Catastrófica, fiscalización de los recursos públicos en Zacatecas: diputados

Catastrófica, fiscalización de los recursos públicos en Zacatecas: diputados
Aspecto de la sesión celebrada este jueves por la 62 Legislatura ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Auditorías sólo han servido como un argumento político que se endereza “contra el villano favorito”

■ Pese a las auditorías, no hay acciones penales contra responsables

■ También se propuso en la Legislatura que se haga auditoría a la UAZ

Ayer en la sesión de la 62 Legislatura, diputados de Morena, el Partido del Trabajo y Acción Nacional coincidieron en “reconocer el estado catastrófico de la fiscalización –de los recursos públicos- en el estado de Zacatecas”, que suma auditorías y dictámenes ya por años, sin que se ejerzan sanciones administrativo-resarcitorias y penales contra los responsables.

En la entidad “los que delinquen desde la administración pública no pagan con cárcel”, dijo el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Luis Medina Lizalde, quien observó respecto de la eficacia de las auditorías practicadas en el estado que sólo han servido como un argumento político que se endereza “contra el villano favorito” y no para preservar a Zacatecas del desastre financiero.

El diputado habló de un panorama “muy serio y generalizado” en el que dijo a sus pares, hay que preguntarse qué ha hecho el Poder Legislativo para que suceda, pues lo responsabilizó por omisión acumulada a varias legislaturas.

Dijo entonces que debe recuperarse el sentido con que se incluyeron las auditorías en el derecho administrativo, el garantizar la salud de las instituciones públicas, y despojarlas de la connotación que las ha convertido “en armas entre grupos políticos”.

El argumento procedió a la intervención en la tribuna de la diputada panista, Lorena Oropeza Ochoa, quien momentos antes había sometido a consideración del pleno un punto de acuerdo para instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a realizar una fiscalización “amplia” a la Universidad Autónoma de Zacatecas, misma que fue turnada a la Comisión de Vigilancia para su estudio y dictamen.

Oropeza Ochoa recuperó las expresiones vertidas por el Rector de la Universidad apenas ayer, en que manifestó, otra vez, la precaria situación financiera de la UAZ y el peligro de la “quiebra”.

La legisladora enumeró la situación de la casa de estudios, señalando que se encuentra en números rojos, con presuntos aviadores, sobresueldos y problemas estructurales de adeudos con la Secretaría de Hacienda y el ISSSTE, así como el desvío de las cuotas obrero patronales de seguridad social y vivienda.

“Se dice que actualmente la deuda de las Universidad Autónoma de Zacatecas es de mil 700 millones de pesos, además de lo anterior recientemente la Auditoría Superior de la Federación detectó que la UAZ simuló ejercer 219 millones de pesos otorgados por la Sagarpa”, expuso.

Lo que demuestra, puntualizó, que la Contraloría interna de la institución no cumple con vigilar y fiscalizar, y las políticas para ello se fijan “a modo” por el Rector y el Consejo Universitario.

Es necesario realizar auditorías a la citada Contraloría, las tesorerías de las unidades académicas y a los recursos provenientes de las dependencias federales, apuntó.

La intervención dio pie a Medina Lizalde para externar su preocupación de “cómo lograr que las auditorías dejen de ser la carabina de Ambrosio”, pues señaló que se han acumulado años de dictámenes derivados de ellas, que terminan en temas de dos o tres días en los medios de comunicación, pero no se ha conseguido que quienes aspiran a ser candidatos a puestos de elección popular y tienen antecedentes como responsables de malos manejos, encuentren en ello un impedimento.

“Nosotros acabamos de enterarnos de que a la presidencia municipal de Zacatecas le tocó un peso de participaciones, creo que es importante qué nos pueden decir las auditorías, cuál es la historia que culminó en este resultado, alguna historia debe haber detrás”, expuso, y agregó el caso de los municipios que apenas ayer solicitaron se les permita hacer convenios para que se descuenten de sus participaciones las cuotas del IMSS, lo que habla de su situación.

Entre los casos, también surgió el ya expuesto por el diputado panista Arturo López de Lara; los 500 millones de pesos, entre 43 y 45 de ellos, que son préstamos que hizo Gobierno del Estado a particulares, y otros alrededor de “doscientos cincuenta y tantos” que corresponden a préstamos otorgados por ayuntamientos, que aclaró ayer en su intervención el blanquiazul, constituyen créditos fiscales “donde ya existen responsables” y que la Secretaría de Finanzas no ha cobrado.

El legislador dijo ver una oportunidad en el Sistema Estatal Anticorrupción, que se debatirá los próximos dos meses, para proponer sus alcances legales, por lo que advirtió que la actual Legislatura “tendrá esa responsabilidad de que no se nos vaya a ir por ahí sospechosamente –algo-que simple y sencillamente lo deje abierto para que no suceda nada”.

Habló también de no dejar pasar el tema de los citados 500 millones de pesos, y de “eventualmente”, dictaminar si los funcionarios mencionados por Medina Lizalde, que sumó por cientos y cientos, “son culpables o no”.

En su intervención la petista Geovanna Bañuelos se pronunció por que los responsables de malos manejos del erario no sólo paguen sino se les inhabilite y se les finquen responsabilidades penales.

Refirió que derivado de la pasada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que fue declarara inconstitucional, “por lo menos una administración estatal y tres trienios municipales se fueron sin tener ninguna consecuencia del mal manejo administrativo”, sus omisiones y delitos comprobados.

Propuso por ello, reestructurar el marco jurídico para con la nueva Ley, que debe ser “más ágil”, “emprender una ruta diferente”, así como revisar la actuación de la propia Auditoría Superior del Estado (ASE).

Recordó al respecto el caso “inaudito” del ex alcalde de Trancoso, que no presentó una sola cuenta pública en toda su administración”.

Otra vez al habla Lorena Oropeza Ochoa coincidió con Medina Lizalde al señalar que “en Zacatecas jamás se ha recuperado un solo cinco de todas las auditorías que se han hecho a través del tiempo”.

Se pronunció porque estas herramientas tengan en primera instancia un carácter preventivo y luego resarcitorio, pero también porque den luz de lo que realmente sucede al interior de las instituciones.

Observó que en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado se señalan acciones resarcitorias por alrededor de 3 mil millones de pesos, que significan, dijo, “casi la mitad de la deuda del estado”.

Finalmente Luis Medina Lizalde trajo a colación el caso que involucró a la propia Legislatura, la 60 recordó, que en una sesión privada decidió “adelantarse las herramientas legislativas” de su sucesora, “y las cobraron de septiembre a diciembre (…) Y la 61 Legislatura no tuvo tampoco sentido del deber porque debió haber procedido legalmente, no en defensa de sus herramientas legislativas, en defensa de la legalidad tan gravemente vulnerada”.

La cita histórica fue traída a la memoria para señalar que no es suficiente reducir el tema a un problema técnico-jurídico, sino que debe ser acompañado de voluntad política, pues enfatizó que “si nosotros olvidamos eso, podemos estar entretenidos cambiando leyes y la realidad sigue exactamente igual”.

“Por eso no podemos salvar nuestra propia responsabilidad (…) está aquel memorable 23 de diciembre en que archivan expedientes para seguir beneficiando a la clase política de esa sombra protectora, de esa Ley de Responsabilidades –de los Servidores Públicos- declarada inconstitucional, que cuánta impunidad ha traído a Zacatecas”, puntualizó.

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