Un sistema integral de garantía de derechos de la infancia, “una respuesta a todas luces necesaria”: Carlos Muñoz Izquierdo (primera parte)

Un sistema integral de garantía de derechos  de la infancia, “una respuesta a todas luces necesaria”:  Carlos Muñoz Izquierdo   (primera parte)

A la memoria de mi maestro Carlos Muñoz Izquierdo

El 12 de octubre de 2011, luego de que el Congreso modificara el artículo 73 de la Constitución de la República para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niños, niñas y adolescentes”, salimos de Zacatecas, donde las leyes de infancia son de “papel”, para impulsar la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que finalmente se aprobó el 6 de noviembre de 2014.

Tres años y 27 días de lucha. Hoy, que me quedo frío y devastado ante la noticia de su muerte, no puedo dejar de mencionar especialmente a don Carlos Muñoz Izquierdo, como inspiración y respaldo de ODISEA, AC, en este esfuerzo. Recordarlo es mi homenaje a su memoria.

En este tiempo ODISEA, AC trabajó intensamente con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) que, junto con Unicef, impulsó el debate y acercó la experiencia más relevante a los medios de comunicación, en particular a las Cámaras de Senadores y Diputados, sobre la importancia de que México, después de 25 de firmada la Convención de los Derechos del Niño, contara con un Sistema Integral de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Literalmente escribimos centenas de textos, impulsamos decenas de foros y conferencias de prensa y realizamos innumerables reuniones de trabajo con organizaciones y aliados. En el camino logramos detener, en 2012, la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez, una ley declarativa, “sin dientes”, similar a la iniciativa preferente que presentó el presidente Peña Nieto el primero de septiembre, la cual desatendió todo ese acumulado de discusión y análisis, particularmente el ocurrido en el Senado durante estos tres años.

Sin embargo, precisamente el Senado, tuvo a bien abrir el debate para discutir la iniciativa preferente. Participamos Unicef, junto con todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, la Redim, y expertos y académicos, entre los que tuve el honor de que se me incluyera http://tinyurl.com/nc9dzc3. El debate fue de altura y permitió que se abundara en argumentos y detalles sobreel porqué la iniciativa preferente no asumía las obligaciones del Estado y carecía de efectividad para garantizar los derechos humanos de niños niñas y adolescentes.

La Redim fijó cinco “irreductibles” http://tinyurl.com/lbm98lu para lograr una ley general de altura: Enfoque de derechos, Definición precisa de ámbitos y espacios de concurrencia, Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Participación de la sociedad civil y de niños, niñas y adolescentes y Presupuesto adecuado.

¿Qué logramos?

Logramos poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del presidente Peña.

Esto significa un Sistema Nacional, así como Sistemas Estatales y Municipales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, presididos por el presidente de la república, gobernadores y presidentes municipales. Los congresos locales tendrán que armonizar sus leyes con la ley general, para dar lugar a un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en cada entidad y sus correspondientes sistemas municipales.

La Secretaría Ejecutiva de este sistema estará a cargo de la Secretaría de Gobernación, la cual coordina el Sistema Nacional y se articula con las secretarías ejecutivas de los sistemas de las entidades federativas para realizar la política nacional de infancia e informar periódicamente sobre los avances en la materia.

Los diferentes sistemas estatales se coordinarán con base en un Programa Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El sistema en cada entidad tendrá una secretaría técnica que tendrá su cargo un sistema estatal de información y el mandato de coordinar el esfuerzo institucional en favor de la infancia.

La ley contempla la creación de la Procuraduría Federal de Protección, así como procuradurías estatales de protección, adscritas a los sistemas DIF, las cuales coordinarán la ejecución y darán seguimiento a las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No es una ley perfecta. En mi opinión queda pendiente la efectiva participación de la sociedad civil, así como garantizar la de niños, niñas y adolescentes. Aunque nosotros estamos entre los principales promotores de esta ley, sigue  existiendo un temor irracional a nuestra participación porque ésta cuestiona las reglas actuales de un poder, que se basa en la exclusión de la sociedad y el monopolio en la definición de las políticas públicas. Ahora tenemos un espacio mayor para la incidencia, incluso si se intenta dejarnos fuera del Sistema.

Una debilidad importante está en las defensorías, que no son autónomas. Nos hubiera gustado un mayor compromiso con políticas de discriminación positiva en favor de niños indígenas, trabajadores, rurales y con discapacidad, pero ahora tendremos mayor espacio para llevar adelante nuestras propuestas porque estos temas son, precisamente, la materia del Programa Nacional y del Sistema, no hacer lo mismo de toda la vida.

Con todo, no podemos negar que la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada por Unicef, es un verdadero paso adelante que ofrece a México la oportunidad de avanzar en la garantía de los derechos de la infancia. ■

 

@LuisBarquera

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