■ Gobierno Federal se comprometió a entregarles 38 mil pesos y no ha cumplido: Arteaga
■ Desde la llegada de Peña Nieto al poder no se han etiquetado recursos para este programa
Este martes, alrededor de 2 mil ex trabajadores migrantes zacatecanos que alguna vez se involucraron en el Programa Bracero pactado por los gobiernos de los Estados Unidos y México hace ya 74 años, acudieron a la delegación de la Secretaría de Gobernación en la entidad para reclamar los 38 mil pesos que se comprometió Gobierno Federal a entregarles como parte de un “apoyo social”, para el que no obstante, desde que llegó Enrique Peña Nieto al poder no se ha etiquetado un peso en el presupuesto de egresos, precisó Efraín Arteaga Domínguez, líder de Ex Braceros en Lucha AC.
La razón de la aglomeración, que se suscitó desde las 8 horas, fue la convocatoria que esta organización lanzó a través de spots de radio y su estructura de coordinadores en los municipios, para avisar que motivo de una reunión celebrada en la Ciudad de México el pasado 4 de agosto, Octavio Bustamante Trillo, encargado de operación del fideicomiso mediante el que se ha pagado apenas a 6.1 por ciento del total de los ex braceros del país estos apoyos sociales, vendría a atender los casos de los zacatecanos.
No obstante el hecho inédito de lograr que sean los funcionarios federales quienes acudan a los estados a atender a los ex trabajadores migrantes y no éstos y sus organizaciones quienes viajen a la Ciudad de México a veces sin obtener resultados, Efraín Arteaga Domínguez precisó que ayer en la reunión celebrada con Bustamante Trillo se presentó “un atorón”, luego que el funcionario se negara a hablar con quienes tienen documentos para comprobar que laboraron en los Estados Unidos en el Programa Migrante pero no entraron en los listados del citado fideicomiso, y otros que tras 74 años, y por diversas razones, ya no cuentan con ellos.
“Se negaron a atender a los compañeros de estos dos últimos grupos, bajo el argumento de que si los atienden les van a generar una expectativa falsa, infundada, de que se van a ir a su casa creyendo que el gobierno ya los está tomando en cuenta”, dijo.
Sobre la situación refirió no obstante que tienen el mismo derecho de recibir ésta que es apenas es “una limosnita” que el gobierno mexicano decidió entregarles luego de robarles 10 por ciento de su salario sustraído en los EEUU y luego enviado México, que los casos de los otros ex braceros que sí lograron integrarse al fideicomiso, algunos de quienes ya se publicaron los nombres para que puedan cobrar este dinero en Bansefi, y otros que aunque se encuentran en el padrón no han salido en estas listas del Diario Oficial de la Federación.
Efraín Arteaga citó datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados, donde se señala que de los 3 millones 233 mil 755 ex braceros o familiares de ellos que tienen derecho a reclamar el pago del citado 10 por ciento de su salario sustraído por autoridades norteamericanas y entregado al gobierno mexicano, solo han recibido los referidos 38 mil pesos poco más de 190 mil, lo que representan apenas 6.1 del universo total.
Dijo por esto, acerca de la postura del Gobierno Federal “que resulta ilegal y arbitrario que Peña Nieto se niegue a seguir asignando presupuesto y pretenda por el contrario extinguir el fideicomiso”.
“Son una gran mayoría los excluidos del padrón del fideicomiso, y por eso la lucha tiene que continuar. Eso sin contar que aun si les pagaran ese apoyo social ese no es el pago de la deuda histórica sino de una limosnita. La deuda del 10 por ciento que les robaron, que les reducían de sus salarios, esa es la verdadera deuda a la que no le han abonado ni un solo centavo”.
Ayer, y argumentando el derecho constitucional de petición al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Ex Braceros en Lucha A. C. entregó a su emisario a través de la Segob, Bustamante Trillo, una solicitud para que se abra una nueva convocatoria de manera que miles de los ex trabajadores migrantes que no pudieron inscribirse en el padrón puedan hacerlo a través de mesas que se instalen en los estados para ello.
Se solicitó asimismo en el documento, que se promueva una iniciativa de reformas y adiciones a le Ley respectiva para que “se reconozcan los derechos de los ex braceros que ya no tienen documentos”, y se hizo una lista de los que ayer se concentraron en la Segob, a modo de recibir respuesta sobre sus casos.
Los otras dos situaciones en que recaen los ex braceros, esto es, los que sí están inscritos en el padrón como beneficiarios del fideicomiso de la Secretaría de Gobernación, y se ha publicado el nombre en el Diario Oficial de la Federación para que cobren en Bansefi, y otros que aún no, y esperan por ello, tienen alguna “esperanza” de cobrar pero por el momento solo eso, pues observo Arteaga Domínguez, sus pagos siguen pendientes porque “los compañeros se siguen muriendo por más que uno les dice”.
Dijo que luego de esperar ya por años, y luego de que ocurren decesos de los beneficiarios directos del fideicomiso deben rectificarse los hombres, ahora de sus familiares, trámite que en lugar de las dos semanas que establece la normativa se están llevando meses, “porque Peña Nieto ordenó que desmantelaran la oficina y les quitaron personal, si tenían 60 o 70 empleados, ahora no llegan ni a 10”.
Están también los casos de quienes no tiene completos los documentos que reclama Bansefi para que puedan cobrar, o los datos de nombres u otros referentes tienen errores, todo que tarda en tramitarse para su corrección.
Por todo ello dijo el líder de Ex Braceros en Lucha A.C., “en realidad nosotros creemos que esa supuesta atención es atole con el dedo, porque en realidad los compañeros ya saben qué papel les falta, ya han intentado cobrar en Bansefi, el problema está allá en México, en el hecho de que cerraron la oficina y ahora no les quieren dar personal para que hagan esos trámites”, en la falta de otra convocatoria para que se integren más ex braceros a padrón y en la etiquetación de recursos para estos pagos por parte del Gobierno federal, que esperan el ocho de septiembre próximo sí se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2017.
Sobre todo ello, comentó que al momento la organización tiene un plantón en la Ciudad de México, mismo que se extenderá hasta el próximo viernes, “porque se está realizando una reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, que fuera invitada al país por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presencia de los ex braceros quiere expresar una advertencia al máximo tribunal del país, quien ha atraído su caso, para que resuelva el tema en apego a la Constitución luego que en él se ha violentado el artículo 5, que señala “que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino mediante de resolución judicial”.
De esta manera quieren dar un mensaje de que en caso necesario acudirán a la siguiente instancia en reclamo al cumplimiento de los Derechos Humanos de los ex trabajadores migrantes, esto es la CIDH.
