La fiscalización de los gastos de campaña, una responsabilidad compartida

La fiscalización de los gastos de campaña, una responsabilidad compartida

Para quienes piensan que los partidos políticos y candidatos gastan el dinero a manos llenas en sus campañas políticas y sin ningún control, hay buenas noticias. Resulta que las más recientes reformas electorales, promulgadas en febrero y mayo del presente año, han establecido de manera expresa que las elecciones serán anuladas cuando los candidatos y partidos ingresen recursos de manera ilegal a sus campañas o cuando lo gastado rebase los montos establecidos como tope máximo.

Antes, recordemos que los límites a los gastos de campaña se regularon por primera vez en la reforma electoral de diciembre de 1993, no obstante, tuvieron que pasar poco más de veinte años en que cada elección evidenciaba la ineficacia de las normas, para que el legislador, por fin, le concediera a la autoridad electoral las herramientas legales para obligar a los contendientes a limitar su gasto de campaña a la cantidad que la propia autoridad instituirá; a vigilar que el dinero gastado tenga un origen lícito, cierto y verificable, evitando el ingreso de recursos públicos y provenientes de actividades ilícitas; si se detectan estas faltas, las sanciones pueden ser capitales para los candidatos infractores.

Son noticias buenas para la autoridad electoral y para los propios partidos políticos, veremos los primeros resultados de la aplicación de estas nuevas reglas en las elecciones de 2015, seguramente será una buena experiencia. Las reglas ya están dadas y podrían ser suficientes, no obstante, su aplicación requiere de esfuerzos monumentales por parte de la autoridad electoral y de los propios sujetos regulados: partidos políticos, candidatos y terceros que aporten recursos (en dinero o en especie) para las precampañas o campañas electorales.

Para garantizar de manera objetiva que los partidos políticos y los candidatos cumplan con estas reglas, de no ingresar dinero de manera ilegal y de no gastar más recursos de los permitidos, el Instituto Nacional Electoral tendrá que disponer de mecanismos efectivos que le permitan revisar y fiscalizar exhaustivamente el gasto de todos los partidos y de todos los candidatos que participen en las elecciones: federales, estatales y municipales. Sólo para hacer un cálculo exploratorio del tamaño de las tareas por realizar, resulta que en 2015, tan sólo en las federales, tendremos diez partidos políticos y tres mil candidatos en campaña; en las elecciones locales, veremos candidatos a gobernador en nueve entidades federativas, candidatos a diputados y a presidentes municipales en diecisiete estados de la república, todos gastando dinero, si no a manos llenas, sí ejerciendo recursos que deberán ser fiscalizados escrupulosamente, peso a peso, por el INE.

La tarea que tiene el INE para fiscalizar el ingreso de recursos y los montos ejercidos en las campañas, se acompañará, en un primer momento, de la responsabilidad que tendrán los partidos políticos y los candidatos de llevar el registro y control de sus ingresos y egresos, lo que deberán hacer a través de un sistema informático proporcionado por el INE y que estará funcionado en línea, en el que deberán asentar cada peso que ingresen y cada peso que gasten, registros realizados diariamente, durante los periodos de precampaña y de campaña. En un segundo momento, los órganos del Gobierno Federal en materia de inteligencia financiera tendrán la obligación de cooperar con el INE a fin de que estos reporten las disposiciones en efectivo que realice cualquier dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante los procesos electorales, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales. Además, se conocerá toda aportación de personas físicas o morales a los partidos y a los candidatos, ya sea que lo reporten voluntariamente los beneficiados o a requerimiento que les haga la autoridad electoral.

Desde luego que la fiscalización no sería exhaustiva si el INE revisa solamente los registros contables generados por los partidos políticos y candidatos. Hasta ahora no tenemos experiencia de conductas pulcras de los sujetos regulados en el manejo de los recursos. Por ello, el ámbito de auditorías será más amplio, pues el personal del Instituto Nacional Electoral estará desconcentrado en todo el territorio nacional verificando los actos de campaña, haciendo revisiones en situ (en las oficinas de campaña), monitoreo de medios impresos y espectaculares, generando constancias documentales que harán las veces de testigos que al ser cruzados con los reportes que emitan los partidos y candidatos permitirán a la autoridad fiscalizadora mayor amplitud y precisión en la contabilidad de los gastos de campaña. Vaya, de lo que se trata es de que el ente fiscalizador se allegue, por distintos medios, de constancias que permitan conocer con mayor precisión y detalle lo que erogan los distintos candidatos en las campañas electorales.

Adicionalmente, una fuente amplia de información sobre el particular serán los propios partidos políticos y los candidatos, pues se estarán vigilando mutuamente, para evitar que sus contrincantes obtengan triunfos con ventajas indebidas, y con toda seguridad denunciarán al INE todo gasto que pueda parecer excesivo o que sin serlo deba ser considerado por la autoridad fiscalizadora. Igualmente, todo ciudadano interesado u obligado, deberá dar vista al Instituto de los actos de partidos políticos y candidatos que implican gastos considerables, lo que fortalecerá la acción de la autoridad electoral.

Como podrá apreciarse, los dineros que se gasten en las campañas político-electorales, por fin, estarán bien delimitados y revisados. Su fiscalización será responsabilidad del INE y deberán colaborar ampliamente los candidatos, ya sean de partidos, coaliciones o independientes, así como las dependencias del Ejecutivo Federal, al igual que los particulares que aporten recursos a las campañas. Será una responsabilidad compartida. Se han establecido reglas que buscan, en primer término, inhibir los alicientes que antes generaban las normas jurídicas, al aplicar solo sanciones económicas; en segundo lugar, se trata de dotar al ente fiscalizador de herramientas jurídicas, financieras y de apoyo institucional (del Estado mexicano en su conjunto) que le permitan operar eficazmente para detectar y sancionar conductas contrarias a la sana competencia electoral. ■

 

* Delegado del INE en el Estado de México

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