Seguridad y soberanía

Seguridad y soberanía

■ Miscelánea 

El asunto de la policía científica (servicios periciales) tampoco debe soslayarse. Hace días escuché a un procurador de justicia en funciones informar que se trabajaba en un asunto de homicidio aplicando la prueba de “Rodizonato de sodio”. De igual manera, el ex procurador ¡General de la República! relator -cansado -de los “cuerpos quemados” de Ayotzinapa, en varias ocasiones hizo referencia a dicha prueba.

Es increíble el atraso. El rodizonato de sodio dejó de considerarse en el sistema probatorio penal para demostrar restos de pólvora por disparo de arma de fuego desde hace más de cuarenta años, dado que daba un 70% de error. Parafina, rodizonato de sodio, absorción atómica y microscopio electrónico de barrido ha sido el desarrollo científico para demostrar disparo de arma de fuego. En ese orden.

Igual que con la policía investigadora, la Universidad debe capacitar a través de las Unidades Académicas de química, derecho, ingeniería, medicina y otras a la policía científica, creando la carrera ex profeso.

Los salarios de policía investigador y de policía científico deben homologarse, considerando el grado de licenciatura, una vez obtenido.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los acuerdos entre el gobierno de Felipe Calderón y el de los Estados Unidos, a través del Comando Norte, llevaron al Plan Mérida y a la reforma constitucional para la implementación de un Sistema  penal prácticamente homologado con el norteamericano. “El complemento de ésta política absorbente en términos geopolíticos reside en la implantación de la reforma penal, cuyo núcleo es el proceso penal adversarial, más conocido como <juicios orales>, en el sistema judicial mexicano.” Dice Sergio González Rodríguez en su obra Campo de Guerra, (Edit. Anagrama). En un corto plazo deberá analizarse la pertinencia y resultados de esta copia del sistema penal de los Estados Unidos.

Juicios orales es la presentación y, contradictoriamente, evitar esa etapa es precisamente lo que busca dicha reforma penal. De ahí el establecimiento en el cuerpo legislativo, de una serie de salidas alternas y formas de terminación anticipada del proceso: Acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado, privilegiando así los entendimientos económicos y la declaración de culpabilidad bajo la conveniencia de una sanción disminuida. Es sencillo: El presunto delincuente se declara culpable, llega a acuerdos reparatorios con la víctima, principalmente el que tiene que ver con la reparación del daño y en lo inmediato, el juez impone una pena sumamente baja, dentro del diseño del Ministerio público.

La teoría del Delito, de ser la parte medular en los estudios del derecho penal, con el procedimiento “adversarial” ha pasado a ser capítulo secundario frente al dinero y los acuerdos.

De esta manera, la sumisión  de Peña Nieto, al entregar al “Chapo” Guzmán a la justicia norteamericana, cediendo el derecho de primacía, motivará que los Estados Unidos reciban del capo, por reparación del daño y acuerdos reparatorios, (se calcula) una cantidad superior a los 10 mil millones de dólares, e información confidencial -que doblegará y tendrá en la mira de la CIA a muchos políticos mexicanos- y, desde luego, la declaración donde se declare culpable Guzmán Loera, a sí mismo.

INTERVENCIÓN CRIMINAL

“A la fecha, la CIA de EE.UU. mantiene nexos con organizaciones criminales para incrementar la desestabilización en México bajo una lógica paramilitar. Dicho factor geopolítico se inscribe en los objetivos encubiertos de la Iniciativa Mérida, producto del acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN): Una serie de políticas, homologaciones de estándares y regulaciones… fortalecer y profesionalizar las fuerzas armadas de México para que cumplan los programas y planes de seguridad nacional de EE.UU. frente al futuro.”

“Los fundadores de los Zetas son desertores del ejército mexicano que recibieron adiestramiento de élite en México y EE.UU. El Instituto del Hemisferio Occidental para la cooperación en Seguridad, antes Escuela de las Américas, ha sido la sede tradicional de oficiales latino-americanos que son incorporados por el Pentágono y las agencias de inteligencia norteamericanas a operaciones secretas cuyo objetivo es imponer la estrategia de dominar sin ocupación militar directa. O bien, combatir riesgos como el terrorismo o el populismo radical.”

Estos comentarios fueron expuestos por Sergio González Rodríguez, ante un jurado presidido por el filósofo español Fernando Savater, jurado que concedió al autor el premio Anagrama de Ensayo a “Campo de Guerra.”

Sabemos también que la operación “Rápido y furioso” implementada por los Estados Unidos durante el gobierno de Felipe Calderón, tuvo por objeto la dotación de armas de grueso calibre a los zetas, entre ellas el Barret 50 que perfora cualquier blindaje. A pesar de lo publicitada de la operación, el gobierno de Calderón permaneció en permisibilidad total.

El negocio del gobierno norteamericano es simple: Es lícito el cultivo de cannabis para efectos terapéuticos, operando en Oackland California la llamada “Universidad de la mariguana” (Oacksterdam) con su farmacia y  museo respectivo. En estados como Colorado, Arizona y Washington hay liberación total para efectos lúdicos o recreativos, médicos e industriales.

La mariguana o cannabis de origen norteamericano se vende a mercado lícito, en tanto la que llega a los Estados Unidos del exterior (México o Sudamérica), va a mercado negro y al intercambio por armas con la delincuencia organizada. Las ganancias se lavan en la banca norteamericana. Por ello, bien dice Eduardo Galeano: “Los gringos ponen la nariz y nosotros ponemos los muertos”.

(En próxima entrega se expondrá una tercera parte y conclusiones.) ■

 

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