¿Existe la justicia electoral en México?

¿Existe la justicia electoral en México?

La reforma en materia electoral del 2014 en México no ha dado los resultados esperados, los organismos públicos locales siguen cooptados por los gobiernos locales como el caso Chiapas 2015. Otra muestra clara es el papel de los órganos electorales del Estado mexicano durante el Proceso Electoral 2015-2016.

La responsabilidad de éstos es trascendental para el actual y los próximos procesos electorales; deben garantizar que las contiendas sean equitativas, justas, imparciales, democráticas y con apego a la legalidad, por lo que hace dos años se reformó la Ley Político Electoral.

Pero es lamentable que hasta ahora los propósitos del 2014 no se den como se esperaba. Es evidente la duplicidad de funciones pero especialmente de gastos, entre los sistemas locales y nacionales. Asimismo, los tribunales regionales y el nacional cada día muestran una decepcionante certeza jurídica.

Recalco que en este proceso, el reto para los organismos electorales es mayúsculo, en 13 estados habrá elecciones locales, donde en 12 se renovarán gubernaturas. Por ello el desempeño de éstos debe ser con el propósito de que la ciudadanía participe el 5 de junio.

Por lo que eso es una de las tareas en las que ahora se deben de ocupar a la brevedad, se deben implementar estrategias adecuadas que logren que las y los votantes decidan formar parte de estos comicios electorales.

La reforma del 2014 en esta materia se enfocó primordialmente en que los órganos electorales mexicanos le generaren confianza a la sociedad; pero durante este proceso se han presentado hechos que han demostrado que las autoridades carecen de autonomía para emitir decisiones, en la mayoría de los casos se han doblegado a los intereses de los gobiernos locales.

Lo que ha ocurrido desde meses atrás ha desgastado a los actores políticos, y que en algunas circunstancias provocaron la pérdida de credibilidad de la ciudadanía hacia los organismos electorales.

Situaciones como en las que estuvo involucrado el Partido de la Revolución Democrática durante los procesos de selección interna de los candidatos que nos abanderan, son un ejemplo, ya que la resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional dejó mucho que desear, no sólo al PRD sino a la sociedad en general.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intervino en dos designaciones del PRD, en las candidaturas a los gobiernos de Puebla y Zacatecas, esto luego de múltiples ilegalidades presentadas durante la selección interna, por lo que fue que terminaron en los tribunales.

En Puebla, el Instituto Electoral del Estado en toda ocasión actuó en contra del PRD y su militancia; primero negó otorgar el registro a nuestra candidata, y después tampoco pretendía hacerle entrega de las prerrogativas que por ley le correspondían.

Tales injusticias llegaron a la Sala Superior del TEPJF, ahí afortunadamente fueron revertidas, por lo que el PRD logró el registro de Roxana Luna Porquillo como nuestra candidata al gobierno de Puebla, y luego la entrega de las prerrogativas que -como mencioné- por ley corresponden.

Por lado, luego de una álgida lucha jurídica, la misma Sala Superior designó al candidato que representaría al PRD en por la gubernatura de Zacatecas, y  donde este partido va en coalición con Acción Nacional. Decisión que se polemizó a nivel nacional porque se validó un Consejo Estatal en el que hubo ilegalidades, que fueron del conocimiento público y de quienes estuvimos presentes.

Ahora nuevamente el proceso local de Zacatecas está llamando los reflectores nacionales, porque el Instituto Nacional Electoral determinó cancelar la candidatura a la gubernatura de David Monreal Ávila por Morena, resolución que el afectado recurrió a la ya citada Sala Superior, y donde se espera que hoy sea corregida la plana y reconozca los derechos político-electorales que él tiene.

Por los casos referidos no puedo decir que hay apego estricto a la ley, y porque el INE en el proceso federal del 2015 fue flexible, e incluso ponderó en favor de los derechos políticos de la ciudadanía a votar y ser votados, dejando pasar dicha obligación legal y concediendo a diversos candidatos la posibilidad de contender en dicha elección.

En México todos somos iguales ante la ley, por lo que no puede haber discriminación y desigualdad en su aplicación. Las forma y los términos en que resuelva la Sala Superior serán parteaguas de la estrategia política que empoderará a Morena desde ahora y hasta el proceso del 2018, mismo que ya inició, y que también será motivo para que Andrés Manuel López Obrador continúe denunciando a la “mafia del poder”.

Finalmente, es lamentable que el INE continúe determinado decisiones que carecen de fundamentos jurídicamente válidos. Pero la sociedad debe saber que las dichas determinaciones son recurribles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo este último órgano el que definen la última palabra a través de la Sala Superior. ■

 

*Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional

del Partido de la Revolución Democrática

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