En Italia, a principio de los 90, con una desprestigiada clase política asociada con la mafia, y el consecuente abstencionismo, una fiscalía integró un trabajo de investigación de toda una red de corrupción (“sobornos”, se conoció entonces), entre personajes de varios partidos políticos y ricos empresarios. La operación llamada “manos limpias” terminó con procesos judiciales que pasaron a la memoria de los italianos porque desaparecieron los partidos históricos; sin embargo, el gusto duró poco, porque enseguida entró el magnate de los medios Berlusconi a la escena política y los excesos regresaron. En Colombia, por el año 2006, otro escándalo da cuenta de la judicialización de actividades nefandas de políticos: el famoso caso de la “parapolítica”, como parafraseo de “paramilitares”, donde grupos de extrema derecha armados ligados al narcotráfico mantenían ligas de interés con influyentes grupos políticos, cientos de parlamentarios fueron procesados. En España, en 2013 se lograron contar más de mil 600 casos de investigación de corrupción política por parte del Consejo General del Poder Judicial. Por último, mencionaremos el caso de Guatemala de hace apenas unos meses: el presidente Otto Pérez Molina es juzgado por casos de corrupción y separado de su cargo. El caso de Brasil es un poco más complejo pero igual muestra que es posible que los órganos judiciales encabecen la limpieza en el sistema político. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué en México no ha sido posible que existan este tipo de casos?
Los casos para abrir expedientes de corrupción en México han sobrado, y además, con reluciente notoriedad, porque la investigación de los mismos ha sido por parte de periodistas, nunca de algún órgano de vigilancia del Estado. Es decir, en los eventos arriba señalados contamos, en todos ellos, con relativa autonomía de las instancias de investigación (aunque en algunos fueron personajes específicos), y sobre todo de los miembros de fiscalía. Y en la situación de México la muestra la puso la Secretaría de la Función Pública en el caso casa blanca, donde el investigado (Peña Nieto) designó a su investigador. Una vez ejecutado ese paso, la conclusión ya la sabíamos: todos resultaron inocentes. Pero no sólo carecemos de autonomía en los órganos de fiscalización, sino también carecemos de una Procuraduría autónoma. Mientras en este país la Procuraduría no alcance su condición de autónoma, es poco probable que realice la tarea: limpiar la plaza pública.
En el proceso electoral de Zacatecas, en el actual contexto de guerra sucia, los candidatos se acusan mutuamente de enriquecimiento ilícito, o de asociación delictuosa. Sin embargo, parece que el propósito de las denuncias presentadas no es iniciar un proceso serio, sino que se buscan efectos mediáticos inmediatos. Porque está claro que se realizan al calor de los empates estadísticos de las encuestas. Dudamos que les importe integrar realmente pruebas sobre la veracidad de sus dichos, porque su misión es únicamente mediática. Una matraca política. La procuraduría podría aprovechar la querella para indagar en serio los casos presentados y, en provecho de la ciudadanía, limpiar la casa pública de los zacatecanos. Pero dudamos que esto ocurra, dadas las razones arriba señaladas: politización y dependencia de los órganos jurisdiccionales de este mallugado país.
