soltera, como obrera, trabajadora de una maquila, como una persona que pudo estudiar hasta sexto año de primaria que vive en una colonia marginal en donde sus tres hijas tienen que caminar todos los días para llegar a la escuela y al trabajo a través de calles donde el peligro es inminente”.
Mara Muñoz precisó respecto del tema de observaciones hechas a la obra de construcción del Centro de Justicia Para las Mujeres para las que ella misma gestionó los recursos federales, que nunca manejó “un solo centavo” ni decidió en qué se ejercieran, “quien determinaba los pasos a seguir era la Secretaría de Infraestructura y el propio procurador”, por lo que si este último expresa algún señalamiento, “se lo está haciendo a él mismo, porque su firma aparece en todos los documentos, mía en ninguno”.
En respuesta a si confía en la Secretaría de la Función Pública para hacer la investigación al respecto de éste y otros temas relacionados a las razones que ha esgrimido para su renuncia y los señalamientos a funcionarios de la PGJE, dijo que su titular, Paula Rey Ortiz Medina, “es una mujer honesta, trabajadora, formada para investigar de manera debida los proceso administrativos y en ese sentido yo le daría mi confianza”; siempre y cuando también reiteró, que la Procuraduría de Justicia del Estado “no se sea juez y parte”.
Sobre si Ortiz Medina podrá resistir presiones ya que el tema implica un entramado que vincula al propio gobernador Tello Cristerna, externó, “pues tenemos que apostarle que así sea porque de otra manera estamos en total indefensión”.
“Yo creo que en ese sentido las instituciones tienen que demostrar que su existencia es sólida frente a los ojos de la ciudadanía y a su gran demanda por transparencia y por este combate a la corrupción que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas”.
Agregó sobre el otro tema en que fundamentó su renuncia, la falta de respaldo para concretar proyectos pero también para ofrecer un mejor servicio, que “yo tengo las cartas, los oficios en donde hacía del conocimiento al procurador (…) la gran necesidad de contar con un refuerzo institucional en materia de recursos humanos para poder dar acceso a la justicia a las mujeres”.
Dijo entonces que ante la omisión “nos encontramos en la gran encrucijada de que si el Centro no es fortalecido a través de más personal va a convertirse en una cuello de botella, en un problema más de la Procuración de Justicia que en este estado está sumida en la simulación, en la corrupción”, un reclamo para el que tampoco tuvo respuesta, dijo.
Mara Muñoz Galván expresó finalmente sobre el contexto en el que se dio su renuncia que “las personas que están ahora en el poder en la Procuraduría le apuestan a la desmemoria, al hecho de que en esta sociedad se hacen denuncias y pasan al olvido de manera sistemática”.
Dijo no obstante que está firme en su dicho, “creo que era una denuncia oportuna, una denuncia necesaria. Porque ante todo mi preocupación es que el Centro de Justicia funcione de manera adecuada”.
“Es necesario que el gobernador ponga sus ojos sobre el Centro y dé las instrucciones necesarias para que pueda funcionar de manera óptima y dar respuesta a la ciudadanía, que ese compromiso que se dice tener con las mujeres no se quede nada más en un discurso”, en un contexto de una inminente alerta de violencia de genero donde los feminicidios ocurren de manera cotidiana, expuso.
“El Centro es una política sobre todo preventiva de violencias mayores contra las mujeres”, por eso dijo, “tiene un lugar preponderante en las políticas de prevención sobre las cuales el gobernador ha discursado tener gran compromiso”.
Red Plural de Mujeres respalda decisión de Mara Muñoz de renunciar a su cargo
La Red Plural de Mujeres de Zacatecas manifestó su respaldo a la decisión de Mara Muñoz Galván de presentar su renuncia al cargo de directora del Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “por toda la serie de irregularidades que no quiere avalar”.
La ex funcionaria denunció el pasado martes 4 de abril, mediante una carta abierta dirigida al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, la obstaculización de su trabajo en detrimento del acceso de las féminas a su derecho a la justicia, las necesidades de mayor personal capacitado para atenderlo, y asimismo, la intervención del subprocurador de Investigaciones para proteger a presuntos responsables de violación y violencia intrafamiliar a la par integrantes de la Policía Ministerial, esto último que señaló, fue informado al procurador de Justicia, José Francisco Murillo Ruiseco, sin lograr que interviniera al respecto.
La organización manifestó que analizará una ruta crítica de actuación cuya finalidad será garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, “y si un funcionario de mayor o menor nivel, empezando desde el gobernador hasta el policía están involucrados deben centrarse en ellos la investigación para que se resuelva”, dijo Maria Luisa Sosa de la Torre.
El señalamiento refiere la responsabilidad que pudiera tener el procurador de Justicia en hechos u omisiones que impliquen la violación del debido proceso en asuntos que se llevan en el Centro de Justicia para las Mujeres.
Si luego de la investigación que exigen y a la que darán seguimiento se arroja que el Murillo Ruiseco debe salir “lo vamos a exigir (…) si es que se demuestra esa necesidad, vamos a hacer acompañamiento a la investigación para que no se le deslinde artificialmente a ningún funcionario.”
Por su parte María Elena Ortega Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad entre los Géneros de la 62 Legislatura, informó que este jueves propondrá ante el Pleno un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) intervenga en el asunto.
Refirió asimismo que en la pasada reunión del Sistema para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas ya había planteado como necesario el revisar que la PGJE garantizara al interior del Centro de Justicia para las Mujeres el derecho al debido proceso.
“Hay meses ya con esto y hoy en día es una crisis que pedimos de manera respetuosa al gobernador la sepa conducir, primero aceptar en los términos que se ha estado planteando por la ex titular del Centro de Justicia y que no se vaya con respuestas que distancien a la ciudadanía de la información veraz, tenemos derecho a la información”.
Se manifestó también porque se instalen mesas de diálogo para estos temas en las que se integren el gobernador del estado, el procurador de Justicia y la secretaria general de Gobierno.
En mismo tenor María Luisa Sosa de la Torre señaló que “querer ocultar que en la Procuraduría hay irregularidades cuando toda la población las conoce, pues es irrisorio”, por lo que exigió al gobierno del estado que actúe y resuelva.
Pidió que se hiciera seguimiento de un nombramiento reciente de un funcionario de la PGJE que implicaría la ruptura de la palabra del gobernador del estado de no involucrar en la administración pública “ni a amigos ni familia”, mismo a quien se señala de manipular procesos en favor de presuntos responsables de abusos sexuales y violencia intrafamiliar a la par integrantes de la Policía Ministerial.
Dijo que la Red estuvo a punto de iniciar “un litigio estratégico” por la intromisión de funcionarios de la Procuraduría en un caso específico, mismo que ya había expuesto Mara Muñoz en su misiva, se refiere a la presunta violación de una mujer por un comandante de la Policía Ministerial de la PGJE, que habría recibido la protección del subprocurador de Investigaciones de la PGJE.
“No se llegó a esa situación porque la víctima decidió dejar inconcluso su acceso a la justicia por el temor de ser atacada, ya que vive en un lugar lejos y es una mujer que no tiene más protección que la de sí misma y su familia”.
Dijo entonces que la Red Plural de Mujeres de Zacatecas colocará “la pelota del lado de la autoridad que es la que debe garantizar nuestro derecho y vamos a solicitar la investigación desde la Secretaria de la Función Pública. Y acudiremos a instancias nacionales de ser necesario para que se verifique qué es lo que los funcionarios y las funcionarias de la Procuraduría General de Justicia están haciendo en torno a su obligación”.
