A pesar de que el desempeño económico en el gobierno de Peña Nieto ha multiplicado la frustración y las desilusiones de la política económica porque ha sido incapaz de cumplir las promesas de prosperidad, hablar del fracaso neoliberal resulta impreciso. Basta con ver el descenso en los niveles salariales, el achicamiento del Estado, la reducción de los niveles de sindicalización y el aumento de privatizaciones; medidas que le son funcionales al modelo y que no están regidas por el determinismo propio del ciclo económico, sino más bien obedecen la correlación de fuerzas en el país, que son favorables a una determinada fracción del capital que se ha logrado imponer: el capital financiero y gran exportador.
Existe una nutrida bibliografía entorno a las condiciones económico-políticas sobre las cuales fue implementado el modelo neoliberal, así como las supuestas funciones históricas de dicho modelo cumplió. Pero de sus mitos funcionales se dice poco: 1) el mito de la superioridad del libre comercio en la maximización de la eficiencia y el bienestar económico (por encima de cualquier resultado socialmente predeterminado) y; 2) el que socializó Margaret Thatcher con su desplante autoritario, conocido como TINA (There is No Alternative), que referían a la apertura, privatización y desregulación como receta para salir de la crisis. Mitos que se vinieron abajo con las necesidades de intervención estatal en la economía ante el hecho de que los mercados no se ajustan solos. Para muestra tenemos el más reciente anuncio por parte del gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, de reducir la tasa de interés de referencia con la intención de dar dinamismo a la economía mexicana.
Sin embargo, esta medida resulta insuficiente ya que la crisis que se vive en el país es de carácter estructural por tener el centro de su origen en los niveles de acumulación, y como tal, los cambios que se deben hacer para salir de ella deben ser también estructurales. Mínimamente se requiere de: 1) una mejor distribución del ingreso que favorezca a los trabajadores asalariados, es decir, una reducción en la actual tasa de plusvalía; 2) incentivar la inversión productiva, lo que provocaría el traslado de la plusvalía apropiada del sector financiero-especulativo al sector productivo; 3) incrementar del gasto de gobierno destinado a la producción; 4) regulación de la balanza comercial con el exterior a fin de que se controlen las importaciones y se incentiven las exportaciones.
Una mejor distribución del ingreso es ya una necesidad impostergable. Resulta hasta ofensivo el hecho de que en el país, 10 por ciento de la población más rica tenga ingresos 30 veces superiores a los de 10 por ciento más pobre. Incentivar la inversión productiva sin duda es otro aspecto central ya que en lo últimos años, los niveles de acumulación han caído en cerca de 3 por ciento, lo que genera una tasa de desempleo mayor. Por su parte, el incremento del gasto de gobierno destinado a la producción es una de las medidas que la economía mexicana demanda a gritos, ya que al carecer de un mercado interno dinámico, por su afán de seguir apostándole al crecimiento exterior, el sector privado nacional se encuentra altamente endeudado, lo que imposibilita a este sector ser el motor de crecimiento. Si a esto se le agrega la caída en la demanda externa (exportaciones) por la fase depresiva que se vive en las economías desarrolladas importadoras de los productos mexicanos, la necesidad de hacer uso de un aumento compensatorio del gasto público resulta primordial. No se puede esperar que el gasto privado, en consumo e inversión, pueda funcionar como componente autónomo de la demanda y que a la vez, reaccione compensando la caída de las exportaciones. Esta función sólo la puede cumplir el gasto público. Y hoy en día, ante el descenso de la capacidad para importar, por la reducción de ingresos provenientes del exterior en forma de exportaciones no petroleras, remesas e ingresos por turismo, se obliga al país a trabajar en un proceso de sustitución de importaciones; es decir, a pasar a producir internamente las importaciones que se menguan por las complicaciones en la capacidad de pagos.
También se deben modificar de manera estructural las relaciones que hoy tienen lugar entre el capital industrial productivo y el capital financiero especulativo. Se debe trabajar en la subordinación del capital financiero ante el capital productivo, y este vuelco también debe afectar al capital especulativo extranjero que hasta ahora, en la fase neoliberal, se ha dado un verdadero festín en materia de ganancias. Lo indicado no es fácil, pues se habla de entrar en conflicto directo con el patrón neoliberal, es decir, con los grupos de poder internos y externos, que se han venido beneficiando de las reglas del juego neoliberal en materias de comercio e inversión internacional. Pero complicado o no, México lo debe hacer. ■
