Se festeja el cumpleaños de un cadáver. Los festejos de la toma de Zacatecas, que es el momento en que Victoriano Huerta es derrotado, y el sector popular de la Revolución Mexicana repunta en su lucha, debería poner de relieve los motivos por los cuales cientos de campesinos arriesgaban su vida en batalla. Sin embargo, es notorio que no se hable de los motivos y frutos de la Revolución, porque justamente estos han sido barridos: el gobierno del partido que se dice heredero de la revolución, ha revivido el porfiriato. Hace 22 años empezó la cruzada del neoporfirismo para reconquistar el poder en México con la reforma del artículo 27 de la Constitución, se eliminó uno de los artículos que recogía el sentir del pueblo levantado en armas: la propiedad social de la tierra. Y en esa misma tónica, el gobierno de Lázaro Cárdenas apostó por la propiedad social de los recursos del subsuelo. Ahora, con argumentos sofísticos alrededor de la competitividad y eliminación del monopolio de Pemex, la clase política actual convierte en legal el despojo. Puedo mostrar el rasgo sofístico de la justificación que aportan los políticos del régimen, pero no es un asunto de argumentos sino de intereses. Las grandes empresas trasnacionales están conduciendo la política a través de operadores dentro, fuera y entre: el poder económico decidió conducir la política en forma más vertical. Y como las decisiones se toman en pequeñas reuniones entre ejecutivos de grandes corporaciones y la élite de las burocracias partidarias, es comprensible que la opinión de la población a la que ‘representan’ la desdeñen. Para ellos, es sólo una masa ‘desinformada’. La población ha declarado su inconformidad con las reformas, sobre todo en la de materia energética: 75 por ciento ha dicho a través de estudios de opinión, que no está de acuerdo con la privatización de los recursos energéticos del país. Sin embargo, a los políticos del régimen (suponiendo que su declaración tuviera razón) no les surge la pregunta, “¿por qué la gente a la que representamos está desinformada?” La justificación que quiere demeritar la inconformidad con las reformas constitucionales aduciendo a la desinformación de la población, es como escupir para arriba; porque en seguida surge la pregunta, ¿cómo es que en cambios tan importantes de la constitución, los representantes mantienen desinformados a los representados? Los responsables de informar a la gente son los ‘representantes’; y si no los informan, mucho menos los consultan. Luego entonces, toman las decisiones de espaldas a sus representados. Y lo hacen de esta manera porque las decisiones ya se tomaron en otro lado, la mayoría de los legisladores sólo obedecen una consigna que se les manda a través de sus mecanismos de control partidario que está enlazado orgánicamente con el Ejecutivo. Es decir, los propios legisladores están impotentes para decidir.
La manera en que se manifiesta la impotencia de la que hablo, es en los mecanismos legislativos: aprueban cambios históricos a la constitución sin discutir. Hacen uso de una mayoría previamente construida, y se somete directamente a votación, de esa manera omiten el motivo de impotencia: tendrían que justificar en un ejercicio deliberativo los motivos de su votación. Pero este signo se observa no sólo en las cámaras legislativas, también lo vemos en la Suprema Corte de Justicia: se emite un dictamen sobre la solicitud de amparo ante la violación de los procedimientos legislativos, en una ‘reunión secreta’. Están operando el despojo a la riqueza pública del país, y lo hacen de prisa y sin debate. La privatización de lo común, tiene que pasar por órganos públicos y deliberativos, como lo es el Congreso de la Unión, y lo hacen sin informar a la población, sin consultarles, sin justificar sus posturas y con rapidez inusitada. Ante un cambio tan importante a la constitución, ¿por qué se niegan expresamente a consultar al pueblo sobre el tema? Llaman a la gente a festejar una revolución que ahora mismo, la desmontan.
Significado: las élites que gobiernan el país lo hacen con dos omisiones importantes, sin el llamado ‘interés nacional’, y sin ‘la opinión de los representados’. Esto es así porque la conducción la han conquistado los brazos de los grandes intereses económicos. El pueblo no gobierna a través de sus representantes. Los legisladores reciben órdenes de sus jefes que no son, claro está, los pobladores de sus distritos. Las reformas no se confeccionan en las Cámaras, ahí sólo se aprueban. El régimen que ahora tenemos no es democrático, ni aristocrático, es una crematística simulada. ■
