■ Perspectiva crítica
Esta semana comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se aprecia a elementos del Ejército Mexicano torturando a una mujer, presuntamente integrante de uno de los principales grupos de narcotraficantes activos en México. En razón de que las imágenes reflejan los métodos arbitrarios de los elementos castrenses, y conllevan una violación a los derechos humanos de los detenidos –sean parte de grupos delictivos o no-, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), se vio obligado a fijar una postura pública en torno al hecho.
De cara ante más de 25 mil elementos del Ejército Mexicano, Cienfuegos calificó los hechos como “deplorables”, y exigió a los soldados apego a la ley en sus operaciones. El hecho resulta significativo por varias razones, las cuales se abordan a continuación.
La primera es el pronunciamiento público de Cienfuegos y el “reblandecimiento” de la postura que ha mantenido durante los últimos dos años. Durante ese tiempo ha salido al paso y se ha colocado entre los elementos castrenses por un lado, y el cuestionamiento hacia estos por parte de la opinión pública y los organismos de derechos humanos por el otro, los cuales los han acusado reiteradamente de posibles acciones arbitrarias no sólo contra miembros de organizaciones criminales, sino contra ciudadanos inocentes.
En ese tenor, Cienfuegos ha cuestionado la iniciativa para que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, acudieran a declarar en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; se negó a la petición de los familiares de los 43 normalistas para ingresar a los cuarteles; ha minimizado casos de ejecuciones extrajudiciales como las ocurridas en el municipio de Calera, Zacatecas, donde siete personas fueron ejecutadas por soldados, y lo cual aseguró en entrevista televisiva, se trató de “una mala decisión” y “ya hay encarcelados”; ha sostenido en eventos públicos que es prioridad de la milicia la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo ha desalentado el diálogo con organismos de derechos humanos en casos tan relevantes como el de Ayotzinapa, al escudarse en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “no tiene jurisdicción en México”.
Resulta significativo que esta férrea defensa a los soldados mexicanos haya cambiado en estos días con el video de la tortura sobre una mujer, y el pronunciamiento del general sería digno de reconocimiento si no fuera porque todo apunta a que las disculpas las ofrece por la evidencia incontrovertible del video y por la presión de la sociedad civil que se ha indignado ante el hecho, y no precisamente porque el Ejército busque transparentar y castigar acciones como la tortura y los abusos de sus soldados.
El hecho llama a la reflexión, y tal vez sería mejor para el Ejército formar parte de esa reflexión en lugar de adoptar una postura inamovible, una postura que parece más la negación de facto de cualquier arbitrariedad por parte de los soldados (salvo que sean sorprendidos en flagrancia), que el ejercicio de las actividades castrenses con apego al estado de derecho.
En un nivel mayor, el riesgo de esta postura es cerrarse a la realidad del desprestigio histórico al que se está haciendo acreedor el Ejército Mexicano, pues si bien al amparo de gobiernos corruptos como el de Felipe Calderón o Peña Nieto la milicia mantiene el respaldo del régimen a cambio de ser manipulada y utilizada para fines políticos particulares, no debería olvidar que el descrédito histórico es permanente, en tanto el favor político se agota en un sexenio.
Los puntos neurálgicos del Ejército Mexicano han sido cooptados por los gobiernos –particularmente los priístas- desde hace ya varias décadas, no se trata de un fenómeno reciente. En esta dinámica se pueden citar la matanza del 2 de octubre; las violaciones sistemáticas en Chiapas en contra de comunidades base de apoyo zapatistas; la formación de grupos de choque como Los halcones para perpetrar la Guerra Sucia, lo que derivó en represiones como la de 1971, etcétera.
Pero si bien estos son hechos ya forman parte del pasado contemporáneo mexicano, en nuestros días el Ejército sigue entrampado en el gran pantano nacional que han impuesto los últimos gobiernos federales, los cuales por igual lo han utilizado a su conveniencia en la “guerra contra el narco” desatada por Calderón, así como en las acciones políticas enfocadas en garantizar el despojo que se perpetra en el marco del modelo de desarrollo neoliberal mexicano. En ese ámbito el Ejército ha sido orillado a jugar un rol de ariete en contra de determinados grupos de narcotraficantes; funge como apoyo en acciones en contra de la disidencia nacional, o participa en el proteccionismo de los intereses de grandes capitales internacionales y grupos empresariales nacionales.
En un escenario como éste, la tortura ejercida por soldados en contra de una mujer se intuye como un componente más de una problemática mayor, la madeja de un ovillo que se balancea peligrosamente tanto en contra de ciudadanos como del prestigio de nuestra vulnerada milicia. ■
