La seguridad es una de las funciones primarias del Estado, por tanto, quien debe atender a las personas que sufren la falta de esa seguridad (las víctimas) es justo el mismo Estado.
Pero para garantizar eso, aparte de prevenir el delito, se deben observar las medidas para atender a las personas que resultaron vulneradas por la falta de seguridad. Dicha garantía pasa primero por un cuerpo de normas que animen los derechos de las víctimas: que va desde la asesoría jurídica, a la sanción de los culpables (reducción de la impunidad), hasta medidas de reparación del daño en su derecho a la asistencia, la protección y ayuda urgente de los agraviados. Desde mediados de 2013 a la fecha, en México se ha organizado la sociedad civil, sobre todo por organizaciones alrededor del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y que aquí en Zacatecas se manifiesta en el movimiento de Zacatecas en Paz; lo cual pone de manifiesto que sin la decidida participación de la sociedad civil, los avances en el reconocimiento de los derechos de las víctimas no hubieranocurrido. Es notorio que no han sido los partidos, sino los académicos, activistas en derechos humanos y algunos expertos internacionales en temas de víctimas, quienes han elaborado las iniciativas legislativas sobre el tema.
Entre los temas más candentes están no sólo las formas de reparación del daño, sino la manera de no-repetición de los actos victimizantes, y las formas de evitar la paradójica criminalización de las víctimas. Porque por parte del Estado es muy común que antes de las investigaciones debidas se ensombrezca mediáticamente a la víctima como posible responsable de su daño. Lo grave es que es el propio Estado el que aparte de no garantizar la seguridad, después viola los derechos de las víctimas de su omisión. Doble violación.
Mucho le debemos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, de la que se desprende que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, y reparar las violaciones a los derechos humanos. Con esa modificación, en cadena, se desprenden consecuencias que apoyadas por la fuerza del movimiento social, han hecho posible la exigencia de poner en el centro a la victima de los innumerables delitos que en los últimos años han crecido como la espuma gracias a la omisión del Estado de su principal responsabilidad para con sus ciudadanos: la seguridad humana. De tal manera que una ley de víctimas es el reverso de la obligación del Estado en la garantía de la seguridad. Así las cosas, la serie de derechos de las víctimas no serán llevados a la práctica si no hay controles ciudadanos observando y verificando el cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos para con las personas vulneradas. En suma, así como la propia iniciativa de la legislación para resguardar los derechos de las víctimas fue una hechura del movimiento social, asimismo, para su aplicación e implementación, los únicos que pueden generar los controles para esto, es el mismo movimiento social.
