En la persecución de los delitos y toda la procuración de justicia, en Zacatecas como en el país, tenemos problemas gravísimos. En toda la cifra negra de la impunidad (que abarca también la responsabilidad del Poder Judicial), el órgano encargado de perseguir y acusar no está funcionando. Un botón de muestra: en España se presentan ante un juez 9 de cada 10 homicidios dolosos, y en México ocurre sólo en 2 casos. Lo cual significa que de entrada, 80 por ciento de los homicidios queda impune; o en otro caso: en México no hay un solo preso por causa de fabricación de culpables, cuando los casos documentados son muchos. Las agencias de Ministerio Público son verdaderos hoyos negros porque las averiguaciones son lentísimas, sin contar la negligencia y descuido de las mismas. Ante esta realidad maligna y el clamor popular que exige cambios para bien, desde el 2008 se iniciaron reformas estructurales en los procedimientos para impartir justicia, pero la parte de procuración se ha quedado atrás. Y por tanto, para que el nuevo sistema procesal acusatorio funcione y sea realmente más ágil, se necesita que los ministerios públicos cambien radicalmente su comportamiento. Para el caso, desde hace tres años han circulado propuestas en torno a profesionalizar y capacitar al personal, y adoptar criterios meritocráticos de contratación a través de un servicio civil de carrera, y otros. Pero la propuesta que intenta agarrar el problema desde la raíz es aquella que pretende dotar de autonomía a los organismos responsables de la función de ministerios públicos.
En muchas de las áreas de la acción del Estado se ha optado por la vía de la autonomía, porque se asocia autonomía con objetividad. Es el caso del Banco de México para la política monetaria, el Inegi para la confianza de la información, el Coneval en la evaluación o la Auditoría Superior en el caso de la vigilancia de la acción honesta de los gobiernos. Pues bien, desde hace 3 años la UNAM propuso dar el paso a la autonomía de la Procuraduría de Justicia, tanto federal como estatales. De entrada, si se libra la contaminación política en el nombramiento de los responsables de la persecución de los delitos, en cadena pueden mejorar muchos otros controles y procedimientos. Si se libera a las procuradurías de la influencia directa del Ejecutivo que ahora existe, y se nombra al procurador por concurso y/o a propuesta de las academias penales correspondientes, los demás puestos, (como los Agentes) también cambian a concurso y se someten a controles objetivos. Al sustraer a la procuración de justicia de los lazos de lealtades partidarias, y los perfiles se escogen por capacidad y honorabilidad, en cadena la acción de los ministerios públicos mejorará. Porque la ineficacia se debe en gran parte a los patrones de corrupción en el funcionamiento de estos órganos. En suma, se debe completar al nuevo sistema de justicia procesal, con una profundísima reforma al sistema de ministerios públicos y se le deberá sumar la homologación de los tipos penales. Tareas pendientes y de alta urgencia, dada la cruda e inclemente realidad que padecemos los mexicanos en este campo de acción del Estado.
